Argumenta CDHDF contra iniciativa de Seguridad Nacional

La propuesta de Ley de Seguridad Nacional atenta contra el procedimiento de suspensión de garantías y el equilibrio entre poderes establecido por el Artículo 29 de la Constitución, afirmó la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

La iniciativa pretende crear la figura de declaración de afectación a la seguridad interior que en sustancia es una declaración de estado de excepción, el cual conlleva restricción de ciertos derechos y otorgamiento de facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas en perjuicio del pacto federal.

El organismo capitalino mencionó que la atribución de facultades a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, bajo el aparente mando del Ejecutivo Federal, contraviene el Artículo 21 constitucional, según el cual dicha función será ejercida por autoridades civiles.

En ese caso, al permitir al Ejecutivo federal declarar el estado de excepción, se restringen derechos y se evaden las salvaguardas y controles impuestos por el Artículo 29 de la Constitución Federal.

También se quebranta el equilibrio entre poderes, pues faculta al Ejecutivo a emitir unilateralmente la declaración de afectación, sin la intervención del Legislativo y el Judicial.

Por ello, la iniciativa de ley de seguridad en discusión violentaría diversos tratados internacionales suscritos por México, en los que se establecen los procedimientos específicos para emitir la declaratoria de estado de excepción.

Por esos hechos, “preocupa a la CDHDF que a través de la reforma se pretenda normalizar una situación que debería ser eminentemente excepcional, es decir la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y en la procuración e impartición de justicia”.

Insistió en que a partir de esa iniciativa se facultaría a la Fuerzas Armadas para intervenir en materia de seguridad ciudadana y en investigación de delitos, como los relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado que, en opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debe corresponder a fuerzas policiales civiles.

Es preocupante que la iniciativa proponga limitar la protección de los derechos humanos en el contexto de la suspensión de garantías, bajo el supuesto de las afectaciones a la seguridad interior, al establecer que las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad los respetarán a través de protocolos que se establezcan para tales efectos.

La Crónica, 28 de abril.