Especialistas en derecho avalaron las iniciativas en materia de seguridad y procuración de justicia que presentaron las bancadas del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados recientemente, que proponen hacer obligatoria la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la creación de un Instituto Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo con un comunicado de la bancada del PRI en el Senado, los especialistas Miguel Carbonell, Sergio López Ayllón, Héctor Fix Zamudio y Antonio Caballero, avalaron el paquete de reformas propuesto hace unas semanas por el PRI en las dos cámaras del Congreso.
Con las iniciativas presentadas, dice el comunicado, se pretende mejorar el funcionamiento de la justicia penal, reformar en consenso al sistema de seguridad para combatir la delincuencia organizada, asegurar un sistema penal que garantice el derecho de las víctimas, proteja a las ciudadanía de abusos de autoridad y se siga un debido proceso.
El paquete de reformas propone la creación del Instituto Nacional de Seguridad Pública con autonomía técnica que recolecte y distribuya información especializada sobre el accionar de la delincuencia organizada y sobre la conformación y comportamiento de las diferentes corporaciones policiacas.
Durante el panel titulado “Seguridad pública y justicia penal, una propuesta integral del PRI”, diputados y senadores del PRI expusieron ante los especialistas en derecho todas las iniciativas que se han presentado, entre ellas las del Ejecutivo y las del propio Revolucionario Institucional.
Los legisladores explicaron que la propuesta priista se construyó con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la justicia penal y fue elaborada con base en un diagnóstico que busca mejorar el sistema de procuración e impartición de justicia que funciona erróneamente, superar la crisis de seguridad pública que amenaza al Estado mexicano y resolver la falta de coordinación entre los poderes y los órdenes de gobierno para enfrentar el problema de seguridad pública.
La Iniciativa del PRI, dijeron, plantea realizar un diseño institucional en materia de seguridad pública en el país con fundamento en la Constitución, que permita una adecuada coordinación.
Por su parte, Sergio López Ayllón, investigador del CIDE, expuso: “La propuesta pretende sentar las grandes coordenadas de la discusión para tener una visión en conjunto del tema”. Resaltó que para mejorar el sistema de procuración de justicia en México se deben revisar paulatinamente las propuestas en materia de seguridad.
José Antonio Caballero, también investigador del CIDE, indicó que existen problemas en el sistema de seguridad pública como el de la información, ya que es dispersa y de mala calidad; falla la coordinación entre las policías que tienen diversidad de políticas y no hay eficiencia ni uso racional en el manejo de los recursos financieros, remarcó.
En tanto, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Héctor Fix Fierro, y el investigador Miguel Carbonell, coincidieron en que la guía esencial para la reforma debe ser la Constitución y que no debe hacerse con premura.
De acuerdo con un comunicado de la bancada del PRI en el Senado, los especialistas Miguel Carbonell, Sergio López Ayllón, Héctor Fix Zamudio y Antonio Caballero, avalaron el paquete de reformas propuesto hace unas semanas por el PRI en las dos cámaras del Congreso.
Con las iniciativas presentadas, dice el comunicado, se pretende mejorar el funcionamiento de la justicia penal, reformar en consenso al sistema de seguridad para combatir la delincuencia organizada, asegurar un sistema penal que garantice el derecho de las víctimas, proteja a las ciudadanía de abusos de autoridad y se siga un debido proceso.
El paquete de reformas propone la creación del Instituto Nacional de Seguridad Pública con autonomía técnica que recolecte y distribuya información especializada sobre el accionar de la delincuencia organizada y sobre la conformación y comportamiento de las diferentes corporaciones policiacas.
Durante el panel titulado “Seguridad pública y justicia penal, una propuesta integral del PRI”, diputados y senadores del PRI expusieron ante los especialistas en derecho todas las iniciativas que se han presentado, entre ellas las del Ejecutivo y las del propio Revolucionario Institucional.
Los legisladores explicaron que la propuesta priista se construyó con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la justicia penal y fue elaborada con base en un diagnóstico que busca mejorar el sistema de procuración e impartición de justicia que funciona erróneamente, superar la crisis de seguridad pública que amenaza al Estado mexicano y resolver la falta de coordinación entre los poderes y los órdenes de gobierno para enfrentar el problema de seguridad pública.
La Iniciativa del PRI, dijeron, plantea realizar un diseño institucional en materia de seguridad pública en el país con fundamento en la Constitución, que permita una adecuada coordinación.
Por su parte, Sergio López Ayllón, investigador del CIDE, expuso: “La propuesta pretende sentar las grandes coordenadas de la discusión para tener una visión en conjunto del tema”. Resaltó que para mejorar el sistema de procuración de justicia en México se deben revisar paulatinamente las propuestas en materia de seguridad.
José Antonio Caballero, también investigador del CIDE, indicó que existen problemas en el sistema de seguridad pública como el de la información, ya que es dispersa y de mala calidad; falla la coordinación entre las policías que tienen diversidad de políticas y no hay eficiencia ni uso racional en el manejo de los recursos financieros, remarcó.
En tanto, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Héctor Fix Fierro, y el investigador Miguel Carbonell, coincidieron en que la guía esencial para la reforma debe ser la Constitución y que no debe hacerse con premura.
José Contreras, Crónica, 8 denoviembre.
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