Exigen activistas castigar tortura contra migrantes

Los colectivos que integran la Red DH Migrantes manifestaron su preocupación por los probables actos de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes y violaciones al debido proceso en contra de los indocumentados que registró la Casa del Migrante de Saltillo en su informe México, un lugar de tortura a personas migrantes.
En el documento se recopilan los testimonios de por lo menos 35 víctimas de probables actos de amenaza, agresiones sexuales y tortura de la policía preventiva municipal de Saltillo y el Grupo de Respuesta Operativa de esa localidad, además de faltas al derecho a la protección consular en la investigación ministerial y al debido proceso en la instauración de los juicios respectivos.
Las asociaciones de la Red DH Migrantes –que trabajan en México, Guatemala, El Salvador y Honduras– subrayaron que de los 20 migrantes extranjeros que fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, 10 de ellos se encuentran privados de la libertad, pues fueron persuadidos de declararse culpables para “acelerar el proceso” y asegurar el pago de una fianza, lo que atenta contra la presunción de inocencia.
El grupo llamó a las autoridades para que investiguen los delitos contra los migrantes, castiguen a los responsables y brinden medidas de protección para salvaguardar la integridad de los defensores de derechos humanos que redactaron el informe.
Medidas cautelares a La 72, aún sin cumplirOrganizaciones que forman parte de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos –que agrupa a más de 70 colectivos de todo el país– denunciaron que las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de la Casa para Migrantes La 72 –ubicada en Tenosique, Tabasco– siguen sin ponerse en marcha por parte del gobierno local.
A pesar de que la violencia contra los indocumentados y sus defensores se agudiza cada semana, en la reunión de seguimiento celebrada el pasado 8 de julio en Villahermosa, las autoridades postergaron nuevamente la implementación de medidas de seguridad y seguimiento a denuncias penales hasta finales de mes.

Fernando Camacho Servín, La Jornada, 26 de julio.