La ley contra la trata de personas representa un avance importante ante la creciente explotación laboral y sexual en los destinos turísticos del estado, afirmó Luz María Beristáin Navarrete, diputada del PRD e impulsora de la iniciativa, aprobada la noche del martes por unanimidad en el Congreso de Quintana Roo.
Los diputados coincidieron en que urgía establecer normas severas en este rubro ante la proliferación de bandas que se dedican a la explotación de personas vulnerables, principalmente migrantes.
La entidad, por su ubicación geográfica y actividad económica, es paso obligado de migrantes procedentes de distintos países, principalmente de Centroamérica y Sudamérica, y de los estados mexicanos de Chiapas, Tabasco y Veracruz.
En entrevista, Beristáin Navarrete dijo que “en Quintana Roo hay cerca de 100 mil personas trabajando en los destinos turísticos y de éstas unas 50 mil son víctimas de explotación laboral y violación de sus derechos humanos.
“Respecto a la explotación sexual, únicamente hay que revisar las páginas de los periódicos locales ofreciendo jovencitas y colegialas, lo cual es evidentemente comercio sexual y la proliferación es por no haber trabajos dignos y bien remunerados”. La legisladora calculó que son más de dos mil las víctimas de explotación sexual en la entidad, sin contar el turismo sexual infantil.
Reiteró que con la aprobación de esta ley, “acabamos de parir un bebé, pero si lo dejamos suelto va a morir, por eso es importante que el estado y los municipios cumplan con la prevención y el combate de este delito”.
Las sanciones
La ley contra la trata de personas incluye penas de hasta 45 años de prisión cuando el delito es agravado, si la víctima es menor de edad, adulto mayor o indígena; además de una pena pecuniaria de hasta 2 mil 250 días de salario mínimo.
Como resultado de esta iniciativa se podrá perseguir y sancionar de manera más efectiva las conductas delictivas que van desde la explotación sexual hasta los trabajos o servicios forzados, extracción de órganos y el matrimonio forzado.
La legislación también considera que se ha cometido el delito aun y cuando el delincuente pretenda aducir que existió voluntad por parte de la víctima. El victimario deberá reparar el daño causado e incluso se le podrán incautar sus bienes a favor del afectado.
Establece que “las autoridades estatales y municipales estarán obligadas a establecer políticas públicas para prevenir y combatir este delito y crear en un plazo no mayor de seis meses el Comité Interinstitucional que coordinará a las dependencias del estado para este fin”.
El dictamen aprobado por el Congreso dice: “Los diputados estamos convencidos de que era necesario y urgente emitir un ordenamiento jurídico que permita combatir y sancionar la llamada esclavitud de nuestro tiempo, que permita sentar las bases sancionadoras, pero también las preventivas con políticas pública humanas e institucionales”.
Añade que “hay municipios como Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen) que tienen una alta demanda de mano de obra para los destinos turísticos; siendo los inmigrantes los más susceptibles de ser engañados y captados por bandas que se dedican a la explotación de personas”.
Además de Quintana Roo, los otros estados del país que cuentan con herramientas jurídicas específicas para combatir este delito son el Distrito Federal, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, Hidalgo y Veracruz.
Ley más avanzada
“En esas entidades no vincularon la ley con los códigos penales y códigos procesales penales, mientras que la entidad sí y eso hará que tengamos una ley más avanzada”, manifestó María Hadad Castillo, presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso.
La legisladora explicó que delitos como pornografía infantil, lenocinio, turismo sexual infantil, explotación sexual infantil y venta de niños y niñas estarán vinculados al ilícito de trata de personas y aplicarán penas severas.
“Creo que representa un gran avance, porque cuando no hay un marco jurídico que regule este tipo de delitos se convierte en un campo fértil”.
Los diputados coincidieron en que urgía establecer normas severas en este rubro ante la proliferación de bandas que se dedican a la explotación de personas vulnerables, principalmente migrantes.
La entidad, por su ubicación geográfica y actividad económica, es paso obligado de migrantes procedentes de distintos países, principalmente de Centroamérica y Sudamérica, y de los estados mexicanos de Chiapas, Tabasco y Veracruz.
En entrevista, Beristáin Navarrete dijo que “en Quintana Roo hay cerca de 100 mil personas trabajando en los destinos turísticos y de éstas unas 50 mil son víctimas de explotación laboral y violación de sus derechos humanos.
“Respecto a la explotación sexual, únicamente hay que revisar las páginas de los periódicos locales ofreciendo jovencitas y colegialas, lo cual es evidentemente comercio sexual y la proliferación es por no haber trabajos dignos y bien remunerados”. La legisladora calculó que son más de dos mil las víctimas de explotación sexual en la entidad, sin contar el turismo sexual infantil.
Reiteró que con la aprobación de esta ley, “acabamos de parir un bebé, pero si lo dejamos suelto va a morir, por eso es importante que el estado y los municipios cumplan con la prevención y el combate de este delito”.
Las sanciones
La ley contra la trata de personas incluye penas de hasta 45 años de prisión cuando el delito es agravado, si la víctima es menor de edad, adulto mayor o indígena; además de una pena pecuniaria de hasta 2 mil 250 días de salario mínimo.
Como resultado de esta iniciativa se podrá perseguir y sancionar de manera más efectiva las conductas delictivas que van desde la explotación sexual hasta los trabajos o servicios forzados, extracción de órganos y el matrimonio forzado.
La legislación también considera que se ha cometido el delito aun y cuando el delincuente pretenda aducir que existió voluntad por parte de la víctima. El victimario deberá reparar el daño causado e incluso se le podrán incautar sus bienes a favor del afectado.
Establece que “las autoridades estatales y municipales estarán obligadas a establecer políticas públicas para prevenir y combatir este delito y crear en un plazo no mayor de seis meses el Comité Interinstitucional que coordinará a las dependencias del estado para este fin”.
El dictamen aprobado por el Congreso dice: “Los diputados estamos convencidos de que era necesario y urgente emitir un ordenamiento jurídico que permita combatir y sancionar la llamada esclavitud de nuestro tiempo, que permita sentar las bases sancionadoras, pero también las preventivas con políticas pública humanas e institucionales”.
Añade que “hay municipios como Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen) que tienen una alta demanda de mano de obra para los destinos turísticos; siendo los inmigrantes los más susceptibles de ser engañados y captados por bandas que se dedican a la explotación de personas”.
Además de Quintana Roo, los otros estados del país que cuentan con herramientas jurídicas específicas para combatir este delito son el Distrito Federal, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, Hidalgo y Veracruz.
Ley más avanzada
“En esas entidades no vincularon la ley con los códigos penales y códigos procesales penales, mientras que la entidad sí y eso hará que tengamos una ley más avanzada”, manifestó María Hadad Castillo, presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso.
La legisladora explicó que delitos como pornografía infantil, lenocinio, turismo sexual infantil, explotación sexual infantil y venta de niños y niñas estarán vinculados al ilícito de trata de personas y aplicarán penas severas.
“Creo que representa un gran avance, porque cuando no hay un marco jurídico que regule este tipo de delitos se convierte en un campo fértil”.
Silvia Hernández corresposnal, Reforma, 2 de diciembre.
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