Desde hace un año, Héctor Camero no transmite por la radio comunitaria Tierra y Libertad. Los habitantes de la zona de Topo Chico, una de las más pobres de Monterrey, padecen la desinformación sobre servicios, derechos humanos, salud y asesoría jurídica, mientras Camero pasa sus días esperando la ejecución del auto de formal prisión en su contra por tres presuntos delitos: uso, aprovecha- miento y explotación del espectro radioeléctrico.
“El doctor Camero”, como lo conocen sus vecinos, lleva 40 años luchando por los derechos de los sin tierra, reivindicando las garantías laborales de los albañiles explotados o defendiendo a las mujeres maltratadas, desde la asociación civil Tierra y Libertad.
Camero es un icono del activista comprometido socialmente. Ha padecido persecución gubernamental, represión policiaca en sus muy distintas modalidades y criminalización por la defensa de los más pobres, pero nunca antes el nivel de coerción había llegado tan lejos: la cárcel por el simple delito de hablar por la radio.
En la mañana del 6 de junio de 2008 transmitía un programa para niños llamado Los pequeños locutores, mientras un gran ruido los alarmó: 150 elementos de la Policía Federal Preventiva derribaban a mazazos las puertas y apuntaban con armas de alto poder a Camero y a dos de sus colaboradores, al tiempo que gritaban: “¡Arriba las manos!”.
A partir de ese momento todo ha sido problemas: el tiempo destinado a la solidaridad ha tenido que ocuparlo en su propia defensa para evitar la prisión y, lo peor de todo, la radio que durante siete años se constituyó como un medio que cubría las necesidades de la población fue desmantelada por el gobierno federal, que confiscó todos los aparatos y se niega a devolverlos.
Camero tiene un amparo, pero sabe que en cualquier momento puede llegar el arresto, dejando sin efecto la suspensión del auto de formal prisión o la caución: “Es lo que llaman el salto mortal” –dice en entrevista con La Jornada. “El juez quinto de lo penal, Jesús Néstor Frausto Macareno, me dijo que tuviera mucho cuidado, ya que él tenía una obligación y debía hacer cumplir la ley”.
Los contenidos
La radio comunitaria Tierra y Libertad tenía un vatio de potencia, con un alcance de apenas cuatro kilómetros, en el 90.0 de frecuencia modulada que llegaba en particular a los asentamientos de casas alrededor del cerro de Topo Chico.
La programación empezó con cuatro horas, y antes de la clausura transmitía de las 8 de la mañana a las 10 de la noche: “El alcance de la radio era limitado, pero para nosotros era importante, porque nos ocupábamos de problemas que afectan a la gente todos los días, como los despidos injustificados a los trabajadores de la construcción, gente que no tiene sindicato, contrato ni conocimiento de sus derechos, porque muchos de ellos apenas terminaron la primaria y otros no saben leer ni escribir. Dábamos asesoría legal y ofrecíamos charlas sobre la violencia familiar para asesorar a las mujeres”.
La radio comunitaria alcanzó importante audiencia con programas como Mundo obrero, Sin pelos en la lengua, Voces del barrio o El positrón rebelde, este último dirigido a los jóvenes. Su éxito no gustó a todos, particularmente empezó a molestar al emporio Multimedios Estrellas de Oro, propiedad de Francisco González, con sede en Monterrey: “No significábamos competencia alguna para ellos; a nadie perjudicaba. Teníamos mil motivos para estar dirigiéndonos, y sentimos mucho coraje porque nos quitaron ese medio, pero ya conocemos la prepotencia de los grandes grupos, que nunca van atender a la población como nosotros. Nunca van a demostrarnos que hicimos uso de la radio con fines de lucro.”
Todo el personal que trabajaba en la radio lo hacía de manera voluntaria, sin remuneración –señala; la mayoría de los colaboradores formaban parte de la comunidad y desde un principio solicitaron el permiso formalmente, pero les fue negado con el argumento de que no había permisos para una “radio comunitaria” que no está contemplada en la actual legislación. Camero y su gente sabían que corrían un riesgo, pero aun así continuaron, porque pesó más su compromiso social que el miedo a la represión.
Camero conoce el reto de abrir caminos. Así lo hizo en 1973 en Tierra y Libertad, cuando la gente vivía en pocilgas y la única opción era continuar así o luchar por la tierra: “En ese entonces no existía ningún mecanismo que resolviera el problema de la vivienda. Si Tierra y Libertad creció y fue tan grande la invasión y la fuerza con que resistíamos los intentos de desalojo fue porque para la gente no había otra opción más que el abismo. Durante dos años el Estado intentó desalojarnos, pero eso nos fortaleció más. Hasta que abrieron el Fomerrey y consideraron que existía un derecho a la vivienda”.
Por eso, en su lucha por reivindicar la legitimidad de las radios comunitarias, Camero no podía claudicar. Sabía que tarde o temprano los clausurarían, aunque nunca se imaginó el uso desproporcionado de la fuerza utilizado por el gobierno federal: “Felipe Calderón no tuvo ninguna duda en aplicar el garrote. En una reunión con los miembros de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión él mismo les ofreció la cabeza de las radios comunitarias. El Estado prometió a los empresarios que nos irían cerrando, porque este Presidente no respeta el derecho a la libre expresión”, afirma.
Con el uso de la vía penal, en lugar de la vía administrativa que marca la Ley Federal de Radio y Televisión, el gobierno mexicano incumple tratados suscritos y los principios de los artículos 6 constitucional, 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Más aún –destaca–, el gobierno mexicano no ha atendido la recomendación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le hizo para que legislara en materia de medios comunitarios: “Necesitamos esa radio para la comunidad” –insiste Camero, quien señala que la Secretaría de Gobernación se niega a devolver el modesto equipo de transmisión con que contaban. ¿Por qué nos la quitan? Esa radio era el motivo de vivir para muchos. Si nos quitan la palabra, nos quitan lo que legítimamente nos pertenece. Preferimos que nos manden a la cárcel por violar el artículo 150 de bienes nacionales que quedarnos callados”.
Política represiva
En México existen 200 radios comunitarias que durante años han solicitado permisos que el Estado sistemáticamente les ha negado. Durante los tres años del gobierno de Felipe Calderón se han cerrado entre 60 y 80 estaciones de este tipo.
“El uso penal y la forma son desproporcionados”, dice en entrevista Aleida Calleja, presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) quien ha apoyado a Héctor Camero durante todo el proceso y le ha brindado asesoría y recursos para ampararse legalmente y enfrentar el procedimiento en libertad. “Ahora resulta que comunicar es un crimen, sobre todo, comunicar para informar y beneficiar a una población”.
Calleja, quien lleva más de 17 años comprometida con las radios comunitarias, comenta que nunca antes habían visto procedimientos penales como éstos. Está consciente de que el monto de la multa que el juez Frausto Macareno puede imponer a Camero alcanzaría el millón de pesos: “Si es así, tendríamos que ir al amparo en revisión, y entonces vamos a pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso”.
La Cámara de Diputados ha emitido siete puntos de acuerdo para el cese a la persecución penal contra las radios comunitarias y la urgencia de emitir los permisos solicitados.
Además del de Camero, existe el caso de doña Rosa Cruz, mujer, indígena y analfabeta, procesada por ser integrante en la radio purépecha Uekakua.
“Hay un endurecimiento de Felipe Calderón contra comunidades muy establecidas” –dice Calleja. “Gobernación ha querido dar un castigo ejemplar, según nos ha dicho el secretario Gómez Mont”.
La AMARC –continúa– le ha expresado su preocupación –al titular de la dependencia– por el uso discrecional de la ley, ya que existen cientos de radios evangélicas, cristianas o de presidentes municipales y partidos políticos que no tocan: “Son radios oficialistas que a veces cierran y luego las vuelven a abrir, y nunca les han mandado cientos de elementos para clausurarlas sin abrirles procedimientos penales. Ese es un uso faccioso de la ley”.
Aleida Calleja está segura de que detrás de esta persecución existen los intereses de los grandes grupos empresariales de la comunicación y la actitud de un gobierno que se doblega para defenderlos, por lo que advierte: “No les importa aplastar comunidades enteras”.
Sanjuana Martínez, La Jornada, 11 de octubre.
