Venezuela acusó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH de haberse convertido en un “instrumento político” de la oposición para “desestabilizar” al gobierno del presidente Hugo Chávez y reclamó por primera vez de forma oficial la “sustitución” del secretario ejecutivo del organismo interamericano de derechos humanos, Santiago Cantón.
La CIDH “ha abandonado su condición de organismo internacional imparcial (...) para convertirse en un instrumento político de los sectores nacionales e internacionales interesados en desacreditar y desestabilizar al gobierno que dirige el presidente Chávez”, aseguró ante una audiencia pública de la comisión en Washington el delegado por Venezuela para los derechos humanos, Germán Saltrón.
Saltrón calificó de “injustificadas” las denuncias de ONG venezolanas e internacionales contra el gobierno de Caracas y acusó a la CIDH de estar “parcializada” y de haber “fracasado” en “acusar sin fundamento” al ejecutivo venezolano, desechando los señalamientos sobre la falta de libertad de expresión o la existencia de “presos políticos” en el país.
Venezuela “anhela una oposición responsable y acorde con el desarrollo institucional del pueblo venezolano, que no trate de escudarse en ONG de derechos humanos para presentar denuncias infundadas”, aseveró el delegado del gobierno de Chávez.
También agregó que el organismo, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), se ha “extralimitado” en su papel respecto a Venezuela “careciendo de una metodología fundada en la objetividad y transparencia”, por lo que demandó que la Comisión “reconozca sus errores y democratice sus reglamentos y actuaciones”.
En este sentido, estableció como condición para que Venezuela vuelva a permitir una visita in loco de la CIDH la “sustitución” de Cantón, así como que la comisión “reconozca públicamente su error al reconocer el golpe de Estado” contra Chávez en 2002 y que “reforme” su reglamento para “garantizar la transparencia, independencia y pluralidad” del organismo.
La audiencia de ayer se celebró a petición del propio Estado venezolano, y estuvo precedida por dos sesiones privadas en las que, a puerta cerrada, se discutió el “derecho a la libertad de expresión e información” en Venezuela y la “institucionalidad democrática” en el país, solicitadas por organizaciones de derechos humanos y grupos sociales venezolano.
La CIDH “ha abandonado su condición de organismo internacional imparcial (...) para convertirse en un instrumento político de los sectores nacionales e internacionales interesados en desacreditar y desestabilizar al gobierno que dirige el presidente Chávez”, aseguró ante una audiencia pública de la comisión en Washington el delegado por Venezuela para los derechos humanos, Germán Saltrón.
Saltrón calificó de “injustificadas” las denuncias de ONG venezolanas e internacionales contra el gobierno de Caracas y acusó a la CIDH de estar “parcializada” y de haber “fracasado” en “acusar sin fundamento” al ejecutivo venezolano, desechando los señalamientos sobre la falta de libertad de expresión o la existencia de “presos políticos” en el país.
Venezuela “anhela una oposición responsable y acorde con el desarrollo institucional del pueblo venezolano, que no trate de escudarse en ONG de derechos humanos para presentar denuncias infundadas”, aseveró el delegado del gobierno de Chávez.
También agregó que el organismo, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), se ha “extralimitado” en su papel respecto a Venezuela “careciendo de una metodología fundada en la objetividad y transparencia”, por lo que demandó que la Comisión “reconozca sus errores y democratice sus reglamentos y actuaciones”.
En este sentido, estableció como condición para que Venezuela vuelva a permitir una visita in loco de la CIDH la “sustitución” de Cantón, así como que la comisión “reconozca públicamente su error al reconocer el golpe de Estado” contra Chávez en 2002 y que “reforme” su reglamento para “garantizar la transparencia, independencia y pluralidad” del organismo.
La audiencia de ayer se celebró a petición del propio Estado venezolano, y estuvo precedida por dos sesiones privadas en las que, a puerta cerrada, se discutió el “derecho a la libertad de expresión e información” en Venezuela y la “institucionalidad democrática” en el país, solicitadas por organizaciones de derechos humanos y grupos sociales venezolano.
DPA en Washington, Milenio, 3 de noviembre.
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