Comité de la Cámara de Representantes de EU aprueba sanciones contra Venezuela

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy un proyecto de ley para imponer sanciones a venezolanos acusados de violar derechos humanos durante las manifestaciones opositoras.
El presidente Nicolás Maduro se refirió al asunto tangencialmente durante un acto público, en el cual comentó que esa decisión es sólo una amenaza estúpida.
Advirtió que al pueblo de Bolívar no lo paran sanciones de ningún imperio, e hizo un llamado al pueblo venezolano para que se movilice en la calle ante cada ataque del fascismo.
El borrador de la ley pide al presidente Barack Obama ordenar la congelación de bienes en Estados Unidos y prohibir la entrada a ese país a los responsables de violar los derechos humanos de manifestantes en Venezuela y de impedir a periodistas y ciudadanos informar sobre las protestas.
La congresista republicana Ileana-Ros Lehtinen, autora del proyecto, no mencionó nombres de funcionarios venezolanos sancionables, pero señaló que la aprobación envía el fuerte mensaje a Maduro de que el Congreso de Estados Unidos está pendiente de las atrocidades cometidas por su gobierno y por las cuales enfrentará las consecuencias.
Las únicas intervenciones opuestas a la aprobación del proyecto fueron de los demócratas Gregory Meeks, de Nueva York, y Karen Bass, de California. El neoyorquino criticó el proyecto de ley, porque no promueve los intereses estadunidenses ni ayuda al pueblo de Venezuela.
Decenas de venezolanos presentes en la sala donde sesionó el comité aplaudieron la votación del proyecto, que ahora será debatido por los 435 congresistas en el plenario de la Cámara, mientras en el Senado el Comité de Relaciones Exteriores se prepara para debatir un proyecto similar.
Frente a la Casa Blanca, también este viernes, centenares de venezolanos que llegaron a Washington en caravana desde 19 estados estadunidenses se concentraron para apoyar las medidas punitivas contra el gobierno de su país.
Hasta ahora el gobierno de Obama sólo se ha declarado en contra de imponer sanciones económicas al gobierno de Venezuela que dañen también a la población, pero no se ha pronunciado sobre las medidas específicas contra funcionarios venezolanos, que son similares a las aplicadas a Rusia por su intervención en Ucrania, en febrero pasado.
El jueves, la policía venezolana detuvo a 243 jóvenes que establecieron un campamento en el último bastión de los opositores en Caracas, que en febrero comenzaron manifestaciones en las principales localidades del país para protestar por la inseguridad, la inflación y la escasez de artículos de primera necesidad. Hoy trascendió que en esos desalojos un policía murió de un balazo en el cuello y tres uniformados más resultaron heridos.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, señaló, según el portal Noticias 24, que en el caso de los detenidos la víspera “el primer hallazgo es que no eran estudiantes. Menos de 20 por ciento lo eran. Hay personas que se dedicaron a la guarimba, muchos pagados. Inclusive, tenemos personas en situación de calle que les pagaban para estar ahí simplemente atendiendo a los jefes que dirigían cada uno de los campamentos”. Abundó que muchos detenidos admitieron haber quemado patrullas.
El funcionario afirmó que 49 personas dieron positivo en pruebas de drogas.Van a decir que les sembramos los estupefacientes en la sangre.
Por ser menores de edad, 12 jóvenes fueron liberados la noche del jueves tras el pago de una fianza. Cuatro más fueron puestos en libertad después de ser evaluados médicamente con discapacidad auditiva. Este viernes un grupo de 100 fueron presentados ante jueces del Palacio de Justicia.
De los menores de edad hay seis que están siendo presentados en tribunales, porque algunos ya han dicho que estaban quemando patrullas. Lo han reconocido y se han comparado con las fotos y ciertamente estaban allí. Otros 12 fueron entregados, a través de los consejos de protección del menor, a sus respectivos representantes, con las actas correspondientes, detalló Rodríguez Torrez.
Cuatro personas discapacitadas estaban allí, hacían labores de servicio y también los involucraban en protestas violentas. Fueron liberados. Otras personas, por razones distintas que consideró el Ministerio Público, fueron también liberados. El resto está en los respectivos tribunales, comentó.
Todo lo que se encontró en esas carpas se mostró para que el pueblo lo viera. Da lástima que hayan jóvenes allí sometidos a la ignominia, declaró. Reprochó la actuación del alcalde Ramón Muchacho, quien, dijo, debe saber lo que sucedía allí. No tengo más que decirle.
La Jornada, 10 de mayo.

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