Debilitan reformas a IFT, opinan analistas

La intromisión de diversas dependencias en las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), son consecuencia del mal diseño de este órgano que fue concebido como autónomo, dijo Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado.
“Estamos viviendo las consecuencias de hacer un mal diseño del órgano regulador, pues las atribuciones debieron estar en el ámbito del gobierno y no en su autonomía”, expresó Lozano.
Durante el foro de análisis de la iniciativa de ley de telecomunicaciones, realizado la semana pasada, académicos expusieron su preocupación sobre las atribuciones que tienen la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).
“Se está abriendo la puerta para el regreso de la doble ventanilla, esto quizá es el riego más grande de esta ley secundaria”, destacó Judith Mariscal, analista del CIDE.
Subrayó que es necesaria la autonomía del regulador frente a la SCT, por lo que la preocupación radica en que no se tome en cuenta el avance de la reforma constitucional donde se precisa dicha autonomía del Instituto.
EL UNIVERSAL adelantó que la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones limitaba la autonomía del regulador al incluir a diversas dependencias con atribuciones en la operación y decisión del regulador.
Al respecto, Clara Luz Álvarez, investigadora del Instituto Investigaciones Jurídicas de la UNAM, recordó que antes de las reformas constitucionales alertó sobre la necesidad de que el IFT fuera un órgano descentralizado y no autónomo.
“Desde el año pasado lo que argumentábamos muchos es que este órgano regulador debería haber sido un órgano descentralizado dentro del poder Ejecutivo Federal y darle la autonomía pero como organismo descentralizado”, señaló Álvarez.
Así es como en la Constitución se considera al Instituto como autónomo, sin embargo ahora vemos que le se tratan de poner facultades como sí se tratara de un organismo descentralizado y ahí radica la deficiencia en la iniciativa, mencionó la investigadora de la UNAM.
“Se dieron cuenta muy tarde que el ser constitucional autónomo era para dotarle de autonomía, la mayor que otorga el Estado mexicano, y ahorita vemos que quieren recuperar poder” explicó.
Del mismo modo, María Elena Meneses, presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), pidió al Senado ajustar la iniciativa a las reformas constitucionales y a los comisionados del IFT les solicitó que defiendan al regulador y sus obligaciones y traducciones.
Carla Martínez, El Universal, 7 de abril.

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