Presidencia lleva a Corte ley telecom

El presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Contreras, confió en que la Controversia Constitucional que interpuso el Ejecutivo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para resolver sobre la retransmisión gratuita de contenidos de televisión abierta vía las empresas de TV de paga, tenga carácter de “atención prioritaria”.
Sin embargo, el titular del regulador dijo desconocer cuándo podría resolverse esta solicitud para volver a discutir en el Pleno de ese órgano sobre la retransmisión de las señales de televisión abierta en sistemas de paga, conocida como must carry y must offer, pero “podría ser este mismo año”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.
Presidencia promueve controversia
A petición del IFT, el presidente Enrique Peña Nieto decidió promover una controversia constitucional en contra del juez que cuestionó la facultad del regulador para resolver el conflicto sobre la retransmisión de canales de televisión abierta en sistemas de TV de paga.
El vocero presidencial, Eduardo Sánchez, y el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, detallaron que la controversia que se presentó ayer ante la SCJN es en contra de los actos del juez 32 de lo Civil, en el Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán.
En conferencia de prensa, explicaron que este juez ha invadido las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones para resolver sobre la retransmisión gratuita en la televisión de paga de los contenidos de televisión abierta.
Sánchez Hernández puso en claro que la Constitución señala que el IFT es quien debe resolver sobre la retransmisión de contenidos y no un juez local del Distrito Federal y el hecho de que notifique que el Instituto carece de competencia en dicha materia, argumentando la posible violación de derechos de autor, “invade a todas luces las facultades que le otorga la Constitución”.
En tanto, abogados especialistas en telecomunicaciones comentaron que el regulador no debió permitir que esta notificación, que solamente afecta a Televisa y Dish, congelara la regulación en materia de must offer-must carry y mencionaron que este proceso puede llevar varios meses incluso tardarse un par de años.
Senadores del PRD y PAN calificaron de mala señal y signo de debilidad que el Instituto haya pospuesto su decisión sobre el tema, por la notificación de un juez sobre la transmisión de señales de TV.
Mientras que los coordinadores parlamentarios del PRI y PAN en la Cámara de Diputados consideraron que el IFT sí tiene facultades para resolver el caso.
La Oficialía de Partes de la Suprema Corte recibió la tarde de ayer la solicitud de controversia constitucional que promueve el Ejecutivo.
El documento será turnado a uno de los ministros del tribunal, quien determinará si es admitida o no.
Si la controversia es aceptada inicia un proceso de instrucción que suele tardar aproximadamente dos meses hasta su cierre. Posteriormente se generará el proyecto de sentencia que será sobre el cual debata la Corte. 
Carla Martínez y Francisco Reséndiz, El Universal, 14 de febrero.

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