No hay rastro de locutoras triquis desaparecidas hace siete años

Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, locutoras indígenas triquis, de 14 y 20 años, respectivamente, cumplieron hoy siete años desaparecidas. Ambas salieron de la comunidad Rastrojo hacia San Marcos Xinicuesta, pero nunca llegaron.

Algunas personas aseguran haberlas visto amarradas de manos y con los ojos vendados en una camioneta de integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (Multi). En el vehículo viajaban Francisco Herrera Merino, Timoteo Alejandro Ramírez (asesinado en 2011), Miguel Ángel Velasco Álvarez y José Ramírez Flores.

Familiares y amigos de las hermanas desaparecidas el 5 de julio de 2007 durante la administración del priísta Ulises Ruiz Ortiz, realizaron una marcha este sábado para exigir su presentación con vida. Si no están ellas, no estamos todas, gritaron por las calles de la ciudad de Oaxaca. Los manifestantes pertenecen al Movimiento Unificador de Lucha Triqui (Mult) y a la Asamblea de los Pueblos Indígenas (Api).

Emelia Ortiz García, tía de las dos jóvenes, informó que hasta la fecha la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no ha presentado resultados de las investigaciones y, aunque ya fueron detenidos Miguel Ángel Velasco Álvarez y Francisco Herrera Merino, éstos no han brindado información para dar con el paradero de las menores triquis.

Añadió: Parece que al gobierno que encabeza el aliancista Gabino Cué Monteagudo poco le importa encontrar a Virginia y a Daniela. Acusó la falta de compromiso y el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en mesas de diálogo que ha sostenido el Mult –organización a la que pertenecen– con autoridades estatales, por lo que, insistió, es necesario que los encargados del caso ya se pongan a trabajar.

Señaló que estos siete años han sido una tortura para los familiares, pues no saber nada de ellas afecta directamente el ánimo y salud, principalmente de los padres y de sus hermanos. Incluso aseguró que toda la familia está de acuerdo en que es más importante encontrar a las dos hermas que el hecho que los responsables de su desaparición estén en la cárcel.

Jorge A. Pérez Alfonso, La Jornada, 6 de julio.

Espectro radioeléctrico, a disposición de los monopolios y las trasnacionales

Comunicadoras de los pueblos originarios de Oaxaca que trabajan en diversas experiencias mediáticas a escala regional, manifestaron rotundo rechazo a las inminentes reformas en materia de telecomunicaciones: En unas cuantas sesiones las cámaras de diputados y senadores, en nombre de un desarrollo que dista mucho de nuestra concepción de Buen Vivir, han tejido una red de imposición, despojo y saqueo de nuestros bienes naturales y culturales, que mantiene a México como uno de los países más desiguales del mundo, lo que afecta gravemente nuestra existencia.

Unas 40 organizaciones y radios comunitarias se congregaron en días pasados en el pueblo mixteco de Yuku Saa, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, para el tercer Encuentro de Comunicación Indígena, y expresaron sus reclamos. Sostuvieron que su prácticas recrean formas de comunicación que caminan en una dirección distinta a los medios de la cultura dominante. Es así como construimos otro mundo posible.

Los comunicadores indígenas manifestaron su rechazo a las diversas reformas constitucionales (hacendaria, electoral, educativa, seguridad nacional y energética) así como a la contrarreforma en telecomunicaciones, pues se han hecho sin consultar a la ciudadanía, y las leyes secundarias limitan el derecho de los pueblos a la comunicación.

Dichas reformas no sólo ponen a disposición de los monopolios y las trasnacionales el espectro radioeléctrico y a los territorios indígenas, sino que criminalizan la protesta social y vuelven ilegal lo legítimo. En muchos rincones de México se persigue a las hermanas y hermanos que mantienen los modos comunales de vivir porque mandan obedeciendo, porque pedimos para todos todo y nada para nosotros.

De ahí las negativas del Congreso a reconocer nuestros derechos y suinsistencia en obstaculizar espacios de comunicación indígena, argumentan.La democracia no puede existir sin considerar la diversidad cultural y lingüística y es incompatible con un monopolio de las ideas.

Aun así, advierten, seguiremos denunciando este falso proyecto de desarrollo, esta simulación de democracia en la que estamos empantanados; seguiremos defendiendo nuestros territorios, contando nuestras historias; seguiremos ejerciendo la libre determinación y fortaleciendo nuestra autonomía.

Recuerdan a los legisladores que el espectro radioeléctrico es un bien de la Nación y el Estado no lo puede privatizar en favor de los empresarios. El derecho a comunicar es tan importante como el derecho a la salud o la educación, por lo tanto no se puede seguir discutiendo y aprobando la ley sóloentre empresarios, legisladores y funcionarios.

Hermann Bellinghausen, La Jornada, 5 de julio.

Ordena la Corte a juez admitir amparo en ñañu

La comunidad indígena de San Ildefonso, Hidalgo, logró que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le concediera un amparo para el efecto de que su demanda de garantías, escrita en ñañu, contra Telmex y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sea admitida por un juez federal en la materia.

En un comunicado, la segunda sala de la Corte informó este miércoles que al realizar el análisis del recurso de revisión interpuesto advirtió la existencia de una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, que obliga a ordenar su reposición dado que el juez de distrito que conoció del mismo no cumplió con la obligación que le impone el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo vigente en la época de los hechos, al dejar de atender que los principales motivos de agravio del quejoso consistieron, por una parte, en que la autoridad responsable no dio respuesta a su solicitud en lengua ñañu y, por otra, que tampoco les contestaron lo que él pidió.

De esta forma, añadió, se ordena reponer el procedimiento, para resolver la cuestión efectivamente planteada, que dicho juzgador tome en consideración el documento en el que se hizo la petición, pues sólo a partir del conocimiento que tenga sobre los términos en que la comunidad la formuló estará en condiciones de determinar si la respuesta dada es acorde a lo que pidió.

César Cruz Benítez, quien encabeza la Organización de Defensa de los Pueblos Indígenas y es gobernador ñañu del pueblo de San Ildefonso, sentó un precedente al amparar a la comunidad contra Telmex y que esta empresa fuera reconocida como figura de gobierno.

Aunque cuando quiso ampliar la demanda para amparar a varias comunidades indígenas de Hidalgo, el juez de distrito desechó su demanda de garantías, por no acompañar traducción a su escrito inicial de demanda en idioma español.

La segunda sala de la Corte, especializada en temas laborales y administrativos, resolvió este miércoles que con fundamento en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo abrogada, a propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán, consideró necesario revocar el auto recurrido y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, a efecto de que en términos del último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo recabe el escrito señalado, firmado por la comunidad, que fue presentado ante la autoridad responsable, pero no está en el expediente del juicio de amparo y que es necesario para la resolución del asunto, y que una vez integrado debidamente el expediente, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda respecto de la cuestión efectivamente planteada en la demanda de amparo.

Alfredo Méndez, La Jornada, 19 de junio.

Indígenas presos, discriminados

La gran mayoría de los 8 mil indígenas presos en México padecen discriminación por su origen étnico, falta de información sobre los derechos humanos que les asisten y escasa visita debido a la lejanía de sus comunidades al lugar donde está ubicado el centro de reclusión, denunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo señaló también que los internos que pertenecen a alguno de los pueblos originarios del país sufren deficiente atención médica, insuficientes oportunidades para la actividad laboral y desconocimiento de ante qué autoridades podrían solicitar los beneficios de libertad anticipada en el nuevo sistema de justicia penal.

La Jornada, 14 de junio.

Padecen acoso y discriminación dos mujeres otomíes que estuvieron presas

Las otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio –quienes permanecieron presas del 5 de agosto de 2006 al 28 de abril de 2010–, luego que la Procuraduría General de la República (PGR) las acusó de haber secuestrado, junto con Jacinta Francisco Marcial, a agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación, dicen que son objeto de discriminación y señalamientos de incurrir en un delito que no cometieron. Pero no sólo ellas, también la hija de Teresa, de cinco años, quien es hostigada por sus compañeros de la escuela, por haber estado ella en la cárcel.

A cuatro años de haber salido del penal femenil de San José El Alto, y que se demostró que el proceso en su contra estuvo plagado de irregularidades, señalan que el daño que les ocasionó la PGR alcanzó a la pequeña Jazmín, quien pregunta: Es cierto que estuvimos en la cárcel, mamá. Qué le voy a contestar a una niña de cinco años, comenta en entrevista Teresa González. La niña nació en el centro penitenciario, y cuando Teresa salió el 28 de abril de 2010, Jazmín tenía más de un año.

Acompañada de Alberta Alcántara, Teresa afirma que las acusaciones de la PGR en su contra afectaron a las familias de ambas, que tuvieron que vender un terreno y un tractor, y pedir préstamos para pagar a los abogados que inicialmente llevaron su caso. Aún están endeudadas.

Por ello, piden la intervención del presidente Enrique Peña Nieto para que su caso sea revisado; que la PGR ofrezca una disculpa pública y sean indemnizadas económicamente. En qué momento va haber justicia si ellos mismos son los que no quieren reconocer su error, reprocha.

Algunos vecinos le han pedido a Teresa que contienda por un cargo de elección popular por su ahínco al exigir a las autoridades correspondientes que atiendan las necesidades de los indígenas, quienes, señala, sólo reciben promesas, sobre todo cuando se acercan las elecciones.

Recuerda que durante el tiempo que estuvieron recluidas desfilaron legisladores y funcionarios de distintas dependencias, quienes les prometieron apoyos.

Como parte de esos apoyos, en su vivienda, ubicada en la comunidad de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, hay un invernadero para la producción de jitomate.

A cuatro años de haber obtenido su libertad, Alberta y Teresa señalan que regresaron a la misma realidad: la pobreza y falta de trabajo. Las familias tienen que emigrar de su comunidad para poder vender sus artesanías.

Mariana Chávez corresponsal, La Jornada, 9 de junio.

TEPJF: deben autoridades ser más flexibles con los indígenas

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció que para garantizar la protección de los derechos político-electorales de las comunidades indígenas se deben eliminar mecanismos formales y tomar en consideración las condiciones geográficas, así como la distancia y medios de comunicación entre el domicilio del actor y de la autoridad ante la que se interpone el recurso para facilitar el acceso a la justicia.

Al emitir la jurisprudencia 7/2014, el pleno determinó que, si bien es cierto que el término para interponer el recurso de reconsideración es de tres días, tratándose de comunidades indígenas y sus integrantes, las autoridades deben ser más flexibles y valorar el tiempo de recorrido del actor, así como los obstáculos técnicos y las circunstancias geográficas, sociales y culturales que tradicionalmente han generado una situación de discriminación jurídica hacia este sector, asegura en un comunicado.

El texto advierte que el derecho constitucional de los integrantes de los pueblos originarios a acceder plenamente a la jurisdicción estatal no se agota en la obligación de tomar en cuenta sus costumbres, especificidades culturales, la asistencia de intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y de su cultura, sino que es necesario establecer protecciones jurídicas especiales en su favor.

La jurisprudencia aprobada en la sesión pública del 15 de abril de 2014 considera la oportunidad de interposición del recurso de reconsideración como medida idónea, objetiva y proporcional para hacer efectivo el derecho de acceso integral a la jurisdicción en condiciones equitativas, a fin de conseguir la igualdad material, más allá de la formal, conforme al criterio de progresividad.

La jurisprudencia Comunidades indígenas: interposición oportuna del recurso de reconsideración conforme al criterio de progresividad se fundamenta en los artículos 1, 2 y 17 de la Constitución y 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en los artículos 2 y 4 del convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La Jornada, 2 de junio.

Piden diputados a PGR acatar resolución de reparar el daño a Jacinta Francisco

Diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido del Trabajo (PT) exhortaron al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a acatar la resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), que reconoció la inocencia de la indígena Jacinta Francisco.

Elena Tapia, Carlos de Jesús Alejandro, Ricardo Mejía Berdeja y Loreta Ortiz consideraron que la PGR y su titular tienen obligación, sin demora, de acatar la resolución del citado tribunal, que también exoneró a Teresa Gonzáñez y Alberta Alcántara.

Las tres mujeres fueron detenidas en agosto de 2006 acusadas de privar la libertad a seis agentes de la Policía Federal en Querétaro.

El caso, que cobró notoriedad por lo absurdo de sus argumentos, llegó al extremo cuando autoridades del Poder Judicial Federal las condenaron a 21 años de prisión.

Tras un largo litigio, Jacinta, Alberta y Teresa ganaron el proceso y demostraron su injusto encarcelamiento. El miércoles pasado, el TFJFA reconoció la inocencia de la primera.

Ahora, los diputados señalan que no existe excusa de carácter fiscal o presupuestario para evadir la obligación de destinar recursos a la reparación del daño provocado a la indígena, y por lo tanto a sus compañeras. Confiamos en que la PGR entienda la trascendencia de esta decisión y se desista de impugnar los fallos jurisdiccionales que favorecen a estas tres mujeres.

Roberto Garduño, La Jornada, 31 de mayo.

Acota SCJ resolución sobre Cherán

La invalidez de la reforma Constitucional sobre derechos indígenas en Michoacán solo tendrá efectos para el municipio de Cherán, resolvió ayer la Suprema Corte de Justicia.

Por 7 votos contra 4, la Corte aclaró que su sentencia no puede tener efectos generales para todo el Estado, ya que la Constitución federal señala que las controversias promovidas por un municipio solo pueden afectar a éste.

Este martes, la Corte declaró inválida la reforma de marzo de 2012 porque Cherán no fue consultado previamente por el Congreso estatal, lo que violó un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que otorga ese derecho a las comunidades indígenas.

El fallo de la Corte no incluye orden alguna para que el Congreso de Michoacán desarrolle una consulta con las autoriodades de Cherán y, en su caso, modifique los artículos Constitucionales reformados, en los que por primera vez incluyó 21 derechos de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad.

Así, paradójicamente, Cherán es ahora el único municipio de Michoacán para el que no existen esos derechos.

Las garantías incluyen decidir sus formas internas de gobierno y organización, designar representantes ante los ayuntamientos, acceso a procuración de justicia en su lengua, educación multicultural bilingüe, protección a mujeres y migrantes, entre otros.

Víctor Fuentes, Reforma, 30 de mayo.

Anulación de norma michoacana sólo regirá para Cherán, determina la SCJN

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer las reformas a la constitución de Michoacán en materia de derechos indígenas, únicamente para que no se apliquen al municipio de Cherán.

Por mayoría de siete votos contra cuatro, los ministros consideraron que pese a que quedó demostrado en la controversia constitucional que interpuso Cherán que el Congreso michoacano violó el procedimiento legislativo que debe aplicar en reformas a la Carta Magna local, eso no era suficiente para que la anulación de la norma tuviera efectos generales.

Caso inédito

Alberto Gelacio Pérez Dayán –quien junto con José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero y Fernando Franco González Salas, votó en contra– recordó que el caso de Cherán es inédito (no sólo porque la Corte reconoció su derecho como municipio indígena a presentar controversias constitucionales –como cualquier otro ayuntamiento–, sino también que por su conformación étnica está legitimado para presentar demandas cuando considere que una norma vulnera los derechos de los pueblos indígenas), por lo que el tratamiento del asunto debe sermás amplio.

Es decir, que por tratarse de comunidades indígenas y porque está en juego el respeto a sus usos y costumbres, lo procedente sería obligar a que el Congreso michoacano legislara lo que ya determinó el Congreso Federal en la materia.

Pérez Dayán advirtió que, al no invalidarse en lo general la reforma michoacana –que tenía presuntamente el objetivo de homologarse con la reforma constitucional federal–, se produciría un vacío legislativo para dicho municipio, el cual ya no tendría ninguna protección legal por haberse invalidado la norma sólo en relación con él.

Además, podría suceder que el Congreso local no vuelva a hacer nada en la constitución, en tanto que es válida para todos los municipios, excepto para Cherán.

José Ramón Cossío argumentó que cuando un municipio se duele de la violación a sus competencias en la participación de un proceso legislativo, el único efecto posible es la anulación de la norma que tiene ese vicio, lo cual no puede constreñirse al municipio que presentó la controversia constitucional. Sánchez Cordero añadió que la violación a un requisito de creación de la disposición normativa debe traducirse en la inexistencia de la misma norma.

Por la mayoría, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena admitió que la declaratoria de invalidez relativa va a dejar en un estado de inseguridad jurídica al propio municipio. Sin embargo, votó en favor del proyecto.

Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Margarita Luna Ramos, Jorge Pardo, Sergio Valls y el ministro presidente Juan N. Silva Meza se plegaron a lo que determina el artículo 105 constitucional, en el sentido de que en controversias constitucionales no opera la invalidez general de normas impugnadas.

Jesús Aranda, La Jornada, 30 de mayo.

Jacinta Francisco lucha por reintegrarse a su comunidad

La discriminación hacia la mujer indígena persiste, aseguró Jacinta Francisco Marcial, otomí que pasó más de tres años en la cárcel acusada de secuestrar a seis agentes de la hoy extinta Agencia Federal de Investigación, delito que no cometió, y a quien la Procuraduría General de la República debe indemnizar por orden del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).

En entrevista, Jacinta señaló este jueves que desde que salió de prisión, indígenas la buscan en su domicilio particular en busca de apoyo y consejo, ante los problemas legales y de discriminación que enfrentan. Destacó que antes le daba pena ser indígena, sobre todo porque no la comprendían por no hablar español, pero permanecer en la cárcel la hizo fuerte, aprendió y ahora ella exige a los habitantes de su comunidad Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco,que no se avergüencen de su vestuario y sus ropas.

Lamentó que en poblaciones indígenas no existan fuentes de trabajo. Ella y su familia tienen un establecimiento donde venden paletas heladas desde hace 30 años, y que se vio mermado durante el tiempo que estuvo en la cárcel.

También destacó que el miedo impera en las poblaciones indígenas, pues aunque sus habitantes conozcan un poquito sus derechos, prefieren callar y no expresar abiertamente las humillaciones de las que son objeto.

Lamentó que a pesar de contar con estudios profesionales, los jóvenes originarios de comunidades indígenas no tienen acceso a fuentes de trabajo al ser rechazados por su origen étnico. Yo tengo una hija que trabaja en el hospital, es enfermera, y ya tiene tiempo que trabaja ahí y (labora como personal eventual) va de contrato y de contrato, y en cambio a otras compañeras les dan sus plazas (...) Entonces yo digo que sí, todavía nos discriminan, relató.

Comentó que durante el tiempo que estuvo en la cárcel, entre 2006 y 2009, sus familiares contrajeron deudas para pagar abogados, lo que los dejó medio traumados a todos.

Jacinta Francisco señaló que continúa con sus actividades diarias con la venta de paletas, nieves y aguas, a pesar de que en su misma comunidad es señalada por haber estado en la cárcel e incluso es motivo de envidias, porque hay quien considera que a diferencia de otras personas, recibe apoyo constante de instancias gubernamentales, e incluso ya tiene dinero por concepto de reparación del daño.

Mariana Chávez, El Universal, 30 de mayo.

Ordenan a PGR resarcir a Jacinta

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ordenó a la PGR reparar el daño patrimonial y moral a la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial.

Junto con Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara fueron acusadas y condenadas en 2006 a 21 años de cárcel por secuestrar a seis agentes federales durante un operativo antipiratería en Querétaro.

En 2009, Jacinta fue liberada debido a que la PGR presentó conclusiones no acusatorias en su contra, mientras que Alberta y Teresa quedaron absueltas al año siguiente por la Suprema Corte de Justicia, que adujo graves irregularidades en el proceso.

De 10 magistrados del TFJFA, ocho votaron a favor del proyecto de sentencia de la Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel que planteó reparar el daño moral e indemnizar a Jacinta.

Andrés Díaz, abogado del Centro Prodh que lleva el caso, explicó que el Tribunal Fiscal también determinó que la Procuraduría debe de dar una disculpa pública a Jacinta, reconociendo su inocencia, la cual siempre ha negado.

"Esto se suma a lo que ya el 20 de noviembre pasado el mismo pleno había establecido en torno al caso de Alberta y de Teresa: se condena a la PGR a una indemnización patrimonial; es decir, por lo que dejó de percibir por el tiempo que estuvo injustamente en prisión, que son tres años, tres meses", expresó.

Con los casos de Jacinta, Alberta y Teresa, aseguró Díaz, se sienta jurisprudencia, puesto que no hay un real mecanismo de reparación del daño.

Indicó que por voluntad de Jacinta, el monto económico de la reparación se mantiene bajo reserva.

"No es sólo una cuestión de dinero, también que constituya mecanismos de no repetición.

"A ellas lo que les ha afectado más es en su honor, haber sido exhibidas, las imágenes que se presentaron de ellas tras el set televisivo de la PGR, presentadas como presuntas secuestradoras", indicó el abogado.

SIGUE SU LUCHA

Aunque Jacinta Francisco Marcial celebró que el Tribunal Fiscal fallara a su favor, dudó que la Procuraduría General de la República cumpla con la reparación del daño.

"Me siento bien, estoy esperando ver qué se resuelve o qué se va a hacer. Falta ver qué tiene que decir la PGR. Ellos todavía no reconocen que cometieron errores. No lo quieren reconocer. Pienso que van a hacer lo mismo como con las otras dos (Teresa y Alberta)", dijo.

Para la PGR, sostuvo, no es fácil reconocer errores y dar una disculpa pública.

No obstante, aseguró que seguirá luchando porque se haga justicia para mucha gente.

"Si ellos (la PGR) no están de acuerdo, si no quieren pedir disculpas públicamente, que por lo menos no vuelva a pasar otra vez", expresó.

Silvia Garduño, Reforma, 29 de mayo.

La PGR deberá reconocer la inocencia de Jacinta Francisco

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) condenó ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) a indemnizar y reconocer públicamente la inocencia de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, quien había sido sentenciada a 21 años de prisión.

La decisión prevé una indemnización por los más de tres años que no pudo trabajar por estar en prisión, por daño moral y las repercusiones morales, físicas y por las consecuencias de que ‘‘su pueblo le haya perdido el respeto’’.

Sin embargo, los magistrados no informaron sobre el monto de la indemnización, con el argumento de que así lo prevé la ley de transparencia, mientras los abogados defensores de Jacinta Francisco dijeron que por razones de ‘‘seguridad’’ no revelarían la cantidad.

La magistrada ponente, Nora Elizabeth Urby Genel, adelantó en breve entrevista que la resolución permitirá al tribunal emitir criterios jurídicos y tesis sobre reparación del daño en casos de personas que son liberadas luego de haber estado en prisión injustamente.

Explicó que el tribunal ha resuelto tres casos similares en favor de personas encarceladas injustamente, lo que permite avanzar hacia una jurisprudencia en la que se obligue al Estado a reparar el daño.

Los abogados del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, quienes llevaron la defensa de Jacinta, alertaron que la PGR podrá impugnar la decisión, aunque eso denotaría –sostuvieron– una brecha entre el discurso en favor de los derechos humanos y los hechos.

Al término de la sesión, Jacinta Francisco dijo que más que la reparación económica, lo importante es que se reconoció su inocencia y que se hizo justicia.

A las autoridades que la detuvieron y juzgaron, sólo les dijo que tomen en cuenta su asunto ‘‘para que hagan bien su trabajo’’. Los magistrados concluyeron que en este caso el Estado mexicano incurrió en una ‘‘actividad irregular’’ al acusarla del ‘‘secuestro’’ de seis agentes federales el 26 de marzo de 2006, luego de un zafarrancho ocurrido en esa fecha en el tianguis de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro.

En agosto de 2006 (tres meses después de los hechos), Jacinta fue detenida junto con las también indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, quienes fueron sentenciadas y liberadas posteriormente, y siguen a la espera de que la PGR las indemnice por daño moral.

Jacinta fue sentenciada a 21 años en prisión y liberada en 2009, a raíz de que un tribunal unitario le concedió un amparo para que el juzgado de la causa emitiera una nueva sentencia en la que se tomaran en cuenta diversas violaciones procesales, lo que obligó al Ministerio Público a no formular acusación en su contra.

Además, la PGR y el Poder Judicial Federal habían sido duramente criticados por organismos nacionales e internaciones defensores de derechos humanos, por haber actuado penalmente en contra de la indígena otomí, toda vez que las acusaciones en su contra eran inverosímiles, como el hecho de que, junto con dos de sus compañeras, hubieran ‘‘secuestrado’’ a seis agentes federales armados.

Jacinta exigió a la Procuraduría General de la República la reparación del daño, y la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam se negó a reconocer su responsabilidad, razón por la cual la defensa de la acusada interpuso un recurso, que fue el que resolvió ayer el TFJFA.

Jesús Aranda, La Jornada, 29 de mayo.

Ordenan a PGR indemnizar a Jacinta, encarcelada injustamente tres años

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) determinó que la PGR debe reparar el daño a la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, quien estuvo encarcelada de manera injusta durante tres años, acusada de haber secuestrado a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

La reparación económica del daño estará compuesta por dos cantidades, la primera como indemnización por  daño patrimonial y actualización, calculada al 30 de abril de 2014, al no haber podido trabajar el tiempo que estuvo en la cárcel.

La segunda parte de la reparación será por daño moral, al haber sido lesionados el honor, los sentimientos, la vida privada, el decoro, la reputación y el aspecto físico de la mujer encarcelada injustamente.

De acuerdo con la determinación del Tribunal, la PGR deberá asimismo reconocer la inocencia de Jacinta, otorgándole una disculpa pública, al menos en los mismos medios en los cuales fue difundida la acusación en su contra.

La sentencia no se dio por unanimidad, pues dos de 10 magistrados votaron en contra de la ponencia presentada por la magistrada Nora Elizabeth Urby Genel y se reservaron su derecho a exponer su opinión en el expediente.

Jacinta Francisco Marcial fue detenida en 2006, acusada de haber secuestrado a seis agentes de la AFI, en un hecho en el cual habrían participado también Alberta Alcántara y Teresa González.

Jacinta, quien junto con su esposo y sus abogados –miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro— estuvo presente en la sesión del TFJFA, fue liberada tres años después por desistimiento de la PGR.

Consultada sobre su estado de ánimo ante el fallo del Tribunal, señaló:

“Estar feliz no, lo que yo hago y pido al estar aquí es justicia, porque no es por el dinero, yo siempre he trabajado y me gusta trabajar y voy a seguir trabajando, como siempre”.

Los abogados informaron que la PGR tiene 10 días a partir de la notificación del fallo para aceptar o impugnar la sentencia.

En noviembre pasado, el TFJFA dictó un fallo similar en los casos de Alberta Alcántara y Teresa González, con lo cual –señalaron los abogados—quedó sentado un precedente histórico en lo que respecta a la reparación del daño en nuestro país.

Sin embargo, dichas sentencias no fueron aceptadas por la PGR y siguen en revisión.

Cecilia Higuera, La Crónica, 29 de mayo.

Invalida SCJ legislación sobre derechos indígenas

La Suprema Corte de Justicia declaró ayer la invalidez de la reforma de 2012 a la Constitución de Michoacán, por la cual se reconocieron y detallaron los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de esa entidad.  

Por 10 votos contra uno, la Corte resolvió que la reforma es inválida porque no se consultó previamente al municipio de Cherán, cuya población es mayoritariamente indígena y es gobernado por un Consejo electo por el sistema de usos y costumbres, que fue el que promovió la controversia.  

Es la primera vez que la Corte determina que un Congreso local tiene que consultar e intentar convencer a un municipio antes de procesar una reforma Constitucional.  La mayoría resolvió que fue violado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ordena consultar a las comunidades indígenas sobre decisiones de gobierno que pudieran afectarles, antes de que sean implementadas.  

La Corte discutirá mañana si la invalidez solo tiene efectos para Cherán, o si el fallo tendrá efectos generales a nivel estatal, pero el hecho es que el escenario será paradójico, pues la reforma declarada inválida reconoció 21 derechos para todas las comunidades indígenas michoacanas, que antes no estaban legislados.   

Víctor Fuentes, Reforma, 28 de mayo.

Autoridades indígenas podrán impugnar leyes ante la Corte

En una decisión inédita, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio ayer la razón al municipio indígena de Cherán, Michoacán, e invalidó la reforma constitucional de ese estado, promulgada el 12 de marzo de 2012, con la que esa entidad pretendía adaptar su legislación al artículo segundo de la Constitución general de la República.

La decisión abrió la puerta para que las autoridades de municipios indígenas electas mediante usos y costumbres puedan impugnar ante la Corte leyes o decisiones federales o estatales que las afecten (como cualquier otro municipio), pero además podrán cuestionar reformas legales que las perjudiquen como parte de la comunidad indígena.

Por 10 votos contra uno los ministros dieron la razón al municipio michoacano, el cual se inconformó porque no fue consultado por el Congreso local cuando se debatió la modificación constitucional.

Destacaron la situación sui generis de Cherán, ya que además de ser un municipio cuyos representantes fueron elegidos mediante usos y costumbres, con los mismos derechos y obligaciones de cualquier ayuntamiento del país, el que sea una comunidad indígena lo faculta para defender los derechos de los pueblos que representa.

Cabe señalar que, de acuerdo con el criterio fijado por la SCJN, los municipios sólo podían impugnar vía controversia constitucional asuntos de su interés (como leyes o decisiones estatales o de la Federación que los afectara directamente), pero no podían refutar legalmente casos que no estuvieran expresamente señalados en la Constitución; es decir, no podían controvertir normas relacionadas con las comunidades indígenas, porque no estabanlegitimados para ello.

Jorge Pardo Rebolledo resumió la lucha legal de Cherán para hacer valer los derechos: Esta comunidad indígena es la misma que fue a solicitar que se le reconociera la garantía de nombrar sus autoridades. Es la misma a la que el tribunal electoral reconoció las autoridades elegidas mediante usos y costumbres, y es la que ahora viene alegando que se respete el régimen de protección que establece la Constitución para ellos ante una reforma constitucional local en la que no les fue respetado el derecho a la consulta previa, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Quedó pendiente para el jueves la discusión sobre los efectos de la sentencia.

Necesarias, más modificaciones

Mientras tanto, en Morelia, Michoacán, el presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo local, Alfonso Martínez Alcázar, manifestó que la decisión de la SCJN de reconocer a Cherán el método de elección de sus autoridades municipales a través de usos y costumbres pondrá en graves aprietos al Congreso local, porque serán necesarias reformas constitucionales, municipales y leyes secundarias para poder entregarle recursos públicos y que éstos sean auditados.

Sin contar el problema político que representa que otros municipios se decidan por gobiernos comunales, aunque será muy difícil que se den las mismas características de este pueblo, que se unió para combatir la delincuencia organizada, añadió.

Veo una complicación y espero que los ministros hayan checado todo lo que implica y no sólo la resolución de esa disposición, pues altera al gobierno estatal la entrega de recursos. No se sabe a qué miembro del concejo superior se van a entregar las partidas y cómo se auditarían los recursos, apuntó el diputado panista.

Es un asunto complejo, añadió el legislador. No se trata de acatar y ya. Se tienen que hacer modificaciones legales. La SCJN reconoció la forma de gobierno de Cherán, pero ahora tenemos que resolver la forma de no meter en problemas al concejo comunal electo por usos y costumbres, lo mismo que al gobierno estatal y demás instituciones que tengan que ver con el municipio indígena.

Asimismo, no hay una ley para que el órgano del Congreso local pueda auditar los recursos que se entreguen a Cherán.

Jesús Aranda y Ernesto Martínez Elorriaga, La Jornada, 28 de mayo.

Leyes secundarias contravienen la legislación para lenguas indígenas

El Congreso Nacional de Comunicación Indígena sostuvo que las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones dejarán de lado los derechos de las etnias en materia de comunicación pública y contravienen la actual legislación para lenguas autóctonas.

En conferencia de prensa, Joaquín Palma, integrante del comité para la gestión en materia de comunicación indígena, dijo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) debe impugnar las leyes secundarias, pues de quedarse así ‘‘se nos invalidará un derecho constitucional de acceso a medios de comunicación que divulguen la cultura y las lenguas indígenas’’.

Declaración internacional

Dijo que los comunicadores indígenas, activos defensores de las lenguas autóctonas, ‘‘señalamos nuestra posición en torno a los aspectos que una reforma en materia de telecomunicaciones debe contener a efecto de dar cumplimiento al artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y a la fracción sexta del apartado B del artículo segundo constitucional de los Estados Unidos Mexicanos que, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCN), es todavía una obligación pendiente’’.

Precisó que dicha normativa nacional e internacional ordena que deben incorporarse a la legislación mexicana dos principios fundamentales en materia de comunicación indígena: condiciones específicas favorables a los pueblos y comunidades (…) para contar con sus propios medios de comunicación, y acceso a medios de difusión no indígenas sin discriminación.

Palma añadió que la legislación en materia de telecomunicaciones no obliga a las empresas privadas que reciban alguna concesión del Estado mexicano a conceder espacios de difusión en lenguas indígenas a comunicadores oriundos de alguna comunidad originaria, y tampoco se establecen reglas para que la programación de las televisoras y/o radiodifusoras cuenten con programas de divulgación de la cultura y lenguas autóctonas.

Alfredo Méndez, La Jornada, 1º de abril.

Pedraza Chávez pide la participación de indígenas en leyes de telecomunicaciones

El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Isidro Pedraza Chávez, demandó garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la instrumentación de las leyes secundaria en materia telecomunicaciones, sobre todo en lo relacionado a la regulación de las concesiones comunitarias e indígenas.

En este contexto, el legislador por el estado de Hidalgo, presentó un punto de acuerdo —mismo que fue turnado a la Comisión de Asuntos Indígenas para su análisis y posterior dictamen—, en el que pidió que en el marco de la discusión de las leyes secundarias la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Federal de Telecomunicaciones consulten a las comunidades cualquier decisión que las implique.

Recordó que el artículo 28 de la Constitución establece que al Instituto Federal de Telecomunicaciones le corresponde otorgar, revocar y autorizar concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

Sin embargo, mencionó que la Ley Federal de Radio y Televisión impide que los pueblos y comunidades indígenas tengan acceso al espectro de radiodifusión, pues los requisitos no pueden ser cubiertos por los interesados.

falta de autonomía. “Además los casos existentes de radios indígenas apoyadas por el gobierno operan en condiciones de falta de autonomía y poder de decisión sobre la difusión de contenidos”, señaló.

La radiodifusión, sostuvo, ofrece una posibilidad de cambio para las comunidades y pueblos indígenas, ya que el libre intercambio de información, difusión de contenidos y la misma participación ciudadana, abre el interés hacia el conocimiento y reduce el retraso educativo, analfabetismo, aislamiento y olvido de los pueblos originarios”.

Consideró que la democratización de los medios de comunicación para los pueblos indígenas debe ser un eje rector en la instrumentación de la legislación secundaria, ya que se trata de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la radiodifusión y telecomunicaciones, al tiempo de armonizar el cumplimiento de otros derechos humanos que convergen con éste, dijo.

Cecilia Higuera, La Crónica, 30 de marzo.

Urgen especialistas para facilitar acceso a la justicia a pueblos indígenas: Lavalle

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Lavalle Maury, destacó la necesidad de formar especialistas que faciliten el acceso a la justicia a los pueblos y comunidades indígenas, toda vez que bajo las condiciones actuales se está cometiendo una omisión a un mandato constitucional.

El legislador advirtió que de no realizar las modificaciones necesarias para que exista una verdadera estructura que garantice el acceso a la justicia por parte de los pueblos y comunidades indígenas, se estaría desatendiendo el “Diagnóstico sobre el acceso a la justicia para los indígenas en México: Estudio de Caso en Oaxaca”, presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México.

Es menester, dijo, crear todos los mecanismos necesarios para que los pueblos indígenas puedan ser verdaderamente interpretados ante la justicia, lo cual, precisó, no debe estar limitado a la traducción lingüística sino también a manifestar a la autoridad el contenido cultural, social y político de estos, respetando siempre el Estado de Derecho.

Ante tal panorama, el legislador por el PAN, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 14 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, misma que fue turnada a las comisiones unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Segunda.

Enfatizó que para garantizar el acceso al debido proceso y a la interlocución de estas poblaciones es fundamental fortalecer la formación y los servicios de los intérpretes, ya que más allá del conocimiento jurídico y de una lengua indígena, se deben de conocer y considerar las funciones comunicativa, lingüística, cultural de las comunidades, aseveró.

En este mismo sentido, resaltó que uno de los objetivos principales del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales es agilizar los procesos, “lo cual de no contar con los suficientes intérpretes no se logrará”.

Subrayó que esto cobra mayor relevancia si se contempla que en el Código se establece la oralidad de los juicios, los cuales, se dice expresamente, serán en español, por lo que prevé la presencia de un intérprete o traductor.

Cecilia Higuera, La Crónica, 30 de marzo.

Consultarán a indígenas sobre sistema educativo

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Unicef firmaron un convenio para consultar a las y los niños indígenas sobre qué les gusta y qué no de la escuela y sus maestros.

"Son ellos quienes viven de manera más cercana la educación, sus contenidos y sus formas, y nos pueden decir con claridad lo que les gustaría que ocurriera más en sus escuelas, y lo que no", señaló Silvia Schmelkes, presidenta del INEE.

Recordó en conferencia que en el marco de la reforma educativa el INEE se propuso realizar una consulta piloto sobre la evaluación educativa en los pueblos indígenas.

Se busca saber, destacó, qué debe hacer la educación, qué no esta haciendo, qué debe evaluar, cómo debe hacerse y cuál debe ser la participación de los pueblos en este proceso.

La consulta durará 6 meses y se efectuará en 50 comunidades pertenecientes a 31 pueblos indígenas. Arranca en abril y en agosto se darán a conocer los resultados.

Se trata, dijo Schmelkes, del primer ejercicio de este tipo en México en el ámbito educativo.

Isabel Crowley, representante de Unicef en México, opinó que es importante escuchar a los niños sobre lo que piensan de sus escuelas, maestros y la evaluación educativa.

Sonia del Valle, Reforma, 26 de marzo.

Consultarán INEE y Unicef a indígenas sobre procesos de evaluación educativa

A fin de determinar los lineamientos para examinar la enseñanza en los pueblos indígenas, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) aplicarán una consulta en las comunidades originarias para conocer lo que consideran relevante del proceso formativo y cómo puede ser evaluado.

Durante la firma del convenio, Sylvia Schmelkes del Valle, presidenta de la junta de gobierno del INEE, señaló que los niños y adolescentes indígenas son los que menos asisten a la escuela, y también los que menos permanecen.

Agregó que a pesar de ser reconocidos como buenos jueces de sus maestros, rara vez se les considera para participar en los procesos de evaluación.

La consulta, que se realizará en 50 comunidades y en 31 de las 68 lenguas originarias de 19 estados, permitirá conocer qué les gusta o no de la escuela, qué piensan de sus profesares y qué prefieren aprender.

En entrevista, indicó que la aplicación piloto no es muestra representativa de los pueblos indígenas, pues sólo se hará en las comunidades donde tenemos condiciones para un acceso sin problemas. Explicó que los resultados se darán a conocer en agosto próximo, luego de tres etapas: proceso informativo sobre la consulta, que concluirá en marzo; de abril a mayo se aplicará en las comunidades, y en junio y julio se procesarán los datos.

Se trata de un instrumento, indicó, que nos permitirá identificar lo que todo mexicano debe saber, pero también lo que es propio a cada cultura y que les corresponde evaluar, como su lengua.

Tras concluir el acto, al que asistió la representante del Unicef en México, Isabel Crowley, quien destacó la relevancia de este esfuerzo de consulta a los pueblos indígenas, Schmelkes del Valle señaló que entre los factores que se han detectado para que un sector de la población indígena no acuda a las aulas es el trabajo infantil.

Indicó que de los 3 millones de niños y adolescentes de cinco a 17 años que trabajan para otros, al menos la mitad no acude a la escuela. A lo mejor se trata de menores que quisieran estar en las aulas, pero deben trabajar porque la alternativa de comer es más importante.

Laura Poy Solano, La Jornada, 26 de marzo.