Ofrecen apurar reforma penal

El nuevo sistema de justicia penal estará plenamente implementado en 2016, como lo establece la Constitución, a nivel federal y en las 32 entidades del País, aseguró María de los Ángeles Fromow, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec).

"Desde el momento en que el Presidente me dio la posibilidad y me honró con el encargo de cumplir con esta meta del 2016, y con instrucciones directas del Secretario de Gobernación de que no habrá absolutamente ninguna prórroga, yo tengo que trabajar para que esto sea una realidad, y ese es el compromiso que tengo que cumplir", señaló.

La semana pasada, el ministro José Ramón Cossío advirtió que México se dirige a una crisis de Estado debido a que la reforma al sistema de justicia penal, que fue aprobada en junio de 2008, no ha sido implementada en la mayoría de los estados ni a nivel federal, pues sólo restan poco más de tres años para cumplir con el plazo que se estableció.

Fromow, quien asumió la titularidad de la Setec el pasado 15 de enero en sustitución de Felipe Borrego, aseguró que desde ese día trabaja para acelerar el proceso de implementación, primero, a través de un diagnóstico que permita evaluar el grado de avance; segundo, aprovechando las experiencias de los estados que van más adelantados, y tercero, a través de una asignación de recursos más eficiente y transparente.

"Es un trabajo que tenemos que realizar de manera rápida, que lo estamos haciendo ya. Lo iniciamos desde el primer momento que llegué, convocando a todos los estados, y les estamos pidiendo la información completa de dónde ellos ven las oportunidades, dónde ven los riesgos, dónde ven las debilidades, donde pueden ellos generar esta planeación y que requieren de algo en especial por parte de la Federación", indicó.

Fromow señaló que a la fecha son tres estados donde el nuevo sistema de justicia penal opera totalmente: Chihuahua, Morelos y Estado de México; en 10 tiene una operación parcial: Tabasco, Chiapas, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Yucatán, Oaxaca, Puebla, Guanajuato y Baja California.

En tanto que en siete, que son Tlaxcala, Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y San Luis Potosí, comenzará aplicarse durante este año, y en Sonora y San Luis Potosí se tiene previsto iniciar su operación en 2014.

El resto de las entidades, indicó en entrevista, van más atrasadas, pues algunas apenas elaboran el proyecto del nuevo Código de Procedimientos Penales -Distrito Federal y Colima-; otras lo tienen en discusión en sus congresos -Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Jalisco, Nayarit y Querétaro-, o está pendiente de entrar en vigor -Hidalgo-.

La implementación en estos últimos estados, dijo Fromow, puede darse más rápido que en aquellos que fueron los pioneros, pues ya se cuenta con experiencia de lo que funciona y de los riesgos que se deben cuidar.

"Creemos que la ruta de aprendizaje puede ser, para aquellos estados que están iniciando, mucho menor si tomamos la posibilidad de que los estados que van más avanzados ayuden a los mismos y les compartan sus sistemas tecnológicos, sus sistemas de operación, de gestión, y que incluso la planeación pueda ser mucho más eficaz y más acelerada", indicó.

A nivel federal, agregó, ha sostenido reuniones con las instituciones implicadas: la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial y la Secretaría de Enlace Legislativo de Gobernación, para acelerar los trabajos que están en proceso, como son la capacitación y el impulso al Código Federal de Procedimientos Penales.

En el caso de dicho código, recordó, la intención es que sirva de eje para las entidades federativas, ya sea mediante la adopción de un código único, lo que requeriría de una reforma constitucional, o bien, como un modelo de referencia.

Flexibilizan reglas
Las reglas para acceder a los 458 millones de pesos que este año están presupuestados para apoyar la implementación de la reforma de justicia penal fueron modificadas para hacerlas más eficientes y garantizar que los recursos impacten de mejor manera en los beneficiarios, aseguró Fromow.

Estas nuevas disposiciones, indicó la titular de la Setec, contemplan variables como la cantidad de población, el índice delictivo y el avance en la adopción del nuevo modelo de justicia.

"Estamos haciendo algunos cambios para ser mucho más ejecutivos. ¿En qué sentido? En que queremos determinar de acuerdo con una fórmula muy transparente que tiene que ver con población, con incidencia delictiva y con avances en la implementación del sistema, con esa fórmula determinarles a los estados concretamente cuánto les corresponde a cada uno", explicó.

La cantidad que se fija, abundó, es un tope máxima al cual pueden aspirar presentando los proyectos prioritarios que tienen programados para este año.

Los 458 millones de pesos del fondo, que fueron etiquetados por la Cámara de Diputados en la ley del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, reconoció Fromow, son una cantidad pequeña para lo que se requiere, pero se buscará que sea aprovechado de la mejor manera.

"El subsidio, si se divide la cantidad de 458 millones entre las 32 entidades, pues es una cantidad muy pequeña comparada con otros fondos a los que pueden acceder, pero este es un fondo semilla, que lo que trata es impulsar a las entidades a generar el sistema, pero no significa que vaya a cubrir la implementación, es una parte", señaló.

Las nuevas reglas, dijo la funcionaria, ya fueron aprobadas por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) y próximamente serán dadas a conocer, por lo que entre marzo y abril los estados podrán solicitar la entrega de los recursos.

Rolando Herrera, Reforma, 26 de febrero.

Urgen a aplicar juicios orales

CHIHUAHUA.- El Presidente Enrique Peña Nieto demandó al Congreso, a las dependencias federales involucradas y a los estados acelerar la instrumentación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

En su primer encuentro con la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), el Mandatario federal advirtió que para aterrizar su nueva estrategia contra el crimen organizado el fortalecimiento de las instituciones de procuración y administración de justicia es fundamental.

Y ello, aclaró, implica cumplir con los pendientes de la reforma penal que se aprobó en el 2008.

"Porque al paso de los años podemos asegurar que la mayor seguridad que debemos brindar a la población no puede depender solamente de tener más policías, de tener al mejor equipo con las armas de sofisticación para enfrentar al crimen organizado, se trata de un mayor fortalecimiento institucional en áreas de procuración de justicia y de administración de justicia.

"Por ello la importancia de lograr lo más pronto posible la debida instrumentación del sistema de justicia penal acusatorio, que permita tener juicios justos, mucho más pronto y expeditos como nuestra Constitución lo consagra", apuntó.

REFORMA publicó que luego de 4 años y 8 meses de haber sido publicada, la reforma penal aún no opera ni a nivel federal ni en la mayoría de las entidades.

En el patio central del Palacio del Ejecutivo, rodeado por 29 Gobernadores, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Ejecutivo estatal electo de Jalisco, Aristóteles Sandoval, Peña Nieto anunció que habrá reuniones cada mes para revisar los avances en todos los rubros de seguridad y procuración de justicia.

Antes, en el encuentro privado que sostuvo con los Gobernadores, Peña Nieto mostró su preocupación por el atraso en la implementación de la reforma, sin embargo, algunos Mandatarios estatales argumentaron que se debe a la falta de recursos.

El Presidente los exhortó a no dejar en manos de la Federación la carga financiera y hacer un esfuerzo en sus arcas locales para que en los tres años que tienen como límite, puedan entregar buenas cuentas.

 
 
FEDERALISMO ARTICULADO
 
El primer ex integrante de la Conago convertido en Presidente de la República pide a quienes fueron sus pares un federalismo articulado.

En el discurso de 23 minutos del Presidente de la República, las palabras que predominan es coordinación y corresponsabilidad para resolver problemas en los que no hay avance, principalmente en seguridad, infraestructura y combate a la pobreza.

Este nuevo concepto de federalismo articulado, el Mandatario federal lo resume a su forma: una visión compartida en la que juntos determinen cuáles son los temas prioritarios; coordinación en la que quede claro cuáles son los ámbitos de competencia y responsabilidad de cada uno; y corresponsabilidad a través de un mecanismo de dialogo entre ambos niveles de gobierno.

"Que nos permita, más allá de orígenes partidarios que tenga cada gobierno, más allá de la visión política que siempre será respetable, encontrar esfuerzo compartido para, insisto, alcanzar los grandes objetivos que como País tenemos por delante", dijo.

Luego el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio los nombres de los secretarios de Estado que serán enlaces con los Mandatarios estatales, en las 12 entidades en las que el Gobierno federal dividió al País para una mayor eficiencia en la implementación de programas y obras.

El primer encargo de los encargados será definir las acciones conjuntas de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, en la que, afirman, quieren cambiar el rostro a 400 municipios.

No hubo señalamientos directos contra la interlocución del su antecesor Felipe Calderón, pero los Gobernadores advirtieron que existe una mejor relación de las fuerzas políticas y del Gobierno federal por construir una agenda común.

"Señor Presidente, se percibe una nueva actitud al inicio de su Gobierno, ha despertado en la sociedad un renovado optimismo", señaló el nuevo presidente de la Conferencia, Mario López, Gobernador de Sinaloa.

Érika Hernández enviada, Reforma, 19 de febrero.

Urge Peña a sacar la reforma penal

CHIHUAHUA.- El Presidente Enrique Peña hizo un exhorto al Congreso y a los estados a acelerar la instrumentación de la reforma penal de 2008.

"Se trata de lograr un mayor fortalecimiento institucional en áreas de procuración de justicia y en administración de justicia. Por eso, la importancia de lograr lo más pronto posible la debida instrumentación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que permita tener juicios justos, mucho más prontos y expeditos, como nuestra Constitución lo consagra", dijo el Mandatario en su primera reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

REFORMA publicó ayer que, luego de cuatro años y ocho meses de haber sido publicada, la reforma penal aún no opera ni a nivel federal ni en la mayoría de las entidades.

En la Conago, los Gobernadores y la Presidencia de la República pactaron concretar la Policía Estatal Acreditable con Mando Único.

Peña dijo en su discurso que quedan reformas pendientes en las que deben trabajar las entidades, como los códigos penales únicos, por lo que consideró como un paso importante la decisión de este órgano estatal de avalar el Mando Único Policial.

Por ello instruyó al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a revisar todos los mecanismos legales para poner en marcha este plan.

Peña aclaró que es necesario un federalismo articulado que permita una nueva visión compartida y una coordinación que deje claros los ámbitos de competencia para que nadie se sienta marginado, además de una corresponsabilidad en las acciones.

 
 
 
Avanza lento
 
Sólo tres estados han implementado plenamente la reforma penal en México.

Chihuahua
· Morelos
· Estado de México
 
 
Entidades que reportan cero avance:
 
· Distrito Federal
· Aguascalientes
· Baja California Sur
· Campeche
· Colima
· Guerrero
· Jalisco
· Nayarit
· Querétaro
· Sinaloa

Érika Hernández enviada, Reforma, 19 de febrero.

Exigen ONG a entidades exhibir avances sobre sistema penal

Organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a cada entidad federativa para que publiquen en la página web www.reformapenalmexico.org los avances que tienen para la implementación de la reforma penal.

En conferencia de prensa señalaron que el sistema penal acusatorio sólo está vigente en Chihuahua y el Estado de México; mientras que en Oaxaca, Baja California, Zacatecas, Durango, Morelos, Yucatán y Chiapas se aplica de forma parcial.

El resto, incluido el Distrito Federal, están en diferentes etapas de preparación y aún no inicia su aplicación.

En ese sentido, representantes del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y la Red por los Derechos de la Infancia en México, dieron a conocer la campaña "Reforma penal México. con un clik".

Será por medio de la página www.reformapenalmexico.org en la que el ciudadano podrá enviar cartas a los gobernadores, tribunales de justicia y congresos locales para exigirles se comprometan con la aplicación de la reforma penal, que publiquen su plan de acción y sus avances.

La propuesta fue dada a conocer por Margarita Griesbach, directora de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia; Rocío Culebro, directora Ejecutiva del Instituto Mexicano por los Derechos Humanos y la Democracia, así como Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia.

"Es indispensable la clara exigencia para que se dé cumplimiento a tan necesaria reforma que representaría además un avance en materia de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas del delito y sus familias, ya que entre otros cambios, la reforma plantea sistemas más ágiles y juicios orales, que contribuirían a garantizar el derecho de niñas y niños al acceso a la justicia", mencionaron.

Agregaron que la reforma puede ser el cambio más importante para hacer efectiva la justicia penal en nuestro país, sin embargo hace falta más difusión por parte del estado y de la participación de la ciudadanía.

Dennis A. García, La Crónica, 19 de febrero.

Oralidad no es panacea.- TSJ

 Aunque muchos capitalinos consideran los juicios orales un sinónimo de una mejor justicia, no son la panacea que se cree, advirtió en entrevista Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia local (TSJDF).

"Hay mucha expectativa de la gente y no tengo duda de que va a ser muy descorazonador porque están pensando que esto va a ser la gran panacea y no lo es", aseveró el magistrado.

"Los juicios orales implican un proceso de maduración que va a tomar muchos años. La Policía tiene que cambiar su mentalidad, su forma de actuar, profesionalizarse todavía más. Los jueces lo mismo, tienen que cambiar su mentalidad; los abogados postulantes, es un cambio radical".

El 7 de enero, tras la inauguración de las 20 salas de oralidad civil mercantil en el edificio de Fray Servando 32, Elías Azar acotó que han faltado voluntad política y recursos para concretar la transición al sistema penal acusatorio.

"La parte penal implica centenas y centenas de millones de pesos, porque son edificios que hay que construir ad hoc para este tema y hay que hacer una infraestructura, hay que hacer desde los mismísimos edificios", advirtió.

Otro de los pendientes del Tribunal, reconoció el titular del Poder Judicial capitalino, es la oralidad civil familiar, que se espera implementar en breve.

El problema que representa este tema, apuntó Elías Azar, es que será necesario transformar 17 pisos y construir las salas orales, unas 100 aproximadamente, además de resolver lo tocante a la parte sindical, lo que tomó cerca de 5 años con los juzgados de oralidad civil.

"En menos de seis meses, espero, antes de que termine este año, estamos inaugurando las primeras salas familiares", precisó.

La implementación de los juicios orales civiles y mercantiles que serán para asuntos que no excedan un valor de 520 mil 900 pesos, ha enfrentado dudas y resistencia por parte de los usuarios.

Cipriano, un litigante, dijo que el nuevo proceso es el mismo de los juicios sumarios.

A finales de 2011, al solicitar el presupuesto del año pasado, Elías Azar, señaló que se necesitarían 75 millones de pesos para la justicia oral civil y mercantil, 210 millones de pesos para la justicia oral familiar y 446 millones 700 mil pesos para cinco juzgados de ejecución de sanciones penales, de los que actualmente sólo funcionan dos.

En noviembre pasado el anterior Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, señaló que implementar el sistema acusatorio en el DF requeriría 11 mil millones de pesos hasta el 2016.

Ruth Zenteno, Reforma, 18 de febrero.

Avanzan sólo tres Estados

La reforma penal en México tuvo avances importantes en 2012, pero sólo a nivel de aprobación de códigos procesales, mientras que en la práctica, solo tres Estados la han implementado en todo su territorio.

Matt Ingram, profesor de la Universidad Estatal de Nueva York que sigue a detalle el tema, destacó en un reporte de diciembre que en 22 entidades ya existe la legislación en la materia, pero sólo en 12 se ha iniciado con la operación del sistema, aunque sea parcialmente.

"La operación real de estas leyes va atrasada, y en 2012 siguieron destacando algunas debilidades persistentes para la implementación de la reforma, y para la posibilidad de rastrear sus avances de manera efectiva", dice el estudio.

Para Ingram, el Estado más destacado en este proceso es Chihuahua, no sólo porque la reforma ya opera en todo su territorio y para casi todos los delitos, sino por la generación de información y la transparencia con la que está funcionando.

"Nuevo León, que tiene la reforma más vieja, sólo procesa menos del 10 por ciento de los casos bajo el nuevo sistema, por eso ha sido decepcionante para muchos observadores", mencionó.

Consideró que la principal resistencia a la reforma proviene de "élites legales", entre ellas jueces, fiscales y litigantes, que pueden verla como un reto a su poder y prestigio, aunque también de sectores de la opinión pública que la consideran demasiado benigna con la delincuencia.

En cuanto a la propuesta del Presidente Peña Nieto para un Código de Procedimientos Único para todo el País, el profesor advirtió que se corre el riesgo de ignorar las mejores prácticas y experiencias de los 12 Estados en donde el nuevo sistema ya opera.

Reforma, 18 de febrero.

Apremia Ministro la reforma penal

El Ministro José Ramón Cossío prendió la alerta ante el peligro que se corre de que el nuevo sistema penal no estará listo a tiempo, luego que la reforma constitucional fue publicada en 2008, lo que puede llevar a mayores niveles de impunidad, o a una contrarreforma con el argumento de que los juicios orales fueron un error por ser contrarios a la tradición jurídica mexicana.

La reforma penal fue publicada en junio de 2008, con un plazo de ocho años para aplicarla, pero a cuatro años y ocho meses el sistema acusatorio aún no opera a nivel federal ni en la mayoría de los Estados, y el Congreso no parece tener en su agenda de prioridades para este periodo de sesiones la aprobación del Código de Procedimientos Penales indispensable para que los cambios se hagan realidad.

"Uno sí echa en falta que muchas de las personas que en su momento promovieron el cambio Constitucional no hayan seguido la agenda de ocuparse de los detalles", lamentó en entrevista Cossío, integrante de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo órgano de decisión jurisdiccional en materia penal.

Hasta noviembre pasado, 12 Estados trabajaban con el nuevo sistema de justicia, tres de ellos al 100 por ciento y 9 en fase de implementación, de acuerdo con cifras de la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Otras 10 entidades tienen el Código aprobado en sus congresos, pero en ocho entrará en vigor este año, lo que elevaría a 20 el número de Estados que a mediados del 2013 estarán en etapa de implementación de los juicios orales.

El Ministro Cossío advirtió que no parece haber claridad sobre la profundidad que estas modificaciones implican, a su juicio, las más serias para el sistema legal desde el Siglo 19, o sobre el hecho de que la reforma no es meramente judicial, sino sobre todo, una reforma a los métodos de trabajo de las Policías, los agentes del Ministerio Público y los servicios periciales.

"No se ha pensado en cómo vamos a tener una Policía científica", expresó Cossío. "La mayoría de los Estados no cuentan con buenos servicios periciales, de forma tal que sustentar acusaciones sin ese sólido fundamento de servicios periciales es muy inadecuado. Y tampoco veo que los (agentes) del Ministerio Público estén capacitados y se les esté capacitando para que tengan conocimiento en todas estas materias de ciencia".

"Si estos juicios no pueden ser sustentados en acusaciones sólidas, con evidencias sólidas, pues entonces con el amparo y bajo presunción de inocencia vamos a tener que liberar a muchas personas, y el pagano de toda esta fiesta puede ser el Poder Judicial Federal, que en cuatro o cinco años puede estar en una crisis muy seria".

El llamado de Cossío se suma a otros de figuras de la justicia federal que desde hace por lo menos dos años han insistido en concretar la reforma penal.

En diciembre, el Presidente de la Corte, Juan Silva Meza, alertó sobre el tema durante la primera semana de Enrique Peña Nieto como titular del Ejecutivo, y calificó de "alarmante" la asimetría en la implementación de la reforma, incluso entre Estados donde ya funciona, pero con muy diferentes grados de avance, cobertura territorial y detalles de operación procesal.

Víctor Fuentes, Reforma, 18 de febrero.

Traban reforma penal

Luego de 4 años y 8 meses de haber sido publicada, la reforma penal aún no opera ni a nivel federal ni en la mayoría de las entidades.

Y el tiempo se agota, pues, al momento de ser publicada, la reforma tenía un plazo de ocho años para ser aterrizada.

A este respecto, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia José Ramón Cossío advirtió que el País se dirige a una crisis de Estado si no se logra concretar los cambios jurídicos y operativos necesarios para aplicar la reforma, que establece el sistema acusatorio y los juicios orales.

Además, el Congreso de la Unión no parece tener en su agenda, para este periodo de sesiones, la aprobación del Código Federal de Procedimientos Penales, que es la norma secundaria más importante de la reforma y el indicador que refleja el verdadero avance del nuevo sistema de justicia a niveles estatal y federal.

Matt Ingram, profesor de la Universidad Estatal de Nueva York, quien sigue con detalle el tema, destacó en diciembre en un reporte que ya existe legislación en la materia en 22 entidades, pese a lo cual sólo en 12 se ha iniciado con la operación del sistema oral, aunque sea parcialmente.

El Ministro Cossío indicó que la reforma incide sobre los métodos de trabajo de las Policías, los agentes del Ministerio Público y los servicios periciales.

Por ello, aseveró, se corre el riesgo de que crezcan los niveles de impunidad o incluso de una contrarreforma constitucional bajo el argumento de que los juicios orales fueron el verdadero error por ser contrarios a la tradición jurídica mexicana.

"Se debe tomar conciencia de que nos podemos meter en una crisis de Estado -de ese tamaño lo veo- si no somos capaces de iniciar bien un nuevo sistema, que es uno de los cambios culturales más grandes que ha tenido el País desde el punto de vista jurídico.

"Si estos juicios no pueden ser sustentados en acusaciones sólidas, con evidencias sólidas, entonces, con el amparo y bajo presunción de inocencia, vamos a tener que liberar a muchas personas. Y el pagano de toda esta fiesta puede ser el Poder Judicial Federal, que en 4 o 5 años puede estar en una crisis muy seria", dijo.

A su vez, Juan Silva Meza, presidente de la SCJN, calificó de alarmante la asimetría en la implementación de la reforma.

Los pendientes
 
EN 10 ESTADOS Y A NIVEL FEDERAL:
 
Falta la aprobación de un nuevo código de procedimientos penales y ejecutar las reformas operativas en procuradurías y tribunales.

 
 
EN 10 ESTADOS:
 
Tienen código aprobado, pero no ha entrado en operación el sistema.

 
 
EN 9 ESTADOS:
 
Ya hay código, pero sólo se ha implementado parcialmente el sistema.

 
 
Fuente: Matt Ingram, profesor de la Universidad Estatal de Nueva York

Víctor Fuentes, Reforma, 18 de febrero.

Reformas planteadas por Peña no alteran status quo que favorece a intereses creados

Las reformas estructurales planteadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para mejorar la competitividad del país, modificar el sistema educativo y reforzar los ingresos del Estado no alteran el status quo que favorece a los intereses creados que han prevalecido en el país, consideró la publicación electrónica EconoMonitor, relacionada con el economista Nouriel Roubini, conocido por alertar sobre el estallamiento de la crisis de 2008-2009.

Existe un alto grado de escepticismo con respecto a la amplitud y viabilidad de las reformas propuestas por el gobierno de Peña Nieto, que inició su gestión el primero de diciembre pasado, estableció la publicación. Esto es particularmente cierto para las reformas que implican poner freno a los grandes intereses creados vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI, al que pertenece Peña), como los sindicatos y los grandes monopolios. La decisión del PRI de eliminar las medidas que exigen una mayor transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos durante las negociaciones recientemente concluidas sobre la reforma laboral es un fuerte indicador de que ese partido sigue relacionado con los grandes intereses creados en el país, advirtió.

EconoMonitor se refirió al reciente acuerdo entre el presidente Peña y los dirigentes de los tres principales partidos políticos del país, el llamadoPacto por México, orientado, dice, a promover reformas para mejorar el ambiente de negocios, la educación pública y la responsabilidad fiscal. Este paquete de reformas planteado por el gobierno, y aunque todavía no lo presenta formalmente, también incluyecambios radicales para liberalizar el sector energético –cuya explotación está reservada al Estado por la Constitución– y una amplia reforma fiscal.

“A menos que el PRI tenga el coraje suficiente para hacer frente a los intereses del establishment, las reformas planteadas por Peña Nieto no van a ser transformadoras y sólo van a tocar la superficie de los problemas que tratan de arreglar. Llegar a reformas débiles sólo retrasaría el crecimiento económico en un momento que es crítico para que México mejore su posición en la economía mundial”, estableció la publicación, en un artículo firmado por Alejandro Schtulmann, presidente de Análisis de Riesgo Político en Mercados Emergentes (EMPRA, por sus siglas en inglés), una consultoría orientada principalmente a trabajos sobre México.

El artículo, que enumera lo que califica como riesgos políticos para México en 2013, plantea la posibilidad de una fragmentación de la izquierda partidista a partir de la formación del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que impulsa Andrés Manuel López Obrador, dos veces candidato presidencial.

Después de cobrar impulso en la elección presidencial de 2012, López Obrador abandonó el Partido de la Revolución Democrática y está creando un nuevo partido político. López Obrador podrá fácilmente cumplir con los requisitos legales para obtener el registro de Morena como partido político nacional, a tiempo para competir en las elecciones intermedias de 2015. La creación de Morena resultará en la institucionalización de las políticas radicales de izquierda de López Obrador, el debilitamiento de la izquierda moderada y una mayor fragmentación del sistema político, consideró el artículo.

El nacimiento de Morena también ha causado que varios miembros destacados del PRD abandonen ese partido para afiliarse a la nueva formación. Esto, dice, ha colocado al PRD, el rostro de la izquierda partidista en México, en una encrucijada. “Aunque el PRD parece estar tratando de moverse al centro en sus políticas y discurso, esto puede causarle una pérdida de militantes y apoyo, así como dificultades para concretar alianzas de las que depende para mantenerse competitivo. El Morena, añade, podría tener un eco particularmente resonante con los votantes jóvenes y concentrar la energía de los movimientos juveniles dentro del partido.

La Jornada, 16 de diciembre.

Trazan retos para el Ejecutivo

 La Secretaría de Gobernación trazó -antes del cambio de gobierno- los retos que enfrentará la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto para instaurar el nuevo modelo de justicia penal en todo el País.

El Libro Blanco de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia (Setec), destaca la necesidad de trabajar de manera más "intensa" para establecer el modelo a más tardar en 2016, como lo marca la reforma constitucional de 2008.

Se requiere, plantea, concluir los cambios normativos en los estados; aprobar un nuevo programa de capacitación; unificar la legislación procesal penal; fortalecer el modelo de gestión (formas de trabajo, procesos y estructuras); y cambiar la mística y mentalidad de los operadores.

"Cada uno de los ejes de trabajo desarrollados por la secretaría técnica tendrá aún que continuar en sus procesos de adaptación y servicio a cada uno de los operadores (...), pues su trabajo no termina simplemente con el paso del tiempo. Se trata de un trabajo permanente.

"Además de continuar con toda intensidad el trabajo en las áreas de operación de al implementación, la reforma tendrá que abrirse paso decisivo en nuevos actores que estén relacionados con el cambio cultural de la sociedad", recomienda.

Antonio Baranda, Reforma, 5 de diciembre.

Apura Borrego la reforma penal

Felipe Borrego Estrada, responsable de implementar la reforma de justicia penal con juicios orales, reprochó que a dos meses de iniciada la nueva Legislatura, la Cámara de Diputados no se haga todavía cargo de la aprobación del Código Federal de Procedimientos Penales.

En entrevista con REFORMA, el Secretario Técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal dijo en entrevista que el Código es la norma secundaria más importante de la reforma y el indicador que refleja el verdadero avance del nuevo sistema justicia a nivel estatal y federal.

"En el último día de sesiones anterior quedó ya aprobado en comisiones, se presentó para su votación, tuvo una aprobación mayoritaria en dos ocasiones, pero en ninguna de las dos hubo quórum suficiente, entonces eso es muy malo, naturalmente.

"Ahora, con la nueva reglamentación interna del Congreso, ya no necesita dictaminarse, puede pasarse otra vez en estos días en la Cámara de Diputados para su aprobación, no entiendo por qué todavía no lo hacen, si ya pasó septiembre y octubre, tuvieron dos meses para poder presentar ese código que ya está dictaminado, presentarlo ante el pleno de la Cámara de Diputados", dijo en la entrevista.

Borrego recordó que algunos legisladores también presentaron en el Senado de la República su propia iniciativa de Código procesal, la cual recupera el acervo del texto que está empantanado en la Cámara baja, con el propósito de que sea aprobada más rápido por esta otra vía.

"Yo no quiero hablar de desinterés, pero (no hay) el interés suficiente para aprobar el Código del calado y la magnitud que requiere la reforma constitucional, que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo han estado pidiendo", manifestó en entrevista.

"Ya lo hubieran estudiado, creo que hubieran solicitado apoyo a asesores, peritos, una serie de académicos que pudieran irles a decir cómo está el Código, porque no lo conocen, sólo quien presentó la iniciativa, o sea el Presidente y su equipo jurídico".

La norma procesal, comentó, es la que va a reflejar a final de cuentas la fecha del inicio de los juicios orales, en virtud de que establece las nuevas reglas, estructuras institucionales y funcionamiento de los procesos penales adversariales.

Borrego precisó que hasta hoy, son 12 los estados que trabajan con el nuevo sistema de justicia, tres de ellos al 100 por ciento y 9 en fase de implementación.

Otras 10 entidades tienen el Código aprobado en sus congresos, pero en 8 de ellas entrará en vigor hasta el año entrante, lo que elevaría a 20 el número de estados que a mediados del 2013 estarán en etapa de implementación de los juicios orales.

Su perspectiva es que hasta dentro de año y medio todas las entidades tendrán en alguna fase de construcción este sistema de justicia derivado de la reforma constitucional de 2008.

"Para mediados del 2014 estarían ya trabajando la mayoría de los estados, solamente nos faltan dos para que presenten la iniciativa, que es Colima y el Distrito Federal", especificó.

 
 
 
A mitad de camino

Han pasado cuatro años desde la reforma penal constitucional, pero falta el código procesal que la regula:


2008

Junio 18. Se publica la reforma penal con un plazo de 8 años para su implementación total.



2010

Junio 15. Dos iniciativas de Código Federal de Procedimientos Penales se presentaron a diputados pero ninguna prosperó.



2011

Sept 22. El Presidente Felipe Calderón presenta a los diputados su propuesta de nuevo Código Federal de Procedimientos Penales.



2012

Sept. 24 Integrantes de la Red a Favor de los Juicios Orales urgen a los coordinadores del PRI, PAN, PRD y PVEM en el Senado a aprobar el nuevo código.

Abril 16. Organizaciones de derechos humanos advierten que en los términos en que sería aprobado, el código abría la puerta al riesgo de fabricación de culpables, detenciones masivas, criminalización de la protesta social, validación de pruebas obtenidas bajo tortura o espionaje y al establecimiento de un Estado policiaco.

Abril 27. Partidos de izquierda revientan el quórum en la Cámara de Diputados para evitar la aprobación del código en los términos del dictamen.



Nuevo corte

Avance en la implementación de los juicios orales en los estados:

12 ya trabajan con el nuevo sistema.

10 tienen el Código aprobado en sus congresos.

2 no tienen iniciativa: Colima y Distrito Federal
 
 
 
ASÍ LO DIJO
 
"Hubieran solicitado (los diputados federales) apoyo a asesores, peritos, una serie de académicos que pudieran irles a decir cómo está el Código, porque no lo conocen".

Felipe Borrego Estrada Secretario Técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Abel Barajas, Reforma, 12 de noviembre

Buscan especializar a intérpretes indígenas

Los intérpretes de lenguas indígenas que existen en México se dedican actualmente a ayudar en la impartición de justicia, pero autoridades e instituciones han detectado que también son necesarios en los servicios de salud y para llevar a las comunidades los programas de desarrollo social.

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) tiene registrados a 497 traductores con conocimientos de abogacía o al menos terminología jurídica, pero ahora buscan especializarlos en otras competencias.

"En salud, una mala interpretación puede significar la vida o la muerte de una persona; entonces, no es poca cosa. Por eso es un asunto no solamente de derechos jurídicos, sino de derechos humanos fundamentales", explicó en entrevista Javier López Sánchez, director del Inali.

La formación que los intérpretes reciban en diplomados se enfocará también a otros componentes culturales para considerar en la educación.

También se les ofrecerá trabajar con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), donde los promotores tenían dificultades para inscribir a la población indígena porque no lograban comunicarse, hasta que pidieron apoyo al Inali.

"Llegaban ya los intérpretes contratados por Sedesol, hablantes de lengua indígena, y, pues, imagínense nada más: cuando les informaban todo el significado de Oportunidades en su lengua indígena, cambiaba la cara de las mujeres, y ahí tenemos los videos; decían las caras: 'Te estoy entendiendo. Por fin sé de qué se trata'", contó López Sánchez.

Ahora se está buscando que los diplomados de especialización, que han formado traductores en 34 lenguas -de las 68 que existen en México-, puedan convertirse en licenciaturas en interpretación y traducción de lenguas indígenas, para lo cual ya tuvieron acercamiento con la Universidad de Veracruz.

Ixtaro Arteta, Reforma, 27 de septiembre.

El nuevo sistema de justicia penal enfrenta inercias del anterior, expresan abogados

Cuernavaca, Mor., 14 de octubre. El nuevo sistema de justicia penal promulgado por el presidente Felipe Calderón el 18 de junio de 2008, que incorpora los juicios orales y que en el ámbito federal tendrá que implementarse a más tardar en 2016, no va funcionar para combatir la delincuencia organizada, porque varias herramientas que utiliza la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) para combatirlo son todavía del sistema tradicional, afirmó Rodrigo Archundia, coordinador de la unidad especializada en investigación de secuestros, de la dependencia. Estamos ya muy próximos, faltan pocos años para que el sistema federal entre ya al penal acusatorio, y por lo menos creo yo que no va funcionar para los tipos de delincuencia organizada; es mi apreciación y la de los jueces de distrito que he escuchado, aseguró el funcionario federal al participar en el Congreso Internacional Impacto y Escenarios de la Reforma Penal, celebrado en el hotel Sumiya, de Jiutepec. Archundia destacó que la herramienta del arraigo es una de las más eficaces, y que en lo que va del año han arraigado a mil 391 personas. “Las herramientas más utilizadas y que reportan mayor efectividad para las investigaciones son las órdenes de cateo, el aseguramiento precautorio, el arraigo, la intervención de comunicaciones, operaciones encubiertas, testigos colaboradores y la extinción de dominio; si me preguntan si son eficaces o no, tendría que decir que sí. Son necesarias para la integración de nuestras averiguaciones previas. Si damos vuelta atrás todo lo que está ocurriendo en los estados, pareciera que en todos lados hay bandas de delincuencia organizada, y esto crea un cúmulo de trabajo para la Siedo. Para nosotros el arraigo es una herramienta muy útil, reiteró. Sin embargo, Ricardo Sepúlveda, director del Centro Jurídico para Derechos Humanos, resaltó que la ventaja del nuevo sistema penal acusatorio adversarial es que el arraigo quedará derogado, y tiene los días contados, debido a que existe el derecho a la presunción de inocencia, el cual ya opera parcialmente en siete estados y en dos en su totalidad. En su intervención, recalcó que el arraigo no se aplicará más si se aplica de manera correcta el nuevo sistema de justicia penal, porque habrá otras medidas cautelares, como lo han recomendado organismos internacionales de derechos humanos, y porque además (el arraigo) es una norma en contra de las garantías individuales. Ninguna política de seguridad, en la circunstancia que sea, puede menoscabar los derechos humanos. El nuevo sistema de justicia penal promulgado en 2008 utiliza mecanismos alternativos al implementar juicios públicos y orales, ampliar el derecho de la víctima u ofendido, proteger con mayor eficacia los derechos humanos de los inculpados, restringir la prisión preventiva, entre otros. Mientras que en el sistema tradicional, casi todo era por escrito, las audiencias son privadas con procesos que se llevan varios años y no se exige la presencia del juez. Rubicela Morelos, La Jornada, 15 de octubre.

A narcomilitares, 60 años de cárcel

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas y adiciones al Código de Justicia Militar para tipificar el delito de traición a las fuerzas armadas y sancionar con una pena de entre 30 y 60 años de cárcel al personal castrense que se incorpore a las filas del crimen organizado. De igual forma, “a los militares que proporcionen información, utilicen embarcaciones, aeronaves o cualquier recurso humano, obstaculicen las tareas, se nieguen a ejecutar las acciones o pongan en libertad a cualquier criminal, serán castigados con penas de 15 a 60 años de prisión y baja de las fuerzas armadas”. La misma sanción se aplicará al militar que proporcione al crimen organizado protección o facilidades en la plaza o puesto confiado a su cargo, o en su caso, adiestramiento, capacitación o conocimientos militares; induzca al personal que tenga bajo su mando o a las tropas a que presten algún servicio a la delincuencia organizada o reclute personal militar para el mismo fin. También al que dé información, incumpla con sus obligaciones, obstaculice las acciones de las fuerzas armadas o autoridad competente; no ejecute una orden del servicio; falsifique o altere un documento con información relativa a las operaciones de las Fuerzas Armadas, para favorecer a la delincuencia organizada o asociación delictuosa. Con 358 votos a favor, ocho en contra y cuatro abstenciones, los legisladores avalaron así el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional y lo turnaron al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial. A nombre de su grupo parlamentario, el priista Luis Carlos Campos puntualizó que la reforma permitirá sancionar penalmente a los militares que participen en asociaciones delictuosas, así como al personal de las fuerzas armadas que ponga bienes o personal castrense al servicio de esos grupos criminales. “Es necesario que se sancione con prisión a los militares que traicionen a las Fuerzas Armadas, ya que va en contra de las leyes castrenses cuando exigen al militar cumpla su deber hasta el sacrificio y que anteponga el interés personal al interés de la patria”, indicó. Por el PAN, el diputado Bernardo Margarito Téllez remarcó la importancia de sancionar ejemplarmente a los militares que pongan en riesgo la paz y la armonía del país, pues actuar en forma traicionera, y a favor del crimen organizado “no puede ser cosa que se pase por alto”. El general Francisco Armando Meza, del grupo parlamentario del PRD, subrayó que la tipificación del delito de traición a las Fuerzas Armadas generará condiciones jurídicas para inhibir o sancionar con mayor severidad la participación de los militares en actividades de la delincuencia organizada. - Claves Justificación • La Comisión de Defensa Nacional alertó en su dictamen sobre la incidencia de casos en que militares “desvían su actuación” para facilitar las actividades de organizaciones criminales. • Justificó así la necesidad de una reforma legal para sancionar con severidad las conductas ilícitas del personal castrense comisionado precisamente a combatir la delincuencia organizada. • El proyecto fue originalmente presentado por el Ejecutivo Federal y aprobado por el Senado; ayer mismo fue remitido a la Presidencia de la República para su publicación y entrada en vigor. México • Fernando Damián, Milenio, 7 de octubre.

Baja y hasta 60 años de cárcel a militares que se unan al crimen

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código de Justicia Militar tendentes a tipificar las conductas delictivas de elementos castrenses y sancionar con prisión de 30 a 60 años al que se incorpore a la delincuencia organizada. El ordenamiento castigará con baja y de 15 a 60 años de cárcel al militar que utilice fuerza, embarcación, aeronave o cualquier otro bien o recurso humano que tenga a su cargo o mando en favor de cualquier miembro de la delincuencia organizada. Idéntica pena se aplicará a aquel que proporcione al hampa protección o facilidades en la plaza o puesto confiado a su cargo; adiestramiento, capacitación o conocimientos militares; induzca al personal que tenga a su mando o a las tropas a que le presten algún servicio o reclute personal castrense para el mismo fin. También se consideran delitos proveer información a los criminales, incumplir obligaciones, obstaculizar las acciones de las fuerzas armadas o autoridad competente, no ejecutar una orden del servicio, falsificar o alterar un documento que contenga datos relativos a las operaciones de las fuerzas armadas para favorecerlos, o asociación delictiva. Considera aplicar la ley a todo militar que proporcione a sus superiores información diferente a la que conozca acerca de las actividades que esté desarrollando en las fuerzas armadas contra la delincuencia organizada u omita proporcionar los datos que tenga sobre dichas actividades, así como de los proyectos o movimientos de éstos. A quien ponga en libertad a cualquier miembro del crimen, o proteja o facilite su fuga, se le aplicará también la pena de prisión de 15 a 60 años. En votación distinta, el pleno aprobó también reformas al Código Civil Federal para establecer que bastará un año de la desaparición de alguna persona o miembros de corporaciones de seguridad pública o de las fuerzas armadas para que se declare la presunción de muerte. La exposición de motivos de la reforma expresa que el Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó que hay un incremento en la incidencia del delito de secuestro a escala nacional. En 2008 se presentaron 907 plagios; en 2009, mil 163; en 2010, mil 262, y de enero a mayo de 2011, 633. Métodos cada vez más violentos Señala que los métodos para la privación de la libertad de las víctimas cada vez son más violentos y hay casos en que la persona secuestrada no es restituida a sus familiares, aun cuando se paga el rescate. En nombre de la Comisión de Justicia, el diputado Pedro Vázquez González, coordinador del PT, pidió que la presunción de muerte se fincara en el término de un año y no de seis meses, como estaba establecido en el dictamen de la comisión, lo cual fue aprobado por el pleno. Roberto Garduño y Enrique Méndez, La Jornada, 7 de octubre.

60 años de cárcel para militares que ingresen a la delincuencia

Los militares que traicionen a las fuerzas armadas y se incorporen a las filas del crimen organizado serán castigados hasta con 60 años de cárcel, de acuerdo a la aprobación que hizo ayer la Cámara de Diputados para reformar el Código de Justicia Militar. Con 358 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones, el pleno de los diputados aprobó también que a los militares que proporcionen información, utilicen embarcaciones, aeronaves o cualquier recurso humano, obstaculicen las tareas, se niegue a ejecutar las acciones o pongan en libertad a cualquier criminal, serán castigados con penas de 15 a 60 años de prisión y serán dados de baja de las Fuerzas Armadas. El dictamen, que adiciona el artículo 275 Bis en el Código de Justicia Militar, señala que será sancionado con penas de 30 a 60 años de prisión y baja de la Fuerza Armada, al militar que se incorpore a las organizaciones delictivas. El secretario de la Comisión de Gobernación en San Lázaro, Luis Carlos Campos Villegas, del PRI, dijo que con ello se sancionará penalmente a los militares que participen con los miembros de asociaciones delictuosas o a los grupos del crimen organizado. Sostuvo que es necesario que se sancione con prisión a los militares que traicionen a las fuerzas armadas, ya que va en contra de las leyes castrenses cuando exigen al militar cumpla su deber hasta el sacrificio y que anteponga el interés personal al interés de la patria. El dictamen responde a la iniciativa que presentó el Ejecutivo al Senado de la República, en abril de 2009, que establece que el militar que actúa en contra de las misiones encomendadas, quebranta la lealtad que deben tener con las instituciones. De igual forma, con 349 votos a favor el pleno cameral avaló reformas al Código Civil Federal, para que un juez pueda establecer la presunción de muerte de una persona que haya desaparecido en el plazo de un año a partir de la última fecha de ser visto. Luciano Franco, La Crónica, 7 de octubre.