El gobierno de Felipe Calderón alista un informe para las Naciones Unidas en el que compromete que con la implementación paulatina del nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública se dará la sustitución “progresiva y verificable” de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública.
De acuerdo con el documento, entregado ayer al Senado por el subsecretario para Asuntos Multilaterales de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, y que se oficializará en las próximas horas, el gobierno calderonista justifica la incursión del Ejército en labores policiacas, al señalar que el Ejecutivo puso en marcha el 7 de marzo de 2007 un programa de seguridad en el contexto de la Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia.
“En tal contexto, como medida temporal, el Presidente de la República determinó la participación de cuerpos especiales del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos para apoyar a las autoridades civiles en el combate a la delincuencia organizada, incluyendo al narcotráfico, con pleno respeto a los derechos humanos”.
Se afirma que “ante la paulatina implementación del nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, México deberá sustituir de manera progresiva y verificable la actuación de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública vinculada al combate al crimen organizado”.
Por lo que toca a seguridad, el informe precisa que los exámenes de control de confianza aplicados a la policía federal serán llevados a las policías estatales y municipales, ante el desafío para depurar la corrupción.
También que las instituciones trabajan en la instrumentación del uso legítimo de la fuerza y armas de fuego “con pleno respeto a los derechos humanos”.
El documento presume los logros de este gobierno, según los cuales, en medio de la crisis económica, México tiene ya sólo 15 millones de personas en extrema pobreza, aunque también se reconocen rezagos en tortura, combate a la corrupción e impunidad.
El informe será remitido en febrero al Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Ante los senadores panistas Alonso Díaz y Adriana González, Juan Manuel Gómez Robledo afirmó que la impunidad es concebida como la fuente central de la mayoría de las violaciones de los derechos humanos.
El funcionario admitió que el informe no es exhaustivo, “pero pone de manifiesto dónde están los mayores rezagos y busca responder a la crítica que ha habido sobre la participación de las fuerzas armadas en seguridad pública”.
- Claves
Urgente depuración
• El informe entregado al Senado abarca los temas más polémicos de la protección a derechos humanos. Refiere que el sistema de justicia requiere urgentemente depurarse, modernizarse y profesionalizarse en todas sus esferas: prevención, procuración, administración de justicia y rehabilitación.
• Señala que en seguridad pública la SSP echará mano de un convenio con la Cruz Roja para capacitar a su personal en el uso legítimo de la fuerza, el empleo de las armas de fuego, el arresto y la detención.
• En materia de tortura, las quejas recibidas por la CNDH han disminuido y de 225 presentadas en 1991 el año pasado sólo hubo 4; pero se alista una iniciativa para crear el registro nacional de quejas por la comisión de este delito.
De acuerdo con el documento, entregado ayer al Senado por el subsecretario para Asuntos Multilaterales de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, y que se oficializará en las próximas horas, el gobierno calderonista justifica la incursión del Ejército en labores policiacas, al señalar que el Ejecutivo puso en marcha el 7 de marzo de 2007 un programa de seguridad en el contexto de la Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia.
“En tal contexto, como medida temporal, el Presidente de la República determinó la participación de cuerpos especiales del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos para apoyar a las autoridades civiles en el combate a la delincuencia organizada, incluyendo al narcotráfico, con pleno respeto a los derechos humanos”.
Se afirma que “ante la paulatina implementación del nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, México deberá sustituir de manera progresiva y verificable la actuación de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública vinculada al combate al crimen organizado”.
Por lo que toca a seguridad, el informe precisa que los exámenes de control de confianza aplicados a la policía federal serán llevados a las policías estatales y municipales, ante el desafío para depurar la corrupción.
También que las instituciones trabajan en la instrumentación del uso legítimo de la fuerza y armas de fuego “con pleno respeto a los derechos humanos”.
El documento presume los logros de este gobierno, según los cuales, en medio de la crisis económica, México tiene ya sólo 15 millones de personas en extrema pobreza, aunque también se reconocen rezagos en tortura, combate a la corrupción e impunidad.
El informe será remitido en febrero al Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Ante los senadores panistas Alonso Díaz y Adriana González, Juan Manuel Gómez Robledo afirmó que la impunidad es concebida como la fuente central de la mayoría de las violaciones de los derechos humanos.
El funcionario admitió que el informe no es exhaustivo, “pero pone de manifiesto dónde están los mayores rezagos y busca responder a la crítica que ha habido sobre la participación de las fuerzas armadas en seguridad pública”.
- Claves
Urgente depuración
• El informe entregado al Senado abarca los temas más polémicos de la protección a derechos humanos. Refiere que el sistema de justicia requiere urgentemente depurarse, modernizarse y profesionalizarse en todas sus esferas: prevención, procuración, administración de justicia y rehabilitación.
• Señala que en seguridad pública la SSP echará mano de un convenio con la Cruz Roja para capacitar a su personal en el uso legítimo de la fuerza, el empleo de las armas de fuego, el arresto y la detención.
• En materia de tortura, las quejas recibidas por la CNDH han disminuido y de 225 presentadas en 1991 el año pasado sólo hubo 4; pero se alista una iniciativa para crear el registro nacional de quejas por la comisión de este delito.
Angélica Mercado, Milenio, 27 de noviembre.
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