En las comunidades rurales no existe decreto ni consigna expresa que excluya a las mujeres de acceder a la propiedad de la tierra; sin embargo, en los hechos este derecho no es reconocido, advierten defensoras de los derechos de las mujeres en zonas indígenas de Oaxaca y Chiapas.
Ese derecho es, además, la puerta al ejercicio de facultades como “participar en las asambleas comunales, tomar decisiones en la familia y tener un patrimonio que dé seguridad a una mujer y sus hijos”, consideró Flor de Jesús Pérez Ramírez, responsable del programa Mujeres Organizadas en el Ejercicio de su Derecho a la Tierra, en Chiapas.
Aseveró que el trabajo en comunidades no es fácil pues “las mujeres estamos inmersas en un tejido social de subordinación y discriminación”. Destaca que el concepto “derecho” es occidental, que no existe en las lenguas de la región, por lo que es una labor ardua explicar a los comuneros y ejidatarios su significado.
Para lograr su objetivo, Flor de Jesús se acercó en primera instancia a las autoridades comunales para plantear la importancia de involucrarse en las actividades de discusión y análisis de los problemas relacionados con la propiedad de la tierra.
“A los hombres también les interesa tener información sobre la realidad de las comunidades, la región, el estado y el país en cuanto a la privatización de la tierra, por ejemplo”, mencionó.
Agregó que los talleres que imparte su organización son vistos como una oportunidad de tener herramientas que sirvan a la comunidad para tener claro qué es la privatización y por qué es importante defender la tierra.
Leticia Aquino, por su parte, desarrolla en la Sierra Norte Oaxaqueña el proyecto “Ciudadanía comunal, acceso a la tierra de la mujer mixe y zapoteca” con el objetivo de incidir en la reglamentación de los estatutos comunales en beneficio de los derechos de la mujer y el acceso a la tierra y la justicia.
Coincide con Flor de Jesús en que se debe acercar el concepto de equidad a las comunidades, pues “no es algo que esté muy claro”.
Según la asociación civil Semillas, de 12.3 millones de mujeres que residen en zonas rurales sólo 661 mil ejidatarias y comuneras (el 5 por ciento) tienen derechos reconocidos sobre sus parcelas, tierras de uso común y solares urbanos, a pesar de que un porcentaje mucho mayor está al frente de sus familias por la creciente migración de los varones, lo que ha feminizado la agricultura.
Ese derecho es, además, la puerta al ejercicio de facultades como “participar en las asambleas comunales, tomar decisiones en la familia y tener un patrimonio que dé seguridad a una mujer y sus hijos”, consideró Flor de Jesús Pérez Ramírez, responsable del programa Mujeres Organizadas en el Ejercicio de su Derecho a la Tierra, en Chiapas.
Aseveró que el trabajo en comunidades no es fácil pues “las mujeres estamos inmersas en un tejido social de subordinación y discriminación”. Destaca que el concepto “derecho” es occidental, que no existe en las lenguas de la región, por lo que es una labor ardua explicar a los comuneros y ejidatarios su significado.
Para lograr su objetivo, Flor de Jesús se acercó en primera instancia a las autoridades comunales para plantear la importancia de involucrarse en las actividades de discusión y análisis de los problemas relacionados con la propiedad de la tierra.
“A los hombres también les interesa tener información sobre la realidad de las comunidades, la región, el estado y el país en cuanto a la privatización de la tierra, por ejemplo”, mencionó.
Agregó que los talleres que imparte su organización son vistos como una oportunidad de tener herramientas que sirvan a la comunidad para tener claro qué es la privatización y por qué es importante defender la tierra.
Leticia Aquino, por su parte, desarrolla en la Sierra Norte Oaxaqueña el proyecto “Ciudadanía comunal, acceso a la tierra de la mujer mixe y zapoteca” con el objetivo de incidir en la reglamentación de los estatutos comunales en beneficio de los derechos de la mujer y el acceso a la tierra y la justicia.
Coincide con Flor de Jesús en que se debe acercar el concepto de equidad a las comunidades, pues “no es algo que esté muy claro”.
Según la asociación civil Semillas, de 12.3 millones de mujeres que residen en zonas rurales sólo 661 mil ejidatarias y comuneras (el 5 por ciento) tienen derechos reconocidos sobre sus parcelas, tierras de uso común y solares urbanos, a pesar de que un porcentaje mucho mayor está al frente de sus familias por la creciente migración de los varones, lo que ha feminizado la agricultura.
Ariane Dìaz, La Jornada, 3 de noviembre.
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