Aprueba el Senado ley secundaria electoral

El Senado aprobó anoche la legislación secundaria en materia político-electoral y la remitió a la Cámara de Diputados para la continuación del proceso legislativo.

Tras varias semanas de discusión en mesas de negociaciones, los senadores aprobaron, en sesión plenaria extraordinaria, las nuevas leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y General de Partidos Políticos, así como reformas a las leyes General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En tribuna, para presentar los dictámenes, el priista Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Reforma del Estado, dijo que el conjunto de la legislación establece sanciones a los partidos por exceder los topes de campaña, por no atender los requerimientos de información de la unidad de fiscalización del INE o por realizar anticipadamente actos proselitistas.

Establece asimismo sanciones por contratar tiempo en medios de comunicación, difundir información que calumnie a las personas, recibir financiamiento de manera ilegal, negarse a difundir informes anuales o por promover denuncias frívolas.

También habrá sanciones para agrupaciones políticas, aspirantes a candidatos, personas físicas y morales, observadores electorales, funcionarios públicos, concesionarios de medios de comunicación y ministros de culto, que violen los principios de la competencia electoral.

Indicó que el INE puede delegar en los Organismos Públicos Locales (OPL) la fiscalización, y podrá coordinarse con la Secretaría de Hacienda para investigar potenciales actos delictivos u operaciones financieras inusuales, para evitar el financiamiento de organizaciones delictivas a candidatos y partidos políticos.

Además, el INE, previo análisis minucioso, podrá suspender o cancelar de manera inmediata la publicidad partidista en radio y televisión, cuando calumnie o atente contra la honorabilidad de las personas.

Al respecto, el perredista Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos segunda sección, señaló que se ha dotado de una fuerza monumental al INE, incluso un poder metaconstitucional, porque en el momento en que el instituto decida la atracción total de un proceso electoral en un estado, de facto estará emitiendo una declaración de desaparición de poderes en la entidad.

Encinas refirió que para el financiamiento a partidos se estableció un tope máximo de 10 por ciento de financiamiento privado respecto al tope de gastos de campaña durante el proceso electoral.

Destacó que se determinó una fórmula equitativa para que el gasto ordinario de los partidos pueda incluir las aportaciones de militantes, afiliados y particulares hasta en el dos por ciento del financiamiento público total que reciben los partidos.

Dijo que no es un monto pequeño, ya que actualmente el financiamiento público alcanza los tres mil 925 millones de pesos, lo que significará que cada partido podrá incluir en sus percepciones, en sus ingresos de aportaciones de militantes y simpatizantes, hasta 80 millones de pesos al año.

CANDIDATOS INDEPENDIENTES. Resaltó el perredista que en materia de candidaturas independientes se establece que quien aspire a ser candidato a Presidente de la República deberá reunir en firmas el uno por ciento de la lista nominal de electores, el dos por ciento en los que se refiere a otras elecciones.

En tanto, la priista Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, indicó que se determinó que habrá dos debates obligatorios entre candidatos a la Presidencia, que serán transmitidos por las estaciones de radio y televisión de concesionarias de uso público, y en el caso de los concesionarios de uso comercial deberán transmitirlos en por lo menos una de sus señales radiodifundidas cuando tengan una cobertura de 50 por ciento o más del territorio nacional.

Respecto al prorrateo, dijo que en el caso de campañas federales, si se suman más de dos candidatos a senadores o diputados federales, el porcentaje se dividirá entre los que se involucren, y  ese mismo supuesto será aplicable al caso de campañas locales.

Para la comprobación de gastos cada candidato deberá presentar la factura por el importe proporcional y deberá ser registrada en la contabilidad correspondiente.

El panista Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, se refirió a la paridad de género, de la que dijo se señala que las candidaturas entre mujeres y hombres deben distribuirse de forma igualitarias: 50 por ciento para cada género; además, se establecen reglas para que no se condene a un género a participar únicamente en los distritos que no son competitivos.

Sin embargo, expresó, quedan pendientes, que deben ser atendidos en lo inmediato, temas la ley de propaganda gubernamental, la ley del derecho de réplica y las leyes reglamentarias de la nueva Fiscalía General de la República.

La Legipe fue aprobada por 113 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones y la de Partidos por 107 a favor, 5 en contra y 0 abstenciones.

Blanca Estela Botello, La Crónica, 15 de mayo.

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