Ven en pleito de TV plan dilatorio

La determinación de incompetencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por parte de un juez local en materia de must offer y must carry es una medida dilatoria que afecta la aplicación de la regulación en la materia, coincidieron analistas.
Gabriel Sosa Plata, analista en telecomunicaciones, comentó que el ruido que metió el juez con la notificación al regulador derivó en el retraso de las decisiones regulatorias en materia de must offer y must carry.
El miércoles pasado, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) iba a discutir el tema de la transmisión de las señales de televisión abierta en sistemas de TV de paga, sin embargo, la notificación del juez detuvo el debate.
Gabriel Contreras, presidente del IFT, explicó que no podían ignorar la notificación del juez a pesar de no estar de acuerdo con su postura, por lo que solicitaron al Ejecutivo su intervención, quien envió una controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva la competencia del Instituto en esta materia.
A pesar de que la medida tomada por el Ejecutivo es políticamente correcta y necesaria para dar una señal de cumplimiento a las reformas, la controversia retrasará aún más la puesta en marcha de la regulación.
“Me parece una medida, de alguna forma dilatoria y le están haciendo juego a las televisoras. La SCJN no creo que vaya a admitir la competencia en esta materia porque no es un requerimiento judicial el que hace el juez simplemente le están informando y al no haber un requerimiento judicial no hay conflicto entre poderes”, explicó Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
Por su parte, Jorge Fernando Negrete, director general de MediaTelecom Policy and Law, calificó de desafortunado el hecho de que con criterios formalistas de interpretación jurídica se denoste la validez y protección de un derecho fundamental que está muy claro en la Constitución.
En tanto, Gerardo Flores, senador del PVEM, dijo que en materia de must offer y must carry, la industria no puede operar bajo un esquema de “ley de la selva”.
“Si bien es cierto que la Constitución habla de este nuevo régimen también es cierto que no puede decir que esto funciona como la ‘ley de la selva’: ya la Constitución dice que yo puedo tomar la señal de donde a mí se me antoje y la retransmito donde a mí se me antoje, sí tiene que haber una serie de lineamientos que normen esta regulación, esta figura”, señaló Flores.
José Antonio Abad, vicepresidente de MVS, recordó que la Constitución estableció tres medidas derivadas de un alto nivel de concentración que impide una competencia justa, entre las que se encuentran las transmisiones de televisión.
“¿Qué hace el constituyente? Establece tres medidas, que realmente es el fondo de todo esto, la primera: establece una obligación de retransmisión de manera gratita de las señales radiodifundidas el must carry y must offer, segundo: establece que se haga una licitación de cuando menos dos cadenas de televisión nuevas y tres: establece que habrá regulación asimétrica para limitar la preponderancia”, enlistó el directivo.
Para Luis Niño de Rivera, vocero de TV Azteca, la resolución de empresas preponderantes debe solucionarse para poder dar paso al must carry y must offer.
“El must carry y must offer tienen una serie de componentes como si fuera una fórmula que, para que el resultado de la formula sea confiable, viable y valioso para todo mundo tienen que estar claros los elementos que se están usando y no hay claridad en esa asociación que es sospechosa entre Dish Telmex”, reiteró Niño de Rivera.
Televisa dijo que respetará las decisiones judiciales, a fin de que se resuelvan con oportunidad y pleno apego a la ley asuntos de gran relevancia para las telecomunicaciones y la protección de los derechos.
Carla Martínez, EL Universal, 15 de febrero.

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