Avalan ajustes de Peña Nieto a gobierno


La Cámara de Diputados aprobó por mayoría de 293 votos, contra 94, las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que desaparece dos secretarías y agrega funciones de seguridad pública a Gobernación.
A las 21 horas de ayer, el presidente en turno de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo, declaró aprobada la reforma y la remitió al Senado, que como Cámara revisora podría votarla la próxima semana para su entrada en vigor el 1 de diciembre.
De esa manera, en una semana la Cámara de Diputados aprobó el proyecto del presidente electo Enrique Peña Nieto, de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que impulsó el PRI con el apoyo de PVEM y Panal.
El dictamen fue enviado al Senado, donde tendría que ser aprobado la próxima semana, sin cambios, para que se satisfaga la solicitud de que las reformas entren en vigor para el 1 de diciembre próximo, con el arranque del próximo sexenio.
En el diseño del nuevo gobierno, por presión del PAN y los tres partidos de izquierda (PRD, PT, MC), se aceptaron cambios que acotan atribuciones en materia de seguridad pública a Gobernación.
Preserva los organismos que atienden las temáticas de mujeres e indígenas, luego de protestas y el rechazo social, porque después de ser autónomos se sectorizaban en la Secretaría de Desarrollo Social.
La mayoría priísta y sus aliados del Verde y de Nueva Alianza defendieron lo que consideraron el derecho del presidente entrante a formar su gobierno como convenga al cumplimiento de sus responsabilidades.
Prometen resultados
Ofrecieron generar resultados ante los problemas de seguridad, gobierno, combate a la corrupción, desarrollo agrario, así como medidas en contra de la pobreza.
Hubo cinco cambios a la iniciativa, en su apartado de Gobernación y Seguridad Pública. El PRD por conducto del diputado Julio César Moreno, propuso eliminar la palabra “disturbios”, en las atribuciones de auxilio cuando haya situaciones que impliquen violencia.
A propuesta de Lizbeth Rosas Montero (PRD), el pleno aprobó que en una fracción que faculta a Gobernación a auxiliar al poder Judicial y la Procuraduría General de la República (PGR), disponga de la fuerza pública, pero eliminó que pueda actuar así “en las circunstancias de alteración grave del orden público”.
Otros cambios aceptados convierten a la Segob en coadyuvante en temas en los que desarrollaría papeles de organización y de responsable de políticas, en los que el legislador prefirió reducir su actuación.
Se trata de los casos de la prevención del delito, la reconstitución del tejido social, así como la atención a víctimas del delito.
Cambios adicionales en los temas de Hacienda, Reforma Agraria y Desarrollo Social, fueron desechados por el pleno.
Rosendo Medina (PRD) dijo que es preocupante la formación en Gobernación de una súper secretaría, con un titular que no va a estar sujeto a disposiciones de rendición de cuentas al Congreso. Ocurre, dijo, un detrimento de la vida democrática.
La izquierda, con Manuel Huerta (PT) en las propuestas dijo que se estructura un gobierno autoritario con las medidas que integran la seguridad pública a la política interior.
Rubén Camarillo (PAN), cuyo partido sumó sus votos a la mayoría de las votaciones del bloque priísta, expuso que en esta reforma no se debe aplicar el criterio priísta de “cortesía parlamentaria”, sino de analizar en su valor cada una de las propuestas de la iniciativa.
Esther Quintana, también panista, argumentó que si bien su partido aprobó el voto en lo general, consideraba peligroso usar la policía con fines políticos, y reclamó que el nuevo gobierno defienda la seguridad de los mexicanos, sin pactos ni claudicaciones frente al crimen.
El perredista Fernando Belaunzarán afirmó que la reforma propuesta pretende concentrar el poder en un “triunvirato” formado por las secretarías de Gobernación y de Hacienda, y la Oficina de la Presidencia, sin que se establezcan contrapesos.
Juan Arvizu, El Universal, 23 de noviembre.

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