En el marco de las pláticas que sostienen los actores políticos para “blindar” las elecciones del dinero ilícito, el IFE proyecta modificar su Reglamento de Fiscalización para incluir a precandidatos, integrantes de dirigencias de partidos, responsables de finanzas y coordinadores de campañas, en los listados de lo que se denomina “personas políticamente expuestas”.
Según el proyecto -que será sometido a discusión mañana- las modificaciones buscan también que la Unidad de Fiscalización del Instituto remita dichos listados, además de a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Inácio Lula Da Silva y al Servicio de Administración Tributaria.
En el proyecto se recuerda que en el 2003, el Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales, organismo internacional de prevención del delito de lavado de dinero creado en una cumbre de la OCDE, diseñó 40 recomendaciones que se consideran el estándar mundial para evitar este ilícito y el financiamiento al terrorismo.
Para poner en funcionamiento estas 40 recomendaciones en México -se lee en el documento-, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda como instancia para la recepción, análisis y difusión de reportes relacionados con los delitos antes mencionados.
Se explica que Hacienda, además, emitió disposiciones y estableció el término de “persona políticamente expuesta”.
Ello se define como aquel individuo que desempeña o desempeñó funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando a Jefes de Estado o de Gobierno, líderes políticos, servidores gubernamentales o judiciales, militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, y funcionarios o miembros importantes de partidos.
Según el proyecto -que será sometido a discusión mañana- las modificaciones buscan también que la Unidad de Fiscalización del Instituto remita dichos listados, además de a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Inácio Lula Da Silva y al Servicio de Administración Tributaria.
En el proyecto se recuerda que en el 2003, el Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales, organismo internacional de prevención del delito de lavado de dinero creado en una cumbre de la OCDE, diseñó 40 recomendaciones que se consideran el estándar mundial para evitar este ilícito y el financiamiento al terrorismo.
Para poner en funcionamiento estas 40 recomendaciones en México -se lee en el documento-, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda como instancia para la recepción, análisis y difusión de reportes relacionados con los delitos antes mencionados.
Se explica que Hacienda, además, emitió disposiciones y estableció el término de “persona políticamente expuesta”.
Ello se define como aquel individuo que desempeña o desempeñó funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando a Jefes de Estado o de Gobierno, líderes políticos, servidores gubernamentales o judiciales, militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, y funcionarios o miembros importantes de partidos.
Mauricio Rubí, El Economista, 27 de noviembre.
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