Telmex perderá la concesión si se benefició con must carry y must offer

El presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), Gabriel Contreras Saldívar, adelantó que en caso de comprobarse que Teléfonos de México (Telmex) se benefició directamente con el must carry y el must offer, por medio de su relación con Dish México, perdería en automático la concesión.
El must carry consiste en la obligación de los proveedores de televisión restringida de retransmitir los canales de televisión abierta, y el must offer, en la obligación de los concesionarios de televisión abierta o radiodifundida de permitir a los proveedores de servicios de televisión restringida la retransmisión de su señal, de manera gratuita y no discriminatoria y con la misma calidad.
Entrevistado antes de su participación en la presentación de la memoria audiovisual del Foro Internacional sobre Nuevos Modelos de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México, organizada por la Cámara de Senadores, el titular del Ifetel declaró que el instituto aún no concluye la investigación que inició sobre el particular.
Explicó que, de acuerdo con el artículo octavo transitorio de la reforma constitucional en telecomunicaciones, ahí se prevé que ningún agente económico preponderante puede beneficiarse directa o indirectamente con la regla de gratuidad.
Contreras Saldívar detalló que la Carta Magna prevé expresamente la revocación de la concesión tanto para el agente preponderante que se beneficie como para el concesionario mediante el cual se benefició. Es decir, serían sancionados Telmex y Dish México.
Por la tarde, los integrantes del Ifetel se reunieron con la presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, Alejandra Barrales, con el propósito de detallar lo referente a la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión, procedimiento que estará listo en enero de 2015.
Acerca de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, dijo que el reto es construir una legislación de alcance ambicioso, una ley convergente, que incluya la materialización de los derechos humanos, asegure condiciones de inversión y al mismo tiempo logre el equilibrio que permita la competencia en ese sector.
Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 20 de marzo.

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