Repite PRI la fórmula electoral utilizada en 2003

Aunque la presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes, señaló el pasado domingo que los resultados de la elección federal de 2009 colocan a su partido en mejores condiciones competitivas para 2012, año en que se renovará la Presidencia de la República, lo cierto es que cada proceso electoral tiene un ritmo distinto, y como ejemplo quedan los resultados obtenidos por el tricolor en 2003, los cuales les auguraban una situación de competencia inmejorable para recuperar Los Pinos, lo cual finalmente no sucedió.

Los procesos electorales intermedios de 2003 y de 2009 guardan similitudes. Al igual que entonces, ahora el tricolor intentó quitarse el carácter de partido autoritario y procedió a elegir candidatos, en la mayoría de los distritos, por medio de una contienda interna. De esta forma los candidatos fueron legitimados por un proceso en el que participó no sólo la militancia, sino que estuvo abierto a la sociedad.

De igual forma, en 2009 orientó su discurso hacia la defensa de los derechos sociales y subrayó los errores cometidos por las administraciones panistas, como la caída en el empleo, la devaluación del peso frente al dólar y la crisis económica, además del “erróneo” manejo de la epidemia de influenza. Como en 2003, ahora también destacó el incumplimiento de las promesas de campaña por parte de los panistas, y en el caso de las elecciones concurrentes para renovar gubernaturas, destacó los errores y abusos que cometieron algunos gobernantes del blanquiazul.

En la elección de 2000 para integrar la Cámara de Diputados, el PRI obtuvo 36.89 por ciento de los votos, mientras que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) logró 18.67 por ciento de los sufragios. Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fueron los institutos que mayor porcentaje de votos obtuvieron, al alcanzar 38.29 por ciento como Alianza por el Cambio. Hay que recordar que esta elección se realizó de manera simultánea con la presidencial y la elección de los senadores. El porcentaje de participación en estos comicios fue de 62 por ciento, mientras que el abstencionismo alcanzó 38 por ciento.

En la elección del 6 de julio de 2003, los escenarios se invirtieron. El PRI logró 23.21 por ciento de los votos, obteniendo 223 curules en la Cámara de Diputados. El PRI, en alianza parcial con el PVEM, obtuvo 13.54 por ciento de los votos. El PRD alcanzó 17.60 por ciento de los sufragios, logrando colocar 96 diputados en San Lázaro. Por su parte, el PAN bajó a 30.79 por ciento de los votos y el PVEM sólo alcanzó 4.01 por ciento. Estos partidos lograron 208 y 17 curules en la Cámara de Diputados, respectivamente.

Sin embargo, no fue suficiente para que el tricolor recuperara la Presidencia de la República.

Ciro Pérez Silva, La Jornada, 10 de julio.

Consejeros electorales presumen que pocos casos serán llevados al TEPJF

Integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aseguraron que en las votaciones del domingo funcionaron con éxito los mecanismos para evitar conflictos como el de 2006.

Pese al alto nivel de votos nulos y el recuento de sufragios en más de 20 por ciento de las casillas (principalmente por la cifra de sufragios invalidados), los consejeros comentaron en entrevistas que, ante la “tranquilidad” de los comicios y del recuento en los distritos, serán pocos los casos que analizará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Durante la sesión, el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, recordó que en 2006 el TEPJF ordenó la apertura de 11 mil 839 paquetes (desahogados en 11 días) y con la nueva ley, abundó, han sido recontados los votos de 36 mil 883 casillas en 24 horas, lapso récord.

A su vez, Marco Baños, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, dijo que “ahora más que nunca son más transparentes todos los procesos que desarrolló el IFE”.

El consejero Alfredo Figueroa, de la misma comisión, expresó: “no tiene paralelo en la historia electoral mexicana lo que los consejos distritales han conseguido hacer”.

La sesión del Consejo General se reanudó ayer a las 11 de la mañana, en momentos que se había hecho el conteo en 97.5 por ciento de las casillas.

Con ese avance y en pleno ambiente de festejo, pasó como uno de los “detalles” las presuntas irregularidades denunciadas por el PAN en el recuento del distrito 28 del estado de México (Zumpango), uno de los más competidos de la elección del pasado domingo, donde el blanquiazul aventajaba, durante la tarde, por 0.04 por ciento, equivalente a sólo 60 votos; sin embargo, esta zona electoral acusaba el mayor retraso en el avance de las casillas contabilizadas.

La diputada panista Dora Alicia Martínez, representante del Poder Legislativo ante el Consejo General del IFE, denunció irregularidades y dijo que en la reunión distrital sus compañeros de partido habían sido insultados.

El consejero Baños admitió que el rezago se debió a la diferencia de criterios para proceder al recuento de votos.

Los consejeros justificaron también la tardanza, la discusión y la “propuesta” para que sus homólogos locales, en el distrito 25 de Iztapalapa, acataran lo que señala el código electoral respecto a los criterios para la apertura de paquetes.

Sin embargo, pese a los “detalles”, durante la sesión fueron constantes los resúmenes en los que se calificaba de “muy positivo” el desarrollo del proceso, principalmente por la agilidad con que concluyeron los cómputos en la mayoría de los 300 distritos.

Con ello, se podrá dar el informe final de los cómputos distritales este viernes; es decir, un día antes del plazo legal estipulado.

Fabiola Martínez y Alonso Urrutia, La Jornada, 10 de julio.

Se confirma ventaja priísta con 99.61% de casillas computadas

Con 99.61 por ciento de las casillas computadas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) confirmaba su ventaja, con 12 millones 667 mil 838 votos (36.79 por ciento) obtenidos. El Partido Acción Nacional (PAN) llevaba 9 millones 641 mil 96 (27.80); el de la Revolución Democrática (PRD), 4 millones 183 mil 683 (12.15); el Verde Ecologista de México (PVEM), 2 millones 313 mil 113 (6.71); el del Trabajo (PT), un millón 222 mil 268 (3.63); Nueva Alianza, un millón 181 mil 638 (3.43); Convergencia, 820 mil 462 (2.46), y el Social Demócrata, 356 mil 407 (1.03), cifra con la cual perdió el registro.

Al cierre de esta edición habían cerrado los cómputos en 283 distritos del país, sin que hubiera modificaciones respecto de los datos finales proporcionados por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), por lo que el PRI había ya confirmado su victoria en 128 distritos electorales, a los que se le sumaron otros 50 donde contendió en coalición con el PVEM, para sumar 178 confirmados.

El PAN había ratificado su victoria en 65 distritos electorales; el PRD, en 33, y el PT había confirmado su triunfo en el distrito cuatro de Iztapalapa.

Al cierre de esta edición faltaban por cerrar 17 distritos electorales de 12 entidades, entre los cuales destacaba el 28 del estado de México, con cabecera en Zumpango, donde sólo se había contabilizado 49.89 por ciento del total.

Por otro lado, se habían contado 32 millones 196 mil 327 votos, que representan una participación ciudadana de 44.62 por ciento. Los sufragios nulos son un millón 861 mil 101, que representan 5.39 por ciento, y los emitidos por candidatos no registrados son 56 mil 890 (0.17 por ciento).

Carro completo priísta en nueve estados
El priísmo confirmó el carro completo en entidades como Coahuila, donde alcanzó el porcentaje de votación más elevado del país: 61.27, que le permitió llevarse los siete distritos en disputa.

También se llevó todos los distritos electorales de Durango (cuatro), Hidalgo (siete), Campeche, (dos), Nayarit (tres), Oaxaca (11), Quintana Roo (tres), Sinaloa (ocho), Tamaulipas (ocho) y Yucatán (cinco).

El cómputo confirmó la recuperación priísta en Morelos –entidad gobernada por el PAN–, donde ganó los cinco distritos.

En Nuevo León no había ningún cambio en relación con lo reportado por el PREP, por lo que el PRI ganó seis distritos, e igual número el PAN, incluido el siete de Monterrey, donde el blanquiazul aventajaba, según ese programa, por menos de 200 papeletas.

En Puebla el tricolor se llevó 15, y uno el PAN; en el estado de México se había confirmado la recuperación priísta a costa de Acción Nacional y el sol azteca.

Arrasa el PAN en dos estados
La caída generalizada en las preferencias no impidió al PAN obtener carro completo en dos de las entidades que gobierna: Baja California y Guanajuato.

En esta última obtuvo su porcentaje más elevado: 42.71, que le permitió obtener la victoria en los 13 distritos.

Asimismo, en Baja California –donde es gobierno desde 1989– fue la primera fuerza, con 38 por ciento de los sufragios, para ganar los ocho distritos electorales.

En San Luis Potosí, donde perdió la gubernatura, el panismo había ganado cinco de los siete distritos electorales, en tanto que en Jalisco se habían confirmado nueve victorias panistas.

En tanto, el PRD había confirmado su victoria en Zacatecas y en los dos distritos de Baja California Sur, donde pudo ratificar su mayoría.

En Michoacán había confirmado su triunfo en siete distritos, y aún no concluía el cómputo en uno de los distritos donde habría ganado, según el PREP.

Por lo que hace a su principal bastión, el Distrito Federal, el perredismo había confirmado 16 victorias, aunque faltaban cuatro distritos por computar, donde disputaba fuertemente con el PT.

Fabiola Martínez y Alonso Urrutia, La Jornada, 10 de julio.

Violenta y agresiva, la reforma al sistema penal, dice Mancera

El procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Mancera, advirtió que la reforma al sistema penal propuesta por el presidente Felipe Calderón, y aprobada por el Congreso federal, es un esquema violento y agresivo. Al participar en el foro organizado en la Cámara de Diputados en torno a la impartición de justicia, el funcionario capitalino expuso que la citada modificación legal busca evitar, desde la perspectiva de las autoridades, el juicio de amparo en el combate a la delincuencia organizada.

Al comentar sus consideraciones sobre la reforma judicial aceptó que si bien contiene un dejo de violencia y agresión, es un primer “esbozo que se tiene que trabajar para disminuir la actividad delictiva. Si revisamos la reforma vamos a encontrar más de una decena de veces el tema de delincuencia organizada; yo no recuerdo que tengamos los tipos penales definidos desde la Constitución, pero bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de qué es lo que se busca con esto, evitar un juicio de amparo, ya que no podemos alegar de inconstitucional algo que está previsto en la Carta Magna”, refirió.

El funcionario desglosó los dos derechos penales coexistentes: el que se aplica a los delincuentes comunes y corrientes, y otro que se emplea con los que hacen del delito su forma de vida. Tales modificaciones, abundó, tienen una doble intención, sobre todo en una serie de iniciativas que buscaron dejar plasmado en la Constitución un nuevo sistema de enjuiciamiento.

También Benito Mirón Lince, secretario del Trabajo del gobierno capitalino, refirió un escenario ominoso para el país: cuando se cuestiona si se conoce a México, se debe responder, “sí lo conozco, pues son tantos millones de personas que viven con menos de un salario mínimo; son cuatro muertes diarias que ocurren en el país por accidentes y por riesgos de trabajo, y en el Distrito Federal fallece un trabajador cada seis días por ese motivo”.

Para la directora del Instituto de la Mujer, del Gobierno del Distrito Federal, Martha Lucía Micher, el acceso a la justicia para el sector femenino no ha sido sencillo, toda vez que los problemas estructurales de las instancias públicas, las prácticas discriminatorias, la repetición de estereotipos sociales, culturales y religiosos, han impedido el pleno ejercicio de este derecho. “No es mentira, las mujeres tienen mucho miedo de denunciar porque sienten que inmediatamente van a ser víctimas de represalias contra su familia, generalmente por parte del agresor”, dijo.

Margarita Rojas Olvera, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, argumentó: “En un país como el nuestro, donde los índices de pobreza y desigualdad son altos, hacen falta mecanismos para que la población de menores recursos pueda acceder en condiciones equitativas a los tribunales”.

Roberto Garduño, La JOrnada, 10 de julio.

Analizan juzgadores la reforma penal

Juriquilla, Qro., 9 de julio. Los jueces y magistrados federales en materia penal del país comenzaron este jueves su reunión anual privada en la que analizarán en tres días cuáles han sido los alcances reales de la aplicación de la reforma constitucional en materia penal propuesta por el presidente Felipe Calderón, avalada por el Congreso el año pasado y publicada en el Diario Oficial el 18 de junio de 2008.

El primer día de trabajos, efectuados a puerta cerrada en un lujoso hotel de esta localidad, resaltó por la advertencia del ministro Juan Silva Meza (quien inauguró el encuentro) de que la reforma penal, si bien produjo “cambios sustanciales en las instituciones” de procuración e impartición de justicia, así como “zonas de avance” en el sistema jurídico nacional, también implica “zonas de peligro” que deben estar bien delimitadas para evitar que sean tocadas las garantías individuales de los mexicanos.

“A siete años de distancia de la entrada en vigor plena de esta reforma, es fundamental (este tipo de mesas de análisis) para encontrar cuáles son los retos y las ventajas del nuevo sistema de justicia, cuáles los detalles en los que se encuentra su zona de avance, pero también sus zonas de peligro”.

Asimismo, el ministro Silva Meza llamó a los juzgadores del país a estar atentos a la “vigilancia irrestricta” de las garantías individuales que protege la Carta Magna, porque los “fines punitivos” de cualquier reforma “no deben estar por encima del respeto a los derechos humanos fundamentales” en cualquier Estado democrático de derecho.

Desde antes de que fuera aprobada la reforma penal por el Poder Legislativo, la oposición, encabezada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), rechazó algunos aspectos de la misma, los cuales no pasaron al final de la discusión legislativa (como el hecho de que se permitiera que los cuerpos policiacos ingresaran a domicilios particulares sin orden judicial).

Durante las jornadas de trabajo de ayer, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora –uno de los principales defensores de las supuestas bondades de la reforma judicial calderonista, que dio paso en México a la aplicación de un modelo penal adversarial, acusatorio y oral, en lugar de uno mixto que operó durante 92 años–, dio lectura a un discurso sobre los alcances de esta modificación constitucional, la más importante desde la promulgación de la Carta Magna de 1917, según palabras del funcionario.

El procurador arribó por la tarde a la sede del encuentro en medio de un discreto operativo de seguridad, se tomó la foto con los participantes y luego dio lectura a su discurso, pero no se quedó a escuchar las conclusiones de la mesa de análisis efectuada este jueves (entre los juzgadores, legisladores y juristas), en la que se puso a debate la viabilidad económica y técnica de la reforma.

Durante su discurso, Medina Mora destacó que hoy por hoy, con la aplicación de la reforma penal, son los jueces y ya no los ministerios públicos o los fiscales, los ejes rectores de la aplicación de la justicia, y dijo que la tarea principal de los juzgadores es “el control” de la aplicación de las normas, bajo el principio del respeto de las garantías constitucionales.

Destacó que uno de los principales puntos del nuevo sistema de justicia penal es el hecho de que, supuestamente, ahora se garantizará a las víctimas y ofendidos por la comisión de un delito la reparación del daño económico o patrimonial que les haya ocasionado un acto criminal.

En los hechos, de acuerdo con cifras del Consejo de la Judicatura Federal, esto no sucede. Sólo una de cada diez personas que es víctima de algún delito del orden patrimonial (robos, asaltos, daño en propiedad ajena o cualquier tipo de fraude) recuperan el monto de sus bienes económicos afectados.

Asimismo, Medina Mora recalcó lo que ha venido diciendo en innumerables foros: que la aplicación del sistema penal acusatorio y oral –que desde hace varios años aplica Estados Unidos y varios países de Latinoamérica y Europa– ayudará al Estado mexicano a ganar la guerra que declaró hace dos años el presidente Felipe Calderón al crimen organizado.

Por la noche, se efectuó una mesa redonda denominada La implementación de la reforma constitucional en materia penal, en la que participaron Juan Silva Meza, (único penalista entre los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación); la magistrada y ex consejera de la Judicatura Federal Elvia Díaz de León, y el senador del PAN Alejandro González Alcocer, otro de los impulsores del nuevo marco jurídico en materia penal.

También estuvieron como panelistas el general Rafael Macedo de la Concha, titular de la PGR en los primeros años del sexenio de Vicente Fox; el diputado Andrés Lozano, y el doctor en derecho Carlos Natarén Nandayapa, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Alfredo Méndez, La Jornada, 10 de julio.

Ha destruido la crisis actual más empleos que las de 1995 y 2001

En los últimos 14 años la economía mexicana ha pasado por tres recesiones, aunque la actual se convirtió ya en la que ha provocado la mayor destrucción de empleos en el sector formal, hecho que implica la salida de millones de personas de los esquemas de seguridad social y dejan de aportar a los fondos para el retiro.

Desde el punto más alto de ocupación en octubre pasado, la recesión en México causó hasta mayo, última información oficial disponible, la destrucción de 700 mil plazas en el sector formal, cifra que supera las pérdidas de empleo durante las crisis de 1995 y 2001, cuando fueron despedidas 550 mil y 300 mil personas, respectivamente, indicaron datos de los institutos Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En la recesión de 1995, cuando el producto interno bruto (PIB) retrocedió a una tasa anual de 6.2 por ciento, la pérdida de empleos en todo el ciclo afectó a 550 mil personas. Mientras, en 2001, cuando el PIB se contrajo 1.4 por ciento, fueron canceladas 300 mil plazas, según los datos oficiales.

“Cada una de estas recesiones tuvo características singulares, lo mismo que la actual”, en cuanto al comportamiento del empleo, comentó Eduardo Torres Villanueva, analista de BBVA Bancomer.

¿Recuperación acelerada?
Por ejemplo, explicó, en la recesión de los años noventa el empleo alcanzó su máximo nivel, al mismo tiempo que la actividad productiva, en el cuarto trimestre de 1994 (la crisis estalló a finales de ese año y se sintió en el siguiente); el empleo recuperó el nivel previo a la crisis al cabo de siete trimestres, en septiembre de 1996, y al PIB le tomó 10 trimestres, en junio de 1997, alcanzar el punto desde donde comenzó a caer.

Después de la de 1995, México experimentó otra recesión, de mucho menor duración e intensidad, en 2001, también afectado por una contracción de la actividad en Estados Unidos.

El especialista de BBVA Bancomer mencionó que el comercio exterior, y en particular la entrada de China a la OMC –con lo que se convirtió en fuerte competidora de México en el mercado estadunidense–, fueron elementos determinantes en el comportamiento del empleo durante 2001. En este caso, la economía tardó dos años en recuperar el nivel previo a la caída, mientras al empleo le tomó cuatro años regresar al punto de partida antes de la crisis.

“Aunque guardando la proporción debida, por las diferencias en las causas y las condiciones de la economía entonces y ahora, el ciclo actual del empleo podría tener más similitudes con 1995 que con 2001. El ajuste ha sido significativo de inicio, pero quizá la recuperación podría ser también un poco más acelerada, al menos cuando se la compara con 2001”, expuso Torres Villanueva.

Un estudio de BBVA Bancomer indica que uno de cada tres asegurados en el sector formal se ubica en el Distrito Federal y el estado de México. Si se agregan Jalisco y Nuevo León, se obtiene 50 por ciento. Con Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Puebla, Tamaulipas, Baja California y Coahuila, con participaciones de entre 4 y 6 por ciento cada uno, el conjunto de estas entidades reúne 85 por ciento de las plazas formales e inscritas al IMSS.

El común denominador, en la mayoría de los casos, es la presencia de una base manufacturera de maquiladoras relativamente importante, y/o un fuerte anclaje del sector automotriz, precisamente la actividad que, por la crisis en Estados Unidos, fue uno de los canales de transmisión de la crisis a México.

Las excepciones, documentadas en el estudio de BBVA Bancomer, son el Distrito Federal, cuya contribución al empleo proviene principalmente de los servicios (en la capital del país están tres de cada 10 empleos en servicios del país), y Veracruz, donde se encuentra la mayor parte de la producción petroquímica y de refinación de crudo. Esto, dice, refleja el alto grado de concentración de la actividad productiva en México: para las 21 entidades que no forman parte de este grupo, la participación en el empleo, de sólo 15 por ciento, es considerablemente inferior a su peso en términos de población: 40 por ciento.

Por sectores de actividad también existe una marcada concentración, de acuerdo con los datos de afiliación al IMSS. El comercio, tanto al mayoreo como al menudeo, representa alrededor de 30 por ciento del empleo formal; las manufacturas agregan 25 por ciento; servicios a empresas y “otros distintos a actividades de gobierno” añaden 12 por ciento; hoteles y restaurantes 8 y construcción 5 por ciento. En estas cuatro grandes actividades se concentran cuatro de cada cinco empleos formales que se generan en el país.

El analista de BBVA Bancomer explicó que, de acuerdo con las estimaciones del grupo, durante todo 2009 la pérdida de empleo afectará a 700 mil personas, la mayor parte en el primer semestre.

Regionalmente, el Distrito Federal y Chihuahua serán las entidades donde la pérdida de empleos será más pronunciada, con alrededor de cien mil plazas canceladas en ambas entidades; las siguen Baja California, Coahuila, Nuevo León, estado de México, Tamaulipas, Jalisco y Sonora. Tres de cada cuatro empleos cancelados a escala nacional durante el presente año se concentrarán en este conjunto de entidades.

Roberto GOnzález Amador, La Jornada, 10 de julio.

Indagará EU abusos de militares mexicanos en la lucha antinarco

Washington, 9 de julio. El zar antinarcóticos, el Departamento de Estado y legisladores expresaron preocupación por las cada vez más numerosas acusaciones de abusos contra derechos humanos –incluidas tortura, desapariciones y violaciones sexuales– cometidos por militares en la lucha antinarco en México.

“Las acusaciones son muy serias”, declaró a la prensa el director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Droga de la Casa Blanca, conocido como zar antinarcóticos, R. Gil Kerlikowske, quien añadió: “Abordé el tema con el gobierno de México y he hablado con el Departamento de Estado”.

Otros altos funcionarios del gobierno de Barack Obama y legisladores demócratas y republicanos también subrayaron que lo reportado es “muy serio”, y se investigará. El gobierno de México podría perder millones de dólares en asistencia estadunidense a la lucha antinarcóticos, si se confirma un extenso patrón de abusos contra derechos humanos bajo las condiciones de la Iniciativa Mérida.

A la vez, altos funcionarios de la Casa Blanca reiteraron hoy su confianza en que el gobierno de Felipe Calderón no sólo está enfrentando a los poderosos y violentos cárteles de una manera sin precedente, sino también avanzando en consolidar las instituciones gubernamentales, controlando cada vez más las amenazas de la corrupción y los abusos contra derechos humanos.

El nuevo secretario asistente de Seguridad Interna encargado de asuntos fronterizos –zar de la frontera–, Alan Bersin, dijo a reporteros que se toma muy en serio estas acusaciones, pero “tenemos que asegurar que existan pruebas… se tienen que conseguir”, y advirtió que “no hay que brincar a conclusiones”. Indicó que algo positivo es que estas cosas “no se están ocultando”, y que México –como lo ha hecho Estados Unidos en otros momentos– está desarrollando las instituciones necesarias para enfrentar estos problemas.

Lo que detonó estas declaraciones fue un amplio reportaje publicado hoy como nota principal del Washington Post, donde se afirma que “el Ejército Mexicano ha llevado a cabo desapariciones forzadas, actos de tortura y redadas ilegales en persecución de narcotraficantes”. El Post reporta que estos abusos de militares mexicanos involucrados en la lucha antinarcóticos impulsada por el gobierno de Calderón, se propagan en diversas partes del país, desde las ciudades fronterizas hasta los campos de cultivo.

El reportaje narra sucesos en lugares como Puerto las Ollas, en Guerrero, donde una víctima cuenta cómo los soldados lo torturaron y golpearon, y también a su sobrino de 13 años de edad, o casos en Tijuana y Ciudad Juárez, donde detenidos fueron torturados para obtener confesiones, o el caso de dos niñas violadas sexualmente por soldados, así como varias redadas y cateos ilegales.

El presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, Edolphus Towns, afirmó hoy en una reunión sobre esfuerzos estadunidenses para enfrentar a los cárteles mexicanos, que mientras se elogia el esfuerzo del gobierno de México al confrontar la amenaza del crimen organizado y su violencia, “hay una nota de primera plana en el Washington Post de hoy con el título ‘México acusado de tortura en la guerra contra la droga’. Tenemos que dejar en claro que los abusos desde el Estado son igualmente intolerables. Buscaré entender más sobre los hechos en relación con este reportaje, al proceder la investigación de este comité”.

El Post señala que el gobierno mexicano reconoce que han ocurrido abusos, pero sostiene que los casos son aislados y hasta indica que los propios narcotraficantes podrían estar acusando al Ejército de tortura y otras violaciones, como parte de su propaganda contra el gobierno.

Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, declaró al Post que existen abusos. “Sé que las fuerzas armadas no están actuando de manera inapropiada, aunque sí ha habido algunos casos. El gobierno honestamente cree eso. No hay incentivos para el abuso”.

El diario señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice tener más de 2 mil quejas sobre el Ejército, unas 140 mensuales durante este año, y que ese organismo ha logrado confirmar 26 casos de abuso, incluida tortura.

Funcionarios estadunidenses afirmaron al Washington Post, como lo hicieron hoy en una audiencia ante el Congreso, que están confiados en que el presidente Felipe Calderón está llevando a cabo una lucha sin precedente contra el narcotráfico, y que dentro de ello está impulsando medidas que mejorarán la efectividad y honestidad, como también el respeto de derechos humanos entre las fuerzas de seguridad.

Voceros del Departamento de Estado declararon a La Jornada que siempre “tomamos muy seriamente toda denuncia de tortura” u otros abusos contra derechos humanos, y “de manera constante discutimos nuestras preocupaciones con nuestras contrapartes mexicanas”. Subrayaron que el presidente Calderón está enfrentando de manera “valiente”, a los cárteles mexicanos, y que en todo ese esfuerzo también se comparte una preocupación de ambos gobiernos por el respeto a las garantías en esta lucha.

Sin embargo, algunos funcionarios estadunidenses indicaron al Post que las acusaciones sobre abusos y la impunidad podrían llevar a que el Congreso de este país congele millones de dólares en asistencia antinarcóticos para México.

Las condiciones de la Iniciativa Mérida, el plan de asistencia antidrogas con un presupuesto total de 1.4 mil millones de dólares, lanzado en 2007, establecen que un 15 por ciento de los fondos no pueden ser entregados hasta que el Departamento de Estado informe al Congreso que México ha avanzado en materia de respeto a los derechos humanos, incluyendo la fiscalización de los acusados de violaciones, la prohibición del uso de declaraciones extraídas por tortura y consultas constantes con agrupaciones de derechos humanos.

Poco más de 90 millones de dólares asignados a México por medio de la Iniciativa Mérida no podrán ser liberados sin que el Congreso acepte las conclusiones del informe del Departamento de Estado; otros 24 millones también están sujetos a estas condiciones en el presupuesto suplementario promulgado por Obama a fines del mes pasado.

Ese informe será entregado al Congreso próximamente, según informaron voceros del Departamento de Estado a La Jornada.

David Brooks, La Jornada, 10 de julio.

Cargos contra militares alarman a Washington

WASHINGTON.— En una audiencia en el Congreso, dedicada a discutir la amenaza de los cárteles mexicanos a la seguridad nacional de Estados Unidos, el zar antidrogas Gil Kerlikowske confirmó ayer una serie de contactos con el gobierno de México y el Departamento de Estado para discutir las denuncias de tortura, desapariciones forzadas y redadas ilegales a manos del Ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico.

“He hablado con el gobierno de México y el Departamento de Estado, porque los cargos (presentados contra el Ejército mexicano) son muy serios”, dijo Kerlikowske, al término de la audiencia en la que las denuncias de abusos del Ejército mexicano, publicadas ayer en un amplio reportaje de The Washington Post, fueron incorporadas de última hora al debate encabezado por el presidente del comité de supervisión de las acciones de gobierno, Edolphus Towns.

“Mientras los esfuerzos de México continúen para contrarrestar la amenaza de los cárteles de la droga, tenemos que dejar muy claro que Estados Unidos no tolerará abusos cometidos en nombre del Estado”, dijo el legislador, en alusión a que este tipo de denuncias comprometan más de 100 millones de dólares en asistencia de EU a México, ya aprobados en la Iniciativa Mérida.

En el reportaje publicado se deja constancia de los testimonios recogidos en la localidad de Puerto Las Ollas, Guerrero, donde las víctimas de amenazas y tortura hablan de los operativos y tácticas que han empleado unidades del Ejército para hacerse de información sobre los narcotraficantes.

La exposición de los supuestos abusos por parte del Ejército mexicano se incorporó así al análisis de la lucha contra los cárteles y obligó a las autoridades de EU a dar la cara por su aliado y vecino del sur, en una guerra donde el respeto de los derechos humanos se ha convertido en caballo de batalla de organizaciones humanitarias.

“Pensamos que esto demuestra que el tema de los derechos humanos tiene que seguir en la mesa de las negociaciones y que las futuras asignaciones de la Iniciativa Mérida tienen que poner un mayor énfasis en este terreno, en la reforma del aparato judicial y en la necesidad de profesionalizar a la policía y sacar al Ejército de esta lucha”, consideró Maureen Meyer, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA en inglés), presente en la audiencia.

A su vez, el zar de la seguridad fronteriza, Alan Bersin, aseguró que aunque los alegatos contra el Ejército mexicano “son muy serios y nos los estamos tomando muy en serio”, pidió no adelantar conclusiones antes de que su país certifique la actuación del Estado mexicano y sus Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos. “Tenemos que tener primero las pruebas antes de tomar cualquier decisión de recortar fondos” a la Iniciativa Mérida, insistió.

Jaime Hernández corresponsal, El Universal, 10 de julio.

Amplia diferencia entre encuestas

De acuerdo con los resultados obtenidos en encuestas aplicadas por firmas especializadas y medios de comunicación días antes de las elecciones del 5 de julio, se adelantó que el PAN obtendría el triunfo en Sonora, y el PRI en la Cámara de Diputados, aunque con marcadas diferencias entre las distintas casas encuestadoras.

Berumen/EL UNIVERSAL dio el triunfo al PAN en la elección para gobernador en Sonora exactamente con las cifras que arrojó la elección del 5 de julio: con 49% para el PAN, 45% para el PRI, 4% para el PRD y 2% para otros partidos políticos.

En cuanto a los resultados que se obtuvieron en la elección de diputados federales, fueron más notorias las diferencias entre las casas encuestadoras, y prácticamente ninguna de las encuestas coincidió con los que se contabilizaron en el PREP.

Si bien el diario Reforma y BGC ofrecieron la previsión que más se acercó a los valores absolutos finales, fue EL UNIVERSAL el que mejor anticipó la distancia entre el PRI y el PAN (9.3 puntos según el PREP, 8.6 según EL UNIVERSAL), y entre el PAN y el PRD (17 puntos según el PREP, 18.3 según EL UNIVERSAL).

La suma de las diferencias entre primero y segundo lugar, y segundo lugar con respecto al tercero, muestra a EL UNIVERSAL de nuevo a la cabeza de las empresas encuestadoras: sólo una diferencia de dos puntos frente a los resultados finales, seguido de BGC, con 4.5 puntos de diferencia; Mitofsky con 5.6, Reforma y Milenio con 6.3, Buendía con 7.3, y GEA-ISA con 10.3 puntos.

Hasta anoche, el cómputo de los 300 distritos electorales del país registraba un avance de 99.61% y sólo faltaban por contabilizar los votos de 496 casillas en 10 entidades, sin que se hayan dado cambios significativos en los resultados.

Según el IFE se habían contabilizado 138 mil 644 casillas de las 139 mil 140 instaladas.

Las entidades donde aún se mantiene el cómputo son Baja California Sur con 99.75%; Chiapas con 99.75; Distrito Federal con 98.59; Guanajuato con 99.97; Jalisco con 99.99; estado de México con 98.63; Michoacán con 98.89; Puebla con 99.97; Sonora con 99.60, y Tabasco con 98.59%.

El Universal, 10 de julio.

PRI prevé lograr mayoría absoluta en San Lázaro

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) alcanzará 42 escaños plurinominales, luego de que sus candidatos ganaron 137 distritos y 44 más en alianza con el PVEM, convirtiéndose así en la primera fuerza política de la próxima legislatura.
Las ecuaciones de representación proporcional del PRI arrojan que tras haber obtenido 36.68% del total de la votación le corresponden 78 diputaciones plurinominales.

“El PRI cuenta con 137 candidatos ganadores y 44 ganados a través de la alianza Primero México que conformó con el PVEM, al cual le corresponderían seis diputaciones de las 50 obtenidas.

“Sin embargo, existe la coordinación de sobre-representación que marca la ley. Ningún partido político podría tener más de 300 diputaciones.

“En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje de total de la Cámara baja que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida en las urnas.

“Aplicando lo anterior, el PRI sólo podría contar con 36.68% de votación nacional más 8% que permite la ley, dando 44.6% del total de la Cámara, quedando con 181 diputados electos por Mayoría Relativa.

“Y 42 diputados por el principio de Representación Proporcional para llegar a 223 diputados que representan 44.6% de la Cámara”, según documento en poder de Notimex.

Según las ecuaciones, en la primera Circunscripción electoral le corresponden ocho diputados plurinominales, en la segunda 10 escaños.

En la tercera Circunscripción alcanzó nueve diputaciones plurinominales, en la cuarta cinco escaños, y en la quinta nueve espacios, para sumar 42 curules.

De acuerdo con la lista del PRI alcanzaron una diputación plurinominal por la primera Circunscripción, Rafael Yerena Zambrano, María Esther Sherman Leaño, Humberto Lepe, Yolanda de la Torre, Jesús Alberto Cano y María Hilaria Domínguez Arvizu.

Además de Óscar Levin Coppel, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Alfredo Villegas Arreola y Graciela Ortiz.

En la segunda Circunscripción obtuvieron un escaño por esa vía, Cruz López, Margarita Gallegos, Tereso Medina, Yulma Aguilar, Carlos Flores y Jesús María Rodríguez. (Notimex)

El Universal, 10 de julio.

Twitter, herramienta ideal para divulgar la ciencia: expertos

LA JOLLA, California.— Aunque algunas nuevas tecnologías son un arma de doble filo, han demostrado también su eficacia en la divulgación del conocimiento. Internet por ejemplo puede dar a conocer a mucha gente un nuevo descubrimiento científico, pero también existen sitios que no lo den a conocer de manera correcta.

“Emplea bien la herramienta y podría salir algo bueno”, dijo Lynne Friedman, editora de la revista ScienceWriters a periodistas latinos que toman el sexto Taller Jack F. Ealy de Periodismo Científico en el Instituto de las Américas, organismo que alberga la Universidad de California en San Diego.



“Leí hace poco que Twitter puede ser una nueva herramienta muy importante porque puede dar a conocer un acontecimiento de manera inmediata; hace poco hubo una nevada en Estados Unidos que dejó atrapada a mucha gente en sus casas; un periodista lo divulgó en Twitter y recibió muchos mensajes de la gente atrapada; de esta manera los entrevistó y los ayudó desde el exterior a rescatarlos”, contó Friedman.



Twitter es una red social en internet que consiste en “postear” (escribir) textos de máximo 140 caracteres para informar algo, desde el estado de ánimo del usuario hasta una noticia importante y/o proporcionar el link web para que los interesados lean la noticia o el reportaje completo. La red suma millones de usuarios en todo el mundo y tiene un ritmo de crecimiento del 300% anual.



“Las nuevas tecnologías, como Facebook, Twitter o los blogs, no están excluidas de los medios tradicionales, si las usamos para apoyar nuestro trabajo de periodismo científico entonces utilícenlas pero de manera correcta”, recomendó Friedman.



Sin embargo, alertó sobre la práctica de dar a conocer estudios científicos o cualquier otra noticia relacionada con la medicina o el medio ambiente de manera inmediata a través de internet sin antes consultar con los expertos si es verdad o cuáles serían las implicaciones para la humanidad.



La editora de ScienceWriters y también investigadora científica explicó a los periodistas que antes de publicar una nota sobre ciencia hay que tomar en cuenta aspectos como fascinación, el público, la relevancia y la confiabilidad.

Hugo Arce Barrueta enviado, EL Universal, 10 de julio.

A pesar de todo, el narco crece: EU

Durante 2009, la violencia en México ha crecido “a niveles sin precedentes” y “alarmantes”, con cerca de 3 mil 500 ejecuciones, ante los embates de los cárteles de la droga, que “siguen siendo poderosos y están evolucionando”, ya que han expandido sus actividades a delitos como el secuestro y la extorsión, incluso con el uso de grupos paramilitares.

Este es el escenario que plantea el informe que presentó ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Cámara de Representantes, en el que se reconoce la necesidad de reforzar la estrategia contra las organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera, ya que, establece, representan una seria amenaza a la seguridad binacional.

En el documento, titulado “El aumento de los cárteles mexicanos de drogas y la seguridad nacional de Estados Unidos”, se detalla que “el alarmante incremento de la violencia en México” es responsabilidad de un número “limitado de grandes y sofisticadas organizaciones criminales”, que buscan mantener el control de sus territorios para hacer llegar sus cargamentos de droga a los consumidores locales, pero también a los mercados estadounidense y europeo.


Cada vez más sanguinarios


Se indica que las ejecuciones relacionadas con las drogas en México “se duplicaron de 2006 a 2007, y para 2008 la cifra llegó a alrededor de 6 mil 200 asesinatos, de los cuales en casi 10% las víctimas fueron policías, mandos y militares”, mientras que este año, “hasta la fecha se han producido unos 3 mil 500 crímenes”.

El diagnóstico señala que “la violencia relacionada con las drogas, incluidos los secuestros y asesinatos, cada vez más cruentos, se ha disparado en los últimos años en México, especialmente a lo largo de la frontera con los Estados Unidos. Los narcotraficantes mexicanos y hasta algunas de sus autoridades también están participando en otros delitos violentos”, afectando también a comunidades en territorio estadounidense.

Aunque la violencia en México ya existía, las autoridades de Estados Unidos advierten que “el derramamiento de sangre ha aumentado en los últimos meses a niveles sin precedente, ya que los cárteles utilizan la violencia como instrumento para socavar el apoyo público al gobierno mexicano”, por lo que consideran que parte de esta estrategia de los capos incluye exhibir los cuerpos de las víctimas que han sido torturadas o mutiladas.

A pesar de este panorama que plantea el reporte, también sostiene que “una parte considerable de este aumento de la violencia en realidad refleja los progresos realizados por los gobiernos de México y los Estados Unidos en perturbar las actividades de los cárteles de la droga”, pues se asegura que los grupos afectados han respondido en represalia a los golpes que se les ha asestado; además de que, en el caso de los capos detenidos, sus sucesores ahora se disputan el control de las plazas para el trasiego de droga, lo que ha derivado en violentos enfrentamientos.


‘Mea culpa’


Sin embargo, también se reconoce que el desafío para lograr neutralizar a estos grupos criminales es grande, ya que se acepta que “las organizaciones de tráfico de drogas siguen siendo poderosas y siguen evolucionando, por lo que estamos decididos a encontrar nuevos métodos para combatirlos”, como detener el flujo de armas y dinero desde Estados Unidos, ya que se reconoce que “gran parte de la violencia y la corrupción en México es alimentada por estos recursos que vienen de nuestro lado de la frontera”.

El documento señala que “estas organizaciones y sus grupos paramilitares dependen de estas armas de fuego y municiones —que en su mayoría llegan de Estados Unidos— para el control de lucrativos corredores de contrabando de drogas a lo largo de la frontera”.

Destaca que diversos organismos estadounidenses ahora trabajan de manera más coordinada para frenar el tráfico de armas y dinero hacia México, pues la violencia que se registra ahora en el país “tiene graves efectos directos en los Estados Unidos”, ya que los grupos del crimen organizado que operan en territorio mexicano representan “la mayor amenaza a su seguridad nacional”.

Silvia Otero, EL Universal, 10 de julio.

Amenazan a reportero de BCS por exhibir pruebas de delitos electorales

Cuauhtémoc Morgan Hernández, reportero de un medio de circulación local, denunció que ya ha recibido amenazas de agentes del gobierno estatal luego de que hizo público la noche del pasado domingo 5 de julio el descubrimiento de credenciales de elector que estaban escondidas en las oficinas del Sistema de Agua Potable de Los Cabos.

Ante tal situación, Morgan Hernández solicitó el respaldo de los medios de comunicación locales, ya que el gobierno perredista de Baja California Sur no es la primera vez que hostiga a periodistas de diferentes maneras, “desde el lunes he recibido amenazas, me dicen que me cuide porque me van a madrear, no dudo que sean personas del gobierno estatal o municipal o sean porros del PRD”.

El reportero local logró documentar evidencias de que en las oficinas de SAPA de Los Cabos, cuyo titular es Antonio Agúndez Montaño (hermano del gobernador Narciso Agúndez Montaño), se encontraban escondidos cientos de credenciales de elector; asimismo, pudo documentar un video donde se observa a funcionarios de la administración municipal de Los Cabos acarreando a votantes en la jornada de elección del domingo.

“Tuve que concluir mi trabajo cuando vándalos contratados por el gobierno chocaron mi automóvil; me fui a editar el video y fue cuando recibí un correo electrónico donde se me avisaba de las credenciales escondidas en las oficinas del agua potable”, expresó Morgan.

A raíz de ese descubrimiento, el reportero dijo que recibió amenazas de personas identificadas con el gobierno perredista de Baja California Sur, “por eso responsabilizo al gobernador Narciso Agúndez Montaño”.

Pedro Juárez en San José del Cabo, Crónica, 10 de julio.

Aprueba Cámara baja de EU última partida para la Iniciativa Mérida

Con 318 votos a favor y 106 en contra, la Cámara baja de Estados Unidos aprobó otorgar a México la última partida de la Iniciativa Mérida, que es de 235 millones de pesos.

Se espera que esta última partida, que forma parte de los mil 355 millones de dólares para ayudar a México en la lucha contra el narcotráfico, sea entregada para el próximo año.

De ese monto, aprobado ayer por la noche, 205 millones serán destinados para modernizar la base de datos del Instituto Nacional de Migración y comprar equipos de revisión para Aduanas de México y la Policía Federal, entre otras cosas.

20 mdd se destinarán para apoyar los esfuerzos del gobierno y de organismos no gubernamentales en México para impulsar las reformas al sistema de justicia penal, garantizar la gobernabilidad y robustecer a la sociedad civil.

Según la ley de Gastos del Departamento de Estado y Operaciones Internacionales, la cual fue aprobada ayer, otros 10.5 mdd entrarán en la cuenta de Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés), de los que 15 por ciento sólo se entregarán hasta que el Departamento de Estado presente un informe sobre derechos humanos en México.

Aún se debe esperar la aprobación en el Senado.

Crónica, 10 de julio.

Candidato del PRI sí le ganó a Zapata Perogordo

El Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí confirmó que Fernando Toranzo, candidato por el PRI a la gubernatura, obtuvo la mayoría de votos, 3.46 por ciento arriba del panista Alejandro Zapata Perogordo.

El presidente del Consejo Estatal Electoral, Rodolfo Aguilar, concluyó que Zapata Perogordo obtuvo 402 mil 534 sufragios, el 41.92%, mientras que el candidato del PRD, Juan Ramiro Robledo, alcanzó 82 mil 310 votos, 8.57%.

En cuanto a Fernando Toranzo, su triunfo lo obtuvo con 435 mil 768 votos, el 45.48 por ciento del total de sufragios emitidos.

En un comunicado, Alejandro Zapata Perogordo admitió su derrota en las elecciones del pasado domingo tras señalar que “no son momentos de confrontación, pero tampoco de claudicación”.

Acompañado de su esposa y sus hijos, así como del senador Santiago Creel y el presidente del PAN estatal, Héctor Mendizábal, Zapata Perogordo leyó un comunicado en el que enfatizó que el proceso electoral en la entidad “estuvo cargado de sospechas, indefinición, desinformación, falta de transparencia y fallas que deberán aclararse ante la ciudadanía y serán responsabilidad del Consejo Estatal Electoral”.

Durante su mensaje ante los medios de comunicación, el panista dijo que mantendrá un liderazgo político por los potosinos que votaron por él y “estaremos vigilantes de lo que se haga desde el gobierno y particularmente exigiremos honestidad, transparencia, información y eficacia”.

Crónica, 10 de julio.