De acuerdo con la Cámara de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable (Canitec), el consorcio que engloba a las compañías Telmex y Telcel ejerce presiones sobre el gobierno para lograr que se amplíe su ámbito de negocios más allá de lo que le permite el título de concesión que dio lugar en su favor a la privatización de la telefonía en México.
Estas presiones, sostiene, se manifiestan en la búsqueda de un acuerdo con el gobierno para que dicho título sea modificado y se permita a Telmex-Telcel incursionar en el mercado de la televisión, lo que en su momento convino contractualmente que le estaría prohibido para evitar mayor inequidad frente a otros proveedores de servicios.
La Canitec llama a que el gobierno de la República revise de manera integral el título de concesión de Telmex con el propósito de que cumpla sus obligaciones, en beneficio de la competitividad del país y del consumidor. Asimismo, emitir las declaraciones de dominancia de Telmex y de Telcel.
Agrega que se debe expedirse una regulación específica para generar competencia efectiva sobre bases no discriminatorias. También pide que se cumpla de modo estricto con el marco jurídico aplicable.
Esta declaración va dirigida a diversos funcionarios públicos, encabezados por el presidente de la República, Felipe Calderón, a quien se le expone que luego de casi dos décadas de que el monopolio estatal en la materia se convirtiera en un monopolio privado, “los consumidores mexicanos seguimos pagando tarifas en este campo que se hallan entre las más altas del mundo”.
“Estamos convencidos de que esto afecta no sólo al sector y a los que en él participamos”, aseguró Alejandro Puente, presidente de la Canitec, al comentar el pronunciamiento del organismo.
Agrega: “El gasto en telecomunicaciones alcanza a todos los ámbitos de la sociedad, de ahí que este tema amerita una supervisión ciudadana, para que las determinaciones que sean tomadas garanticen el beneficio social más amplio posible”.
Ello ocurre, señala, en momentos en el que el gasto de todas las ramas de la economía en materia de telecomunicaciones es cada vez más alto, al grado haberse triplicado en los últimos 15 años.
La declaración de Canitec indica que los legítimos esfuerzos de la autoridad para atenuar la evidente asimetría en este mercado han enfrentado maniobras jurídicas y políticas por parte de Telmex-Telcel. Un caso reciente, dice, es su rechazo a la disposición oficial de reducir el número de áreas de servicio local, es decir, ciudades que al consolidarse convierten una llamada de larga distancia en una llamada local, lo que habría significado importantes ahorros para millones de familias mexicanas. En cambio, expone, Telmex pretende erigirse como autoridad y confundir al consumidor emitiendo su propia “regulación” a través de un programa a su absoluta conveniencia (ciudades vecinas).
Estas presiones, sostiene, se manifiestan en la búsqueda de un acuerdo con el gobierno para que dicho título sea modificado y se permita a Telmex-Telcel incursionar en el mercado de la televisión, lo que en su momento convino contractualmente que le estaría prohibido para evitar mayor inequidad frente a otros proveedores de servicios.
La Canitec llama a que el gobierno de la República revise de manera integral el título de concesión de Telmex con el propósito de que cumpla sus obligaciones, en beneficio de la competitividad del país y del consumidor. Asimismo, emitir las declaraciones de dominancia de Telmex y de Telcel.
Agrega que se debe expedirse una regulación específica para generar competencia efectiva sobre bases no discriminatorias. También pide que se cumpla de modo estricto con el marco jurídico aplicable.
Esta declaración va dirigida a diversos funcionarios públicos, encabezados por el presidente de la República, Felipe Calderón, a quien se le expone que luego de casi dos décadas de que el monopolio estatal en la materia se convirtiera en un monopolio privado, “los consumidores mexicanos seguimos pagando tarifas en este campo que se hallan entre las más altas del mundo”.
“Estamos convencidos de que esto afecta no sólo al sector y a los que en él participamos”, aseguró Alejandro Puente, presidente de la Canitec, al comentar el pronunciamiento del organismo.
Agrega: “El gasto en telecomunicaciones alcanza a todos los ámbitos de la sociedad, de ahí que este tema amerita una supervisión ciudadana, para que las determinaciones que sean tomadas garanticen el beneficio social más amplio posible”.
Ello ocurre, señala, en momentos en el que el gasto de todas las ramas de la economía en materia de telecomunicaciones es cada vez más alto, al grado haberse triplicado en los últimos 15 años.
La declaración de Canitec indica que los legítimos esfuerzos de la autoridad para atenuar la evidente asimetría en este mercado han enfrentado maniobras jurídicas y políticas por parte de Telmex-Telcel. Un caso reciente, dice, es su rechazo a la disposición oficial de reducir el número de áreas de servicio local, es decir, ciudades que al consolidarse convierten una llamada de larga distancia en una llamada local, lo que habría significado importantes ahorros para millones de familias mexicanas. En cambio, expone, Telmex pretende erigirse como autoridad y confundir al consumidor emitiendo su propia “regulación” a través de un programa a su absoluta conveniencia (ciudades vecinas).
Nota de El Universal, 21 de enero.
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