El presidente de la Comisión de Gobernación del Senado, Jesús Murillo Karam, rechazó ayer que el Congreso “se haya quedado corto” en su respuesta al reclamo ciudadano para la construcción de un país más seguro, a 24 horas de que se cumpla el plazo de 100 días para la evaluación del Acuerdo Nacional por la Seguridad.
No sólo eso, sino que el también secretario general del PRI sostuvo que el plazo de 100 días no era para las Cámaras del Congreso mexicano, a las cuales se les extendió el plazo a todo el periodo legislativo, es decir, al 15 de diciembre entrante, aunque los trabajos parlamentarios se clausurarán el día 11:
“Nosotros no tenemos ninguna cuenta que entregar mañana”, es decir, esta mañana cuando se encuentre el Consejo Nacional de Seguridad Pública y realice la evaluación correspondiente.
Tras reunirse en privado con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en las oficinas del funcionario, encuentro al que asistieron otros nueve senadores de esa comisión, Murillo Karam auguró que si se mantiene el trabajo al ritmo que lleva ahora, habrá reforma judicial en el actual periodo legislativo.
Cabe destacar que, a este respecto, pero en otro espacio, en la sede nacional del tricolor, la presidenta del PRI, Beatriz Paredes Rangel aseguró que “establecer metas a tan corto plazo nunca arrojará resultados satisfactorios”.
Reconoció, sin embargo, que el establecimiento de los 100 días para evaluar los resultados del Acuerdo Nacional para la Seguridad y la Justicia, se fijó “para atender la justa indignación ciudadana”, pero definitivamente se trató de una meta ambiciosa difícil de cumplir a cabalidad.
En el PRD “no nos desentendemos de la necesidad de brindar mayores facultades al Estado para combatir al crimen organizado, pero al mismo tiempo exigimos al Ejecutivo Federal que haga valer el sistema normativo ya existente y no se desentienda de sus responsabilidades”, afirmó por su parte el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete Ruiz.
Durante la presentación de las iniciativas del PRD en materia de seguridad y procuración de justicia, el legislador pidió que el Ejecutivo sea “más eficiente en su combate al crimen organizado y evite el sistema de impunidad que ha cobijado a las policías en los últimos años”.
En el PRD, dijo, somos sensibles con la indignación social que se ha expresado en grandes movilizaciones por la seguridad desde 1994, en 2005 y en 2008.
Somos solidarios con el dolor de las familias de las víctimas de secuestro, con las familias de hombres y mujeres, incluso niños y adolescentes inocentes, que han sido asesinados bajo el fuego cruzado de las bandas criminales o la acción de policías y militares.
No sólo eso, sino que el también secretario general del PRI sostuvo que el plazo de 100 días no era para las Cámaras del Congreso mexicano, a las cuales se les extendió el plazo a todo el periodo legislativo, es decir, al 15 de diciembre entrante, aunque los trabajos parlamentarios se clausurarán el día 11:
“Nosotros no tenemos ninguna cuenta que entregar mañana”, es decir, esta mañana cuando se encuentre el Consejo Nacional de Seguridad Pública y realice la evaluación correspondiente.
Tras reunirse en privado con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en las oficinas del funcionario, encuentro al que asistieron otros nueve senadores de esa comisión, Murillo Karam auguró que si se mantiene el trabajo al ritmo que lleva ahora, habrá reforma judicial en el actual periodo legislativo.
Cabe destacar que, a este respecto, pero en otro espacio, en la sede nacional del tricolor, la presidenta del PRI, Beatriz Paredes Rangel aseguró que “establecer metas a tan corto plazo nunca arrojará resultados satisfactorios”.
Reconoció, sin embargo, que el establecimiento de los 100 días para evaluar los resultados del Acuerdo Nacional para la Seguridad y la Justicia, se fijó “para atender la justa indignación ciudadana”, pero definitivamente se trató de una meta ambiciosa difícil de cumplir a cabalidad.
En el PRD “no nos desentendemos de la necesidad de brindar mayores facultades al Estado para combatir al crimen organizado, pero al mismo tiempo exigimos al Ejecutivo Federal que haga valer el sistema normativo ya existente y no se desentienda de sus responsabilidades”, afirmó por su parte el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete Ruiz.
Durante la presentación de las iniciativas del PRD en materia de seguridad y procuración de justicia, el legislador pidió que el Ejecutivo sea “más eficiente en su combate al crimen organizado y evite el sistema de impunidad que ha cobijado a las policías en los últimos años”.
En el PRD, dijo, somos sensibles con la indignación social que se ha expresado en grandes movilizaciones por la seguridad desde 1994, en 2005 y en 2008.
Somos solidarios con el dolor de las familias de las víctimas de secuestro, con las familias de hombres y mujeres, incluso niños y adolescentes inocentes, que han sido asesinados bajo el fuego cruzado de las bandas criminales o la acción de policías y militares.
Luciano Franco y José Contreras, Crónica, 28 de noviembre.
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