El presidente de la Suprema Corte de Justicia rechazó una solicitud para atraer el amparo promovido por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) contra la reciente reforma constitucional en materia de contratación de propaganda electoral.
El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia desechó la petición del abogado del CCE para atraer el caso, que se encuentra en revisión en un tribunal colegiado de circuito.
Ortiz Mayagoitia explicó en su resolución que los particulares no están legitimados legalmente para solicitar a la Corte el ejercicio de su facultad de atracción, algo que solo pueden hacer la Procuraduría General de la República (PGR) y los propios tribunales colegiados.
En este caso, la solicitud de atracción fue planteada por Adolfo Arrioja Vizcaíno, abogado del CCE, que fue el primer organismo empresarial que se amparó contra la reforma al artículo 41 de la Constitución.
La nueva redacción del artículo prohibe a cualquier persona moral o física la contratación de propaganda electoral en radio y televisión, lo que según los inconformes viola la garantía de libre expresión prevista en el artículo sexto de la Carta Magna.
El 7 de diciembre, la demanda del CCE fue desechada por notoria improcedencia por un juez de distrito, por lo que lo único que está en juego en este momento del litigio es determinar si se debe admitir a trámite o se confirma el desechamiento.
La mayoría de los amparos de este tipo han sido desechados por jueces de distrito, al considerar que las reformas a la Constitución no pueden ser objeto de control o revisión por parte del Poder Judicial.
Pero el caso ya presenta otras aristas. Según el CCE, al menos 20 amparos promovidos por sus órganos filiales en el interior de la República sí han sido admitidos a trámite, por lo que se están desahogando juicios en los que podría darse un pronunciamiento de fondo sobre el tema.
El pasado 10 enero, la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) reportó que 14 amparos promovidos por centros empresariales de esa agrupación habían sido admitidos en primera instancia.
"Lo cual es una clara muestra de la solidez de nuestros argumentos, que ya han causado el que existan criterios distintos en el Poder Judicial", indicó en un comunicado.
A fin de cuentas, la Corte tendrá seguramente la última palabra. Incluso si la PGR o los tribunales colegiados no solicitan su intervención, cualquiera de los 11 ministros pueden plantear la atracción de estos casos.
Si los ministros confirman su criterio de 2002, en el sentido de que no procede el control judicial sobre las reformas constitucionales, todos los juicios serán desechados.
Los quejosos
El CCE afirma representar a a cerca de 3 millones de empresas, que generan 88 por ciento del PIB nacional.
Organizaciones asociadas
· Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin)
· Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
· Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
· Asociación de Bancos de México
· Consejo Mexicano de Hombres de Negocios
· Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
· Consejo Nacional Agropecuario
El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia desechó la petición del abogado del CCE para atraer el caso, que se encuentra en revisión en un tribunal colegiado de circuito.
Ortiz Mayagoitia explicó en su resolución que los particulares no están legitimados legalmente para solicitar a la Corte el ejercicio de su facultad de atracción, algo que solo pueden hacer la Procuraduría General de la República (PGR) y los propios tribunales colegiados.
En este caso, la solicitud de atracción fue planteada por Adolfo Arrioja Vizcaíno, abogado del CCE, que fue el primer organismo empresarial que se amparó contra la reforma al artículo 41 de la Constitución.
La nueva redacción del artículo prohibe a cualquier persona moral o física la contratación de propaganda electoral en radio y televisión, lo que según los inconformes viola la garantía de libre expresión prevista en el artículo sexto de la Carta Magna.
El 7 de diciembre, la demanda del CCE fue desechada por notoria improcedencia por un juez de distrito, por lo que lo único que está en juego en este momento del litigio es determinar si se debe admitir a trámite o se confirma el desechamiento.
La mayoría de los amparos de este tipo han sido desechados por jueces de distrito, al considerar que las reformas a la Constitución no pueden ser objeto de control o revisión por parte del Poder Judicial.
Pero el caso ya presenta otras aristas. Según el CCE, al menos 20 amparos promovidos por sus órganos filiales en el interior de la República sí han sido admitidos a trámite, por lo que se están desahogando juicios en los que podría darse un pronunciamiento de fondo sobre el tema.
El pasado 10 enero, la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) reportó que 14 amparos promovidos por centros empresariales de esa agrupación habían sido admitidos en primera instancia.
"Lo cual es una clara muestra de la solidez de nuestros argumentos, que ya han causado el que existan criterios distintos en el Poder Judicial", indicó en un comunicado.
A fin de cuentas, la Corte tendrá seguramente la última palabra. Incluso si la PGR o los tribunales colegiados no solicitan su intervención, cualquiera de los 11 ministros pueden plantear la atracción de estos casos.
Si los ministros confirman su criterio de 2002, en el sentido de que no procede el control judicial sobre las reformas constitucionales, todos los juicios serán desechados.
Los quejosos
El CCE afirma representar a a cerca de 3 millones de empresas, que generan 88 por ciento del PIB nacional.
Organizaciones asociadas
· Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin)
· Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
· Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
· Asociación de Bancos de México
· Consejo Mexicano de Hombres de Negocios
· Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
· Consejo Nacional Agropecuario
Nota de Víctor Fuentes, Reforma, 19 de enero.
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