Habrá problemas cuando se intente aplicar el fondo de nómina educativa: especialistas

Sin un censo de todo el personal que labora en el sistema educativo nacional, se van a generar problemas en la operación del Fondo de Aportaciones de la Nómina Educativa y el Gasto Educativo (Fone) que por ley debe concretarse a partir del primero de enero de 2015 en todo el país, advirtieron especialistas, pues no participaron 7.5 por ciento de quienes laboran en escuelas y centros administrativos.
Más de 158 mil integrantes del personal educativo, indicaron, no fueron incluidos en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a solicitud de la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que representa retos por atender para las autoridades educativas federales y estatales, que deberán hacer un análisis de estos casos para poner orden, pues aseguraron que la disciplina no ha caracterizado al sistema educativo.
En entrevista por separado, señalaron que si bien la reforma educativa y las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal establecen el proceso de recentralización del pago de nómina al magisterio, esto no implicó una reforma al artículo 123 constitucional, que rige las relaciones laborales, por lo que destacaron que no existe en ninguna parte de la nueva normativa como causal de cese laboral, o la suspensión del pago de salario, el no haber participado en un censo.
Luego de que el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, reiteró que aquellos docentes que no se censaron y no formen parte de la nómina única no recibirán su salario, Manuel Fuentes Muñiz, especialista en derecho laboral e integrante del equipo jurídico del magisterio disidente, señaló que estas declaraciones no están ajustadas a derecho, y destacó que de aplicarse esta sanción, el funcionario federal podría enfrentar cargos administrativos y penales por abuso de autoridad.
Agregó que no es responsabilidad de los maestros si aparecen o no en una nueva nómina. Es tarea que compete a las autoridades educativas. Hay un nombramiento vigente, una asistencia diaria a su centro de trabajo y la realización de sus actividades, por lo que no hay causal alguna para que se les suspenda el pago de salario.
José Raúl Trujillo, experto en administración pública y en el estudio del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, destacó que si bien más de 90 por ciento del personal fue censado, habría que revisar ese casi 10 por ciento que no participó, pues en su mayoría se concentra en las regiones donde el magisterio federalizado ha tenido una reacción ante estos ajustes a sus condiciones básicas de trabajo.
El Fone se va aplicar, afirmó, pero en un proceso tan complejo como el de la recentralización de la nómina educativa se puede considerar como un acierto avanzar con 90 por ciento de quienes laboran en el sistema, pero enfrentamos un problema que se dejó crecer en los dos últimos sexenios, y hoy tenemos un censo que no pudo penetrar como se esperaba en estados como Chiapas, Oaxaca y Michoacán.
Consideró que con la aplicación del Cemabe se da un acercamiento a esa opacidad que ha caracterizado por años al sistema educativo, pero subrayó que la creación del Fone si bien es un avance no va a resolver el problema. Es un primer paso en una dirección correcta, pero es necesario pedir más respuestas.
Los resultados del censo, agregó, demandan de la SEP un proceso de validación y revisión de la nómina nacional, pues reconoció que el promedio de coincidencia entre las nóminas estatales y el reporte final del censo no es de un cien por ciento. De acuerdo con el Cemabe, la base de datos proporcionada por los estados tuvo una concurrencia de 77.9 por ciento con los resultados del censo.
Laura Poy Solano, La Jornada, 4 de abril.

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