Pide la OCDE elevar sanciones en telecom

Se deben elevar aún más las sanciones económicas contra las empresas que violen la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pidió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al Congreso.

En un documento enviado al Senado, el organismo internacional considera que el monto máximo planteado por el Ejecutivo para castigar las faltas se debe triplicar.

Advierte que las penalidades propuestas por el Presidente Enrique Peña Nieto son relativamente bajas, pues equivalen sólo al 5 por ciento de los ingresos anuales, para las empresas de telecomunicaciones y al 2.5 para las compañías del sector de la radiodifusión.

"Recomendamos aumentar la multa al 10 por ciento o 15 por ciento y que sean armonizadas para las empresas tanto en telecomunicaciones como de radiodifusión, en concordancia con el espíritu convergente de la ley", señala.

Esta posición contradice a los concesionarios que han exigido reducir sanciones que consideran desproporcionadas.

En un análisis de la iniciativa del Ejecutivo que se discute en la Cámara alta, la OCDE indica que se debe realizar cambios, pues existe el riesgo de pasar por alto detalles técnicos, lo cual tendría implicaciones graves para el sector.

Coincide con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que solicitó a la Cámara alta cuidar la legislación secundaria para dar flexibilidad al órgano regulador.

Sobre la regulación del mercado, la OCDE considera que la iniciativa del Ejecutivo es demasiado prescriptiva.

"El prescribir detalladamente una regulación en ley, lo que tardaría décadas en reformarse, introduce una rigidez innecesaria en un sector que se transforma a un ritmo acelerado y, al mismo tiempo, genera riesgo de que la regulación se vuelva obsoleta rápidamente.

"Recomendamos al Senado corregir tales limitaciones", indica el documento.

En materia de competencia, la OCDE pide garantizar congruencia entre la ley para telecom y la Ley de Competencia Económica para evitar que cualquier vacío abra oportunidades de arbitraje que los operadores usen en su beneficio.

Sobre la interconexión, refiere que la iniciativa es demasiado detallada en la regulación, lo que puede minar la capacidad del IFT.

Crítica que el proyecto no considere las recomendaciones hechas en 2012 para que las tarifas de interconexión se regulen ex ante, pues, de lo contrario, existe el riesgo de que las empresas se coludan y negocien el incremento de tarifas.

Claudia Guerrero y José David Estrada, Reforma, 9 de abril.

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