El presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier González Garza, señaló que se pedirá a los integrantes de la comisión que emitan un dictamen rápido.
El proyecto propone que las agresiones a periodistas e instalaciones de empresas periodísticas se persigan de oficio y las conozca el Ministerio Público federal, que estará obligado a abrir y agotar una línea de investigación de delitos contra la libertad de expresión.
El documento prevé también la creación de una subprocuraduría para atender únicamente agresiones y homicidios que atenten contra el derecho a expresarse y difundir libremente pensamientos, ideas, opiniones e informaciones.
Juan Arivzu y Andrea Merlos, El Universal, 27 de noviembre.
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