Reta a la Corte queja de Peña

La Suprema Corte de Justicia tendrá un reto en la controversia que presentó el Ejecutivo federal a raíz de la disputa por la retransmisión de los canales de televisión abierta por parte de empresas de TV cerrada.

El objetivo del recurso es aclarar que el juez 32 civil del DF, José Guadalupe Mejía Galán, no tiene atribución para decidir si procede la retransmisión de los canales, pues la Constitución otorga dicha facultad en exclusiva al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Sin embargo, el artículo 105 de la Carta Magna señala que el IFT puede presentar controversias, pero sólo para impugnar actos de otros órganos autónomos, del Ejecutivo o del Congreso, sin que esté previsto que el Ejecutivo pueda actuar como una especie de "representante" de los órganos autónomos.

El Presidente de la República sí puede presentar controversias contra el Distrito Federal, pero por los actos que invadan sus atribuciones, no por acuerdos dictados durante el trámite de un litigio por parte de un juez que no es representante del Poder Judicial local, sino uno de sus muchos integrantes.

"Dar al Ejecutivo una especie de representación de todo el orden federal es estirar demasiado la liga. Se supone que los órganos autónomos deben actuar por su cuenta", explicó una fuente de laCorte.

Incluso dijo no ver de qué manera el oficio del juez Mejía Galean al IFT afectó las atribuciones del Ejecutivo.

"Es difícil de entender por qué el Instituto no asume su mandato constitucional y emite la regulación (sobre el must-carry-must offer). El juez local no tiene manera de impugnar o de sancionar más allá de una multa", agregó.

El Ministro al que se turne la controversia tendrá que decidir si la admite o la desecha por notoria improcedencia.

Si se admite, el Ministro podría otorgar una suspensión para dejar temporalmente sin efectos el oficio del juez, lo que permitiría al IFT resolver sobre el must carry-must offer.

Pero la admisión también generaría una situación inédita en la que un juez local, que tiene a su cargo cientos de juicios civiles, tendría que comparecer ante la Corte como parte demandada en una controversia, contestar la queja del Ejecutivo e incluso impugnar la admisión o la suspensión.

Las fuentes estimaron que el Instituto podría presentar una controversia contra el Congreso para impugnar la Ley Federal del Derecho de Autor, en la que se ha basado el juez Mejía Galán para decir que el IFT no puede resolver la disputa.

Otra opción sería que Dish promueva un amparo contra el juez Mejía -como ya lo ha hecho varias veces- y solicite a un juez federal que suspenda el oficio que frenó al Instituto Federal de Telecomunicaciones.

 Víctor Fuentes, Reforma, 15 de febrero.

0 Responses to "Reta a la Corte queja de Peña"