Impulsan reglas para TV y telecom

El Ejecutivo federal se propone sacudir al sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México.

Tres meses después de lo dispuesto en la reforma constitucional del año pasado, ayer circuló en el Senado el proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde sobresale el rigor de las sanciones.

Tratándose de un sector históricamente marcado por los litigios judiciales o las presiones políticas para mantener o ampliar privilegios, no se descarta que los agentes económicos recurran al amparo indirecto, ahora limitado, o al cabildeo político para "suavizar" los términos de las iniciativas presentadas.

El proyecto de ley incluye un catálogo de 20 causales para revocar la concesión de los operadores infractores. Establece, además, multas que pueden alcanzar los 11 mil millones de pesos y hasta el equivalente al 10 por ciento de sus ingresos.

La revocación del título será inmediata por 10 causas, entre las que se encuentran la negativa para interconectar a otros concesionarios.

La revocación del título será inmediata por 10 causas, entre las que se encuentran la negativa para interconectar a otros concesionarios, o beneficiarse de la gratuidad de la retransmisión de la señal abierta de televisión, cuando se trata de un agente preponderante.

También se revocará la concesión por cambiar la ubicación de la estación de radiodifusión sin previa autorización del Instituto y por cambiar las bandas de frecuencias asignadas sin autorización del Instituto.

Sobre la multiprogramación en TV, la iniciativa condiciona y limita a los concesionarios declarados como agentes económicos preponderantes o con poder sustancial para que puedan ofrecer más de un canal de programación adicional a la señal digital autorizada.

"El IFT no les autorizará la transmisión de un número de canales superior al 50 por ciento del total de los canales de televisión abierta, incluidos los de multiprogramación autorizados a otros concesionarios que se radiodifunden en la región de cobertura", señala.

El órgano regulador exigirá el pago de una contraprestación por autorización de la multiprogramación.

El proyecto exige también que el personal del IFT, desde jefes de departamento y niveles jerárquicos superiores, realicen una minuta de las audiencias que tengan con personas relacionadas con concesionarios.

Esas audiencias deberán realizarse en la sede del Instituto y grabarse y almacenarse en medios electrónicos que permitan su consulta.

Esos registros deberán ser entregados dentro de los ocho días posteriores a su celebración para que se hagan públicos en el sitio de internet del IFT.

La iniciativa del Ejecutivo será presentada hoy ante el Congreso y, aunque no tiene fecha límite, hay un acuerdo entre los partidos para aprobarla en el actual periodo ordinario, que termina el 30 de abril.

Claudia Guerrero, Reforma, 19 de marzo.

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