LA SOLICITUD DE AMPARO DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL. PRESENTACIÓN.

Durante la primera semana de diciembre el Consejo Coordinador Empresarial interpuso una demanda en contra de la reforma electoral. ¿La razón? Que según Armando Paredes Arroyo, presidente del organismo, la nueva legislación “atenta contra las garantías de libertad de expresión y asociación” y “da lugar a consecuencias negativas y graves para el progreso de una sociedad libre y participativa”. La iniciativa fue rápidamente secundada por otras organizaciones empresariales. Hasta la fecha el recurso fue rechazado aunque ello no quiere decir que la guerra ha concluido, como dan cuenta los spots que el CCE ha difundido al respecto, no a través de la radio y la televisión debido a las sanciones establecidas por la Reforma Electoral, y que pueden verse en este Observatorio ahora como complemento de este material.
Presentamos a continuación la sistematización de 81 comentarios sobre el tema, sobre las que caben las siguientes consideraciones:

1. Diecisiete comentarios, el 20.98% del total, corresponden a los motivos para entablar la demanda.

2. Doce comentarios, el 14.81% de los 81 sistematizados, se refieren a los organismos que estarían apoyando este recurso de amparo y que, eventualmente, apoyarían al Consejo Coordinador Empresarial.

3. Nueve comentarios, el 11.11% de los 81 correspondientes al tema, abordan el tema de la libertad de expresión y otros nueve, con su correspondiente 11.11%, se refieren al rechazo del recurso, al menos por el momento.

4. Once comentarios, el 13.58%, se refieren a la posición de los legisladores, con énfasis en el panista Santiago Creel. Recordemos que, en su momento, comentó a medios impresos y electrónicos que el recurso interpuesto por el Consejo Coordinador Empresarial era “una vacilada”.

5. Otros siete comentarios, 8.64% del total, se refieren a los antecedentes de la demanda, con énfasis en el proceso electoral de julio de 2006.

6. Cinco comentarios, 6.17%, abordan las semejanzas entre esta solicitud de amparo y la posición asumida por Andrés Manuel López Obrador.

7. Finalmente, cuatro comentarios, el 4.93 restante, se refiere al sustento del recurso interpuesto.

Con esta entrega finalizamos el trabajo por este año. Volveremos a encontrarnos el jueves 3 de enero con más seguimientos temáticos y más información sobre los medios en México. Deseamos a nuestros lectores un feliz 2008 y les agradecemos la confianza y la atención depositada en nosotros durante los tres primeros meses del Observatorio “Medios México”. Hasta el jueves 3.

LA SOLICITUD DE AMPARO DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL. 1. LOS MOTIVOS.

¿Cuáles fueron los motivos que motivaron el recurso de amparo del Consejo Coordinador Empresarial? Los 17 comentarios que se presentan a continuación, un 20.98% de los 81 sistematizados, constituyen una muestra de las respuestas representativas a esta pregunta.

El CCE ha tomado la decisión de buscar un amparo contra las enmiendas constitucionales que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de noviembre y que son ahora la base del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Cofipe, que está todavía bajo consideración del Congreso.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 6 de diciembre.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) interpuso ayer un juicio de amparo contra la reforma electoral publicada el pasado 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, en la cual se estipula, entre otras cosas, la reducción de las campañas electorales, en costos y duración, y la prohibición, tanto a partidos políticos como a particulares, de contratar espacios en los medios de comunicación para difundir propaganda electoral. El presidente del CCE, Armando Paredes Arroyo, aseguró que la reforma electoral “atenta contra las garantías de libertad de expresión y asociación” y “da lugar a consecuencias negativas y graves para el progreso de una sociedad libre y participativa”. En tanto, el abogado titular del organismo empresarial, Adolfo Arrioja, afirmó que las enmiendas referidas violan los artículos 1, 6, 8, 9, 14 y 16 de la Constitución, y señaló, al mismo tiempo, que la derogación del tercer párrafo del artículo 97 –que facultaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para averiguar de oficio las presuntas violaciones al voto público y que, a decir del ministro Mariano Azuela, “está escrito con los pies”– “representa una ruptura en el equilibrio de los poderes de la Unión”.
Editorial, La Jornada, 6 de diciembre.

El juicio de amparo promovido por el Consejo Coordinador Empresarial puede entenderse debido al momento electoral vivido en 2006, en medio de la contienda entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, donde, en la recta final de la campaña presidencial, el CCE lanzó sus spots en radio y televisión a favor del modelo económico y, por lo tanto, se vio en contra del entonces candidato perredista.
Los empresarios señalan que están bajo el grave riesgo de la partidocracia, en donde sólo se escuchen las voces de los partidos políticos, del PRI, el PAN y el PRD y no la voz del empresariado que genera empleos y quiere mantener la estabilidad y buscar el crecimiento.
Para el Consejo Coordinador Empresarial, la reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión el 13 de noviembre viola el artículo 6º constitucional, pues impide la difusión pública del derecho de petición por parte de cualquier persona o asociación que no sean los partidos políticos.
También atenta contra el artículo 9º de la Constitución, por el cual todo mexicano tiene derecho a tomar parte en los asuntos políticos del país, sin condicionamientos.
Los empresarios también argumentan que la reforma electoral va en contra del equilibrio de poderes, al derogar el tercer párrafo del artículo 97 constitucional, quitándole a la Suprema Corte de Justicia el poder intervenir en violaciones al voto público.
José Yuste, “Activo empresarial”, Excélsior, 6 de diciembre.

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión estrena chamba: ya no sólo es el golpeador oficial de los barones de los medios electrónicos, sino “jefa de prensa” del Consejo Coordinador Empresarial. El martes por la noche la CIRT convocó a la conferencia que ayer ofreció el CCE (del que tal cámara no forma parte), durante la cual, precisaba el boletín, “su dirigencia hará un importante pronunciamiento”. ¿Cuál fue?: un amparo en contra de la reforma electoral, porque según Armando Paredes Arroyo, presidente del organismo cúpula del sector privado, “no defendemos a las televisoras, sino el derecho de las personas y organizaciones a acceder a medios de comunicación para difundir sus ideas. La reforma es la monopolización de la vida política por parte de los partidos
Carlos Fernández Vega, “México SA”, La Jornada, 6 de diciembre.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) decidió interponer un juicio de amparo contra la reforma constitucional en materia electoral porque, “es violatoria de las garantías individuales de libertad de expresión, derecho a la información y asociación”.
Ciro Murayama, Crónica, 7 de diciembre.

La reforma electoral y el nuevo Cofipe pusieron de cabeza al PRD… y a otros sectores de la sociedad.
El empresariado decidió entrarle a la pelea.
Se dice que promoverá tres spots de Memo Rentería, que exhiben la campaña sucia con que los políticos nos venden su reforma.
Van duro contra el propósito de los políticos de evitar críticas y meter a la cárcel a quienes se las hagan, conozca los spots en www.cronica.com.mx.
Pepe Grillo, Crónica, 7 de diciembre.

Tienen razón los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, mejor conocidos como "cupuleros", en manifestar públicamente su rechazo a la reforma electoral que aprobó el Congreso el mes pasado, con el argumento de que es violatoria de varios derechos constitucionales.
Mejor aún, qué bueno que ahora el sector empresarial quiera convertirse en promotor y defensor de la incipiente democracia mexicana, de la libertad de expresión y de otras garantías individuales, y que se erija como el "abogado" de millones de pobres, y en el gran protector de los electores.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 7 de diciembre.

Como bien se ha comentado, el amparo interpuesto por el CCE, de Armando Paredes, contra la reforma electoral no sólo no tiene precedente en el país sino que va muy en serio y habla de que algo malo está sucediendo en el país.
Herminio Rebollo Pinal, “Mesa de negocios”, El Financiero, 7 de diciembre.

Hoy, cuando los barones del dinero y las concesiones, se rompen los vestidos en defensa con la argucia de moda: la libertad de expresión, secundados por ese otro partido sin registro, la Confederación Patronal de la República Mexicana (cónclave de cuyas filas surgieron a la política militante Clouthier y Abascal, por no citar otros de menor calibre), vemos cómo el desafío patronal y empresarial se expresa sin recato sabedor quizá de los muchos servicios prestados al gobierno actual y cuyo pago total demandan con avidez de usura.
La razón económica (de otra no tienen) de los empresarios ha quedado demostrada durante mucho tiempo. Su capacidad para desfondar la economía con la simple fuga de sus capitales o el amago de cierre de sus negocios (casi siempre subvencionados por el paternalismo de un Estado al cual agreden cuando deja de fomentarlos y asumir sus pasivos), es evidente, notoria y —como se verá después—, añeja.
Rafael Cardona, “El cristalazo dominical”, Crónica, 9 de diciembre.

Los empresarios o, mejor, una parte de los ricos de México, muchos de los cuales viven de sus rentas y de sus ventas a las empresas extranjeras, se vuelven fuerza política y embisten contra senadores, diputados y partidos; engañan a la población y buscan infundirle miedo; ponen contra la pared a una Suprema Corte de por sí cuarteada y reclaman un viraje político que en realidad es una reversión constitucional inaudita: se ubican en tiempos preconstitucionales o simplemente autoritarios, como lo hace a diario la derecha española comandada por el inefable Aznar.
Se trata, podríamos desearlo, de un despropósito, de una gallada plutocrática en la que en realidad no hay empresarios sino empleados bien pagados, o émulos tardíos y adocenados del licenciado Sánchez Navarro. Que en realidad, lo que buscan es negociar en lo oscurito con un grupo gobernante cuyo ascenso apoyaron por fuera de la ley pero que no les satisface. Que ya vendrán los Ortiz Mena, Salinas Lozano o Reyes Heroles de la época para darle racionalidad a lo que hoy por hoy no es sino griterío y pataleta.
Sin embargo, es indudable que en estos momentos, estando como estamos, este envite de los ricos es subversivo, sin que pueda verse por ningún lado cuáles serían las falanges que lo soportarían en caso de vencer. Lo que no impide que un tufo corporativista acompañe su reclamo.
Rolando Cordera Campos, La Jornada, 9 de diciembre.

Del otro lado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) comete el increíble error político de enfrentar la reforma electoral. Se amparan en contra de la prohibición de comprar tiempo en medios electrónicos para expresar posiciones políticas, lo que interpretan como una restricción a sus libertades. Puede ser, pero no podemos olvidar que el único ilícito que encontró el Tribunal Electoral en la campaña de 2006 fue precisamente el spot del CCE. Es decir que incluso con la legislación previa, este organismo actuó mal.
Sin llegar al extremo del CCE, hay un malestar general entre grandes empresarios, que perciben que la coalición gobernante está siendo más poderosa que ellos, y va a cambiar las reglas en una dirección que ellos no comparten. De ahí el mote de “partidocracia” que tanto se escucha en estos días. Es normal, puesto que estos empresarios crecieron con las reglas del antiguo régimen, o en la ausencia del interregno. No van a ganar con los cambios, así que les sería mejor trabajar en la reducción de pérdidas
Macario Schettino, El Universal, 10 de diciembre.

Los sectores que han impugnado la reforma electoral se aprestan a destrozar al nuevo IFE, cuyo principal blindaje debe ser el consenso entre los partidos.
En la vorágine del debate, no se ha ponderado la gravedad del desafío librado durante los últimos meses por el poder económico para impedir la virtual emancipación de la vida política, y en particular del régimen de partidos, frente a los señores del dinero.
Los operadores del intento por frenar el nuevo orden de cosas expresado en el texto constitucional diseñaron ya escenarios hasta la primavera del 2009, cuando empresarios y medios electrónicos, apoyados nuevamente por intelectuales funcionales, buscarán dinamitar la tarea del IFE, cuyo nuevo perfil final se definirá esta semana.
Roberto Rock, “Expedientes Abiertos”, El Universal, 10 de diciembre.

Más allá, no debe perderse de vista que el liderazgo empresarial ha tomado la voz de quienes se sienten agraviados por las decisiones de los tres principales partidos políticos, que van entre la práctica monopólica y el agandaye.
No puede pensarse en un país que funcione y en el cual la economía florezca y genere empleos para disminuir la pobreza, cuando hay grupos de poder más preocupados en limitar las garantías individuales.
No descarte que el siguiente paso del CCE y los organismos cúpula sea presentar un juicio de amparo en contra del Cofipe. Hasta el momento sólo lo hicieron en contra de la reforma electoral publicada.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 10 de diciembre.

Al mismo tiempo, llama la atención la forma en la que los empresarios —agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial— han interpuesto un juicio de amparo en contra de la reforma. Por supuesto, el primer juez que examinó la demanda empresarial la desechó por ser notoriamente improcedente. Los empresarios deberían moderar su molestia y pedir disculpas por la violación a la legalidad que hicieron durante la fase final de la campaña de 2006, en la que compraron tiempo en radio y televisión para la emisión de spots a los que no tenían derecho. Pero eso sería como pedir peras al olmo
Alberto Aziz Nassif, El Universal, 11 de diciembre.

El mes pasado (13 de noviembre) se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional por la cual se modificó, entre otros, el artículo 41 de la Constitución a efecto de que se prohibiera no sólo a los partidos políticos sino a cualquier persona, física o moral, nacional o extranjera, la contratación de tiempos en radio o televisión para influir en contra o a favor de un partido político o de un candidato a un puesto de elección popular.
La reforma dice concretamente lo siguiente:
“Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”.
Carlos Loperena Ruiz, El Universal, 13 de diciembre.

No estaría mal que alguien le informara a Calderón el original mensaje que desde el CCE, la Coparmex y la Concamin, al promover espléndidos amparos contra la torpeza del cambalache presidencial, y que hoy le están enviando como parte de un número determinado de regalos navideños. Algo así como que tu estupenda idea de empinarte, perdón, entregarle a la oposición los pormenores del reformón electoral donde quedaron borradas del mapa las estrategias de las tan entretenidas guerras sucias y de desprestigio, nos cayeron como balde de agua helada y tú, sobre todo tú, primer beneficiado de todo el lodo mediático, careces hoy de fondos morales en el banco de nuestro ánimo. ¿Le suena o me regreso?
Y además con la maravillosa posdata de que van a pugnar porque la SCJN establezca un nuevo criterio (habría que solicitarle prestado el distintivo manual a Mario Marín) esperando a que los chicuelos de Ortiz Mayagoitia se pongan las pilas y atraigan la granada deschavetada.
Marcela Gómez Zalce, “A puerta cerrada”, Milenio, 18 de diciembre.

Quienes han denostado a la iniciativa privada (a CCE y Coparmex específicamente) por defender su derecho a expresarse, tratan de justificarse con una visión falsa de la realidad.
Dicen que la IP estaba tomando actitudes partidistas, cuando en realidad estaban defendiendo principios con los que todo mexicano debe estar de acuerdo.
Valdría la pena que quienes critican a los empresarios se dieran cuenta de un par de cosas. La primera de ellas es que cualquiera que defienda una libertad debe ser apoyado y, en segundo término, que vieran nuevamente los mensajes.
Hay economía correcta e incorrecta, no hay de izquierda o de derecha. Hacer un tema sólo de partidos lo que corresponde a toda la sociedad debe ser considerado francamente como inaceptable.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 20 de diciembre.

LA SOLICITUD DE AMPARO DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL. 2. ANTECEDENTES: LAS ELECCIONES DEL 2 DE JULIO.

En el contexto del recurso de amparo interpuesto, los siete comentarios que se presentan a continuación, el 8.64% de los 81 sistematizados, ubican los antecedentes de la estrategia en el proceso electoral de julio de 2006.

Una de las razones de fondo de la reciente reforma electoral es que el país no podría tolerar una nueva intromisión turbia e ilegal de las cúpulas empresariales en la vida política. A título personal, los empresarios pueden votar y expresarse en el sentido que deseen, pero, en tanto que grupo, no les corresponde participar abiertamente en los procesos electorales; en todo caso, si así lo deseara, el CCE tendría que solicitar su registro como partido político y postular o apoyar abiertamente candidaturas a puestos de elección popular.
Por lo demás, resulta inverosímil la pretendida defensa del organismo empresarial en favor de la libertad de expresión, habida cuenta de que las principales cortapisas en ese sentido provienen precisamente de los grandes empresarios, en su vertiente de dueños de medios de comunicación: han sido ellos quienes coartan la libertad de periodistas e informadores profesionales, y quienes, valiéndose de sus derechos de propiedad, imponen el silencio, distorsionan la realidad, tergiversan los hechos, desinforman y manipulan a la opinión pública.
Ciertamente, la reforma electoral afecta al CCE, pero no porque limite o cancele su libertad de expresión, sino porque busca evitar que incida, de manera ilegítima y antidemocrática, en procesos políticos y electorales que debieran ser una expresión transparente de la voluntad ciudadana, y porque busca moderar las desmedidas ganancias que han obtenido algunos de sus integrantes, propietarios de medios electrónicos, mediante la venta de espacios publicitarios a los partidos, en lo que ha representado transferencias astronómicas, dispendiosas e innecesarias de dineros públicos a bolsillos particulares.
Editorial, La Jornada, 6 de diciembre.

El Consejo Coordinador Empresarial contrató en las elecciones del 2006 dos comerciales de televisión y radio los cuales tuvieron una difusión bastante reducida si se comparan con la avalancha de anuncios de partidos y candidatos que inundaron los medios electrónicos durante la campaña. En esos anuncios no se mencionaba a ningún candidato ni a ningún partido político. Simplemente se hacía un llamado a los mexicanos a respaldar políticas económicas sensatas que impidieran que el país cayera nuevamente en esas crisis financieras que tanta pobreza y sufrimiento causaron a lo largo de las décadas.
Ni las encuestas de opinión ni los estudios de recordación que realizan las empresas de mercadotecnia registran que estos anuncios hayan tenido algún efecto significativo en el desarrollo de la elección. Pero la compra de estos comerciales por el CCE ha sido enarbolada por el PRD como justificación de su tesis de que la elección presidencial no la perdió el partido o su candidato sino que les fue arrebatada por un complot organizado desde el poder.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 6 de diciembre.

Ahora bien, es preciso recordar que la nueva disposición constitucional que prohíbe la compra de publicidad electoral por terceros no surgió de la nada. Al contrario, el Constituyente la incorporó al máximo ordenamiento como respuesta a la conducta del propio Consejo Coordinador Empresarial en 2006, cuando se saltó la ley —al igual que las televisoras y ante la anuencia de una autoridad electoral timorata en este delicado renglón— que impedía explícitamente que privados intervinieran con compra de spots en las campañas. El artículo 48 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecía con claridad desde 1996: “En ningún caso, se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión en favor o en contra de algún partido político o candidato por parte de terceros”.
Ciro Murayama, Crónica, 7 de diciembre.

La realidad es que la sociedad ya estaba cansada de las mentiras y de las "transas" de los políticos, de los abusos de los partidos y de los miles de millones de pesos que se les daban para sus campañas políticas; de los fraudes electorales, de las truchimanerías de los legisladores, de los engaños y las mentiras de los candidatos y candidatas a puestos de elección popular, en los más de 70 años del PRI. Los millones de electores que votaron por el cambio y que después se "daban de topes" al comprobar que los habían engañado, que esos políticos les habían mentido, también se muestran agradecidos con los "cupuleros". Pero quienes prácticamente se arrodillan ante el mencionado grupito son esos casi 15 millones de votantes que el 2 de julio de 2006 sufragaron en las urnas a favor del candidato del PAN a la presidencia de la República. Y es que gracias a la "orientación e información", y también a la desinformación, así como a las campañas negras y a la guerra sucia que patrocinaron diversos organismos empresariales (ajenos, claro, al CCE) en contra del candidato del PRD advirtiendo, entre otras cosas, que era "un peligro para México", no se equivocaron en su selección. ¡Imagínense nada más qué sería de México si un loco hubiera llegado a Los Pinos!
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 7 de diciembre.

Estamos así frente al siguiente caso: el CCE viola la ley —tal como lo estableció el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al calificar la elección presidencial del año pasado— y, como no hay sanciones establecidas ante esa conducta, queda impune; luego el legislador refuerza la norma y le otorga rango constitucional, lo que genera el intento de amparo del CCE. Primero se vulnera la ley y luego se pretende que la norma quede sin efecto. ¿Dónde está la congruencia de este organismo empresarial que hace frecuentes llamados a construir un genuino Estado de derecho?
En mi impresión, el ciudadano de a pie podrá presenciar contiendas electorales no desbalanceadas por el poder del dinero, siempre mal repartido y en especial en un país como el nuestro, lo que hace que la democracia, entendida como un ejercicio entre iguales, se vea beneficiada.
Ciro Murayama, Crónica, 7 de diciembre.

Sus capacidades para incidir en asuntos nacionales y aun orientarlos quedaron sabidas y comprobadas hasta el hartazgo riesgoso durante la turbulenta elección del 2006, cuando fuera de la ley (y quien está fuera está en contra) ejercieron pública presión contra un candidato al cual —con la complicidad oficial y quizá hasta el estímulo foxiano—, denigraban un día sí y también el siguiente.
No se trata de discutir si tuvieron o no razón en su peligroso diagnóstico. Se trata de insistir en la violación legal cometida.
El artículo 48 del Cofipe vigente en los días de esa elección (contra el cual nunca se ampararon), dice con toda claridad: “Es DERECHO EXCLUSIVO de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales, conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo… EN NINGÚN CASO, SE PERMITIRÁ LA CONTRATACIÓN DE PROPAGANDA EN RADIO Y TELEVISIÓN EN FAVOR O EN CONTRA DE ALGÚN PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATO POR PARTE DE TERCEROS”.
Rafael Cardona, “El cristalazo dominical”, Crónica, 9 de diciembre.

Cuando tomó posesión en octubre del año pasado el presidente de la Coparmex, Ricardo González Sada, los megaempresarios estaban más engallados que nunca: habían hecho una efectiva campaña mediática para tumbar al “peligro para México”, López Obrador, y faltaban unos días para que tomara posesión de la Presidencia “su” candidato Felipe Calderón. Tenían puestos los ojos en otras metas: “No podemos pensar en un país atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros, cuando hasta ahora los gobiernos no han sido capaces de garantizar la seguridad física y del patrimonio de sus ciudadanos”, dijo González Sada ante Vicente Fox que ya se despedía. Calderón respondió a la exigencia patronal enviando a la tropa a la calle –con resultados muy disparejos hasta la fecha, dicho sea de paso. Los empresarios no sintieron que el despliegue del Ejército fuera una amenaza para las garantías individuales. No lo esperaban, pero “su” presidente no pudo o no quiso bloquear la reforma electoral por la cual se intenta poner alto a la compra de espots en radio y televisión por organismos como Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a fin de influir en los procesos electorales. Primero fue el presidente del CCE, Armando Paredes, quien recurrió al amparo en contra de la reforma; no prosperó. Ayer González Sada conoció que la titular del juzgado cuarto en materia administrativa, María Guadalupe Rivera, desechó su propia solicitud de amparo por notoriamente improcedente. Es que el amparo es un recurso para proteger las garantías individuales de los actos de autoridad, pero no procede contra una norma constitucional. Es curioso: los megaempresarios no ven una amenaza a las garantías personales en la toma de ciudades enteras por la tropa, en cambio se alarman porque no les admitirán que usen sus enormes recursos financieros en espots políticos. No se darán por vencidos, ya encontrarán un agujero, porque saben que los grandes negocios pasean por Los Pinos, el Congreso, la Suprema Corte y los gobiernos de los estados
Enrique Galván Ochoa, “Dinero”, La Jornada, 18 de diciembre.

LA SOLICITUD DE AMPARO DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL. 3. LOS ORGANISMOS SOLICITANTES.

Al Consejo Coordinador Empresarial se han sumado otros organismos del mismo corte, según dan cuenta los siguientes doce comentarios, 14.81% de los 81 sistematizados.

Por primera vez todo el empresariado organizado se ampara frente a una nueva legislación, la que da vida a la recién aprobada reforma electoral.
Ayer vimos algo inédito: los siete organismos con voz y voto del Consejo Coordinador Empresarial (Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Coparmex, Concamin, Concanaco, Asociación de Bancos de México, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y Consejo Nacional Agropecuario), más los otros cinco con voz, que también integran a la cúpula de cúpulas del sector privado (Canacintra, Canaco-DF, Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles y Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio), anunciaron estar en desacuerdo con la reforma electoral por considerar que atenta contra la libertad de expresión del empresariado
Los dos gestores del amparo fueron Armando Paredes, actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pero apoyado por el empresario Claudio Xavier González, quien hoy preside el más poderoso de los grupos del sector privado: el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
La decisión se tomó desde hace dos semanas en la comisión ejecutiva del CCE… y fue por consenso.
José Yuste, “Activo empresarial”, Excélsior, 6 de diciembre.

Gracias, señor Armando Paredes, gracias a todos los que han sido presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (Clouthier, Legorreta, López, Bours, Rangel, Cárcoba, y otros "próceres de la democracia") por abrirnos los ojos, por preocuparse por los derechos de los individuos consagrados en la Constitución; por defender la libertad de expresión...
Los felicitamos por su nacionalismo, por no haber sacado sus dólares del país en las crisis de 1976, 82, 88, 94. Por no haberse beneficiado del Fobaproa; por no evadir al fisco, por su rectitud y honestidad; por ese afán de defender a quienes menos tienen... Por todo eso y muchas cosas más, la sociedad debería mandarles a hacer un monumento; proponerlos incluso para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, regidores. ¡Ustedes son el orgullo de México!
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 7 de diciembre.

a) La seriedad del procedimiento puede distinguirse por el trabuco de abogados del que ha echado mano la cúpula de cúpulas de la IP. Junto con el presidente de la comisión jurídica del CCE, Antonio Frank, aparecen el constitucionalista Adolfo Arrioja Vizcaíno, el laboralista e internacionalista Jorge de Regil, el también internacionalista Santiago Corcuera, el penalista Gonzalo Aguilar Sinzer, Francisco Breña y en los últimos días han solicitado sumarse una decena de profesionistas de primer nivel. Quieren defender la impugnación. b) Podemos adelantarle que junto con el CCE en los próximos días veremos a un centenar de organizaciones empresariales, gremiales y regionales que también interpondrán su amparo. Pero también habrá asociaciones de la sociedad civil, ONG, colegios e incluso universidades. Dé por descontado que todos los centros empresariales de la Coparmex, de Ricardo González Sada, harán lo propio a lo largo y ancho del país. c) Algo que preocupa y llama mucho la atención es que ante esta inusual protesta de todo el sector privado mexicano, no se haya tenido ninguna respuesta oficial del gobierno federal. Por más contactos y consultas que se han intentado al más alto nivel, la respuesta ha sido cero.
Herminio Rebollo Pinal, “Mesa de negocios”, El Financiero, 7 de diciembre.

Que después del recurso presentado por el Consejo Coordinador Empresarial viene una cascada de solicitudes de amparo contra la reforma electoral.
Ayer fue un día muy movido en intercambio de información y opiniones entre abogados patronales, universidades, organismos no gubernamentales y fundaciones convencidas de que las reformas atentan contra la libertad de expresión.
“Trascendió”, Milenio, 7 de diciembre.

Cuando el Instituto Federal Electoral permitió el lanzamiento de la campaña a favor de la estabilidad y por consecuencia del continuismo inercial y en contra de todo lo demás, muchos públicamente le reclamamos a José Luis Barraza su ilegal activismo (yo lo hice por la radio). Siempre respondió con la misma canción: estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión.
Y cuando se los cancelaron por orden del tardío IFE (el daño ya estaba hecho y el delito cometido), insistió: “… De la misma forma en que hemos ejercido nuestro derecho para expresar las tesis y el sentimiento del empresariado nacional en torno al rumbo económico del país, el organismo, a invitación expresa del presidente del IFE, ha decidido suspender a partir de esta fecha la transmisión de los spots de radio y televisión en los que se exalta el valor que tiene el sostenimiento de la estabilidad económica…”.
¿No sabía el CCE de la expresa prohibición contenida en el Cofipe? Lo sabía y se lo brincó a la torera.
Rafael Cardona, “El cristalazo dominical”, Crónica, 9 de diciembre.

Los medios y sus voceros no cejarán en ningún momento en desacreditarla. La afrenta fue demasiado grande como para dejarla pasar sin más. Y los grandes empresarios también la ven como una absoluta concesión a la izquierda, un reconocimiento abierto, por parte del PAN, de que López Obrador tenía razón en sus denuncias de fraude (la tesis Ugalde). Por eso la ven inaceptable y se amparan en su contra, enarbolando la “libertad de expresión” como el estandarte para seguir incidiendo en los comicios de manera significativa y privilegiada, a partir de su enorme poder económico. Pero con argumentos frágiles. Por ejemplo, cuando se les hace ver que en los países europeos existen restricciones tan fuertes o más como la que les molesta, responden que eso se debe a que allá prevalecen… ¡los sistemas parlamentarios! (mientras que el nuestro es presidencialista). De lo que se infiere que según ellos un rasgo esencial del parlamentarismo es la censura, en tanto que los regímenes presidenciales se distinguen por su libertad de expresión. Vaya razonamiento
José Antonio Crespo, “Horizonte Político”, Excélsior, 10 de diciembre.

En realidad no son tan indescifrables los propósitos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) cuando recurre al amparo en contra de la reforma electoral, argumentando que viola la libertad de expresión. En la campaña electoral del año pasado –con el disimulo del IFE y de la fiscalía de delitos electorales– contrató espacios en radio y televisión para perjudicar a uno de los aspirantes, Andrés Manuel López Obrador, y beneficiar a otro, Felipe Calderón. Les dio resultados, sienten que la Presidencia “es suya”. Pero quieren más: diversos asuntos se atoran en el Congreso y en 2009 habrá renovación de la Cámara de Diputados, centro de poder que les interesa particularmente, porque es el que aprueba –o rechaza– los impuestos. Entonces, la “libertad de expresión” que defiende el CCE –hoy encabezado por Armando Paredes, su antecesor José Luis Barraza ya recibió como premio Aeroméxico– es la libertad de usar los enormes recursos financieros de los empresarios que representa a fin de manipular los procesos electorales. La ganancia no es pequeña. Sólo que en las prisas se les olvidó un detalle no pequeño: el amparo no procede contra la Constitución. De todos modos, hallarán algún agujero por donde colarse a las elecciones, al menos lo intentarán
Enrique Galván Ochoa, “Dinero”, La jornada, 11 de diciembre.

En contra de esta reforma constitucional ya ha habido quien ha presentado demanda de amparo, como es el caso concreto del Consejo Coordinador Empresarial. Muchas otras personas físicas y morales podrán pedir amparo —ya lo han anunciado— pues se limita la libertad de expresión a todos los gobernados.
Es tan grave esta limitación a la libertad de expresión que, si bien únicamente limita los tiempos comprados en radio y televisión, nada nos garantiza que en un futuro también se limite la expresión en la prensa escrita a través de la prohibición de comprar espacios para presentar inserciones pagadas en un sentido o en otro. Después de esto, también se podrán prohibir los envíos de mensajes por internet y demás medios modernos de comunicación y luego hasta las conversaciones telefónicas
Carlos Loperena Ruiz, El Universal, 13 de diciembre.

En este ambiente enrarecido que vive el país, ayer la Concamin, de Ismael Plascencia, presentó su amparo contra la reforma electoral y el efecto en la libertad de expresión. La cúpula de la industria nacional no niega que lo hace, en gran medida, en solidaridad con la radio y la televisión. Lo que pasa es que ambos son sectores que forman parte de las cámaras afiliadas a su confederación.
Herminio Rebollo Pinal, “Mesa de negocios”, El Financiero, 14 de diciembre.

El empresariado va en serio contra los tres grandes de la Cámara.
Al Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex y Concamín, se sumó la Concanaco.
Todos van por un amparo contra la reforma electoral.
Y se ve que una negativa judicial no los detendrá, buscarán otros caminos.
Demanda la IP más poderosa, y será un rival más duro que la chiquillada.
Pepe Grillo, Crónica, 17 de diciembre.

Bien por Coparmex, presidida por Gerardo Trejo, que demuestra nuevamente que no están de acuerdo con la intención de los partidos políticos de limitar las libertades. Lo que hemos visto de los partidos políticos es una intención monopólica que va en contra de la sociedad.
La solicitud de amparo, que sólo fue rechazada en primera instancia por cuestiones de forma del CCE, únicamente es el principio de una gran ofensiva para defender los derechos fundamentales de los mexicanos. Para que luego haya quienes digan que la iniciativa privada no está a favor del pueblo.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 18 de diciembre.

Notable, en verdad, el incremento que en los últimos días ha registrado la seguridad del presidente de la Coparmex, Ricardo González Sada, el mismo que —como antes lo hizo el CCE— promueve un amparo contra la reforma electoral recién aprobada, al considerar que atenta contra la libertad de expresión, pues impide que un particular pueda contratar propaganda electoral en medios electrónicos…
Enrique Aranda Pedroza, “De naturaleza política”, Excélsior, 19 de diciembre.

LA SOLICITUD DE AMPARO DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL. 4. EL SUSTENTO DE LA DEMANDA.

¿En qué se apoyó el Consejo Coordinador Empresarial para presentar el recurso de amparo contra la reforma electoral? Los cuatro comentarios que siguen, 4.93% se refieren al tema.

La denuncia del CCE tiene un fundamento muy claro. La Constitución, en su artículo 6o., da a todas las personas e instituciones en el país el derecho a expresarse con libertad. Este artículo no limita este derecho a los partidos políticos que expresen sus puntos de vista a través del Instituto Federal Electoral. Si se permite que se mantenga la nueva legislación se impedirá de manera práctica a los ciudadanos comunes y corrientes, a los que no son miembros de partidos políticos y no tienen por lo tanto acceso a los dineros y los tiempos de medios que administra el IFE, que hagan llegar sus puntos de vista al resto de la sociedad.
Si un candidato, por ejemplo, hace una campaña a favor del aborto -o en contra de él- aprovechando la enormidad de tiempos en los medios electrónicos que los partidos han obtenido con esta reforma, ningún ciudadano podrá responder a través de estos mismos medios. Poco importa que no busque ningún cargo de elección popular y no mencione nunca a ningún candidato o partido.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 6 de diciembre.

VAYA MALA PASADA le jugaron al Consejo Coordinador Empresarial sus asesores legales.
EL ORGANISMO CÚPULA de la iniciativa privada pretendía defender su legítimo derecho a opinar en materia política, pero lo único que logró fue evidenciar una grave ignorancia en cuestión de leyes de parte de sus abogados.
Y ES QUE eso de querer ampararse contra la reforma que prohíbe a los particulares contratar spots durante las campañas suena muy bien... pero nomás no se puede.
EL RECURSO interpuesto por el organismo buscaba el amparo de la justicia en contra de las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso en materia electoral.
PEEEERO hasta un estudiante de primer semestre de derecho sabe que los amparos se otorgan cuando una ley o un acto de autoridad son considerados inconstitucionales.
ENTONCES, por pura lógica, la Constitución no puede ser declarada inconstitucional, como pretendía el CCE.
Fray Bartolomé, “Templo Mayor”, Reforma, 7 de diciembre.

Pero, a qué voy. “…el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) interpuso ayer un juicio de amparo contra la reforma constitucional que prohíbe la contratación de spots en materia electoral… [que] es violatoria de las garantías individuales de libertad de expresión, derecho a la información y asociación… [es, además] un componente necesario para una democracia participativa”. Esto lo dijo Armando Paredes, presidente de tal organismo el 06-dic. Veamos. Así que todo lo que se dice en los diferentes medios es una especie de virtud privada para la sed pública de información. Así que con ese componente se da la democracia participativa (cuánta ilustración acerca de la teoría política). Así que, tener recursos suficientes y ponerlos al servicio de algún soberano desconocido para que pueda subir en los puntos de conocimiento, es una “necesidad democrática”. Ver para creer. Al buen entendedor, bla, bla, bla. Lo que se requiere es la libérrima libertad para hacer lo que se plazca, siempre y cuando haya dinero, sin importar a quien se engaña o a quien se perjudica. ¿Ha visto usted los remedios milagrosos? ¿Ha escuchado los brujos que le resuelven la vida y le devuelven al ser amado? ¿Ha recibido la propuesta de dinero a cambio de un premio por quiénsabecuantosmilesdepesos, sólo porque quienes están al otro lado de la hebra tienen recursos para tales artimañas? No. Todo en la vida tiene límites y el límite de la democracia es hasta donde la verdad (poco estirada) pueda decir al ciudadano lo que conviene a una sociedad por encima de los individuos, aunque parezca igual.
Jaime Alcántara Silva, Crónica, 8 de diciembre.

El argumento fundamental del CCE es que el juicio de amparo sí procede porque, en un régimen constitucional, la protección de las garantías individuales no tiene limitación alguna.
En el caso de las controversias constitucionales que se dan entre los Poderes de la Unión, es totalmente distinto
Las controversias constitucionales entre los Poderes de la Unión efectivamente no proceden en materia electoral.
El CCE confía en que el recurso de revisión que presentará dentro del plazo legal establecido, será estudiado a fondo.
Prevé que se profundizará en en el respeto irrestricto de las garantías individuales que como mexicanos tienen los integrantes del sector privado, más aún cuando éstas puedan ser afectadas por actos de autoridad del Congreso de la Unión.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 10 de diciembre.

LA SOLICITUD DE AMPARO DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL. 5. ¿Y LA CONSTITUCIÓN?

¿Qué dice la Constitución sobre el tema de la libertad de expresión tal como lo argumenta el Consejo Coordinador Empresarial? A ese punto se refieren los siete comentarios que presentamos a continuación, el 8.64% de los 81 sistematizados.

El Consejo Coordinador Empresarial hizo mucho más que presentar una solicitud de amparo porque lo que considera violaciones a los artículos sexto y noveno de la Constitución.
Se trata de algo mucho más grande e importante que defender la libertad de expresión o el derecho a la asociación; su alcance es muy superior a tratar de establecer el desbalance entre poderes por la intención de retirar facultades al Poder Judicial.
Lo que realmente está haciendo el CCE con este procedimiento inédito es defender las garantías constitucionales establecidas en sus primeros 30 artículos. Llevan al debate la facultad que hoy tienen los diputados de cambiar la llamada parte dogmática de la Carta Magna a través de modificaciones en los artículos que se encuentran en la parte orgánica sin que los ciudadanos puedan interponer ninguna clase de recurso aun cuando sean afectados sus derechos.
Hoy se trata de la libertad de expresión, pero mañana podría ser cualquiera otra de las libertades fundamentales. Justo de eso se trata la lucha que encabeza Armando Paredes con el consenso de los organismos cúpula. Este hombre ha decidido no dar ningún paso sin que todos los integrantes del CCE estén de común acuerdo.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 6 de diciembre.

No sé bien cuál pueda ser el destino de este juicio de amparo promovido por el CCE.
Tradicionalmente el sistema de justicia de nuestro país ha sido reacio a darle cabida a los amparos contra artículos de la Constitución. Hay quienes afirman, de hecho, que un artículo constitucional, a pesar de que pueda ser incongruente con otros artículos de la misma Constitución, no puede por definición ser "inconstitucional". La actual Suprema Corte, por otra parte, ha mantenido posiciones contrarias a la libertad de los individuos y favorables a la tesis de la rectoría del Estado sobre los ciudadanos en ocasiones anteriores, en particular en la controversia constitucional sobre la Ley de Radio y Televisión.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 6 de diciembre.

Conviene revisar, exactamente, qué establece la Constitución. En su artículo 41, la Carta Magna estipula desde el 13 de noviembre pasado, entre otras cosas, lo siguiente en materia de medios de comunicación y política: “Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social... Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión... Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero”.
A la luz de la letra constitucional resulta obvio que las garantías individuales que invoca el CEE se mantienen a buen resguardo y, en mi opinión, se fortalecen merced la reforma electoral.
Ciro Murayama, Crónica, 7 de diciembre.

Con mucha frecuencia hemos escuchado el fervorín empresarial en defensa de las instituciones, pero cuando una de ellas (quizá la más importante); la Constitución les señala límites a su capacidad de propaganda, influencia, insidia, divulgación perversa, venta de favores, compra de conciencias y cuanto hay, de manera “sabiamente tendenciosa” (diría Cárdenas) se llaman vulnerados en su libertad de expresarse y recurren al amparo de manera tan equívoca y desinformada como para ser rechazados en el primer embate: el juez XIV, David Cortés Martínez, les atiza el primer palmetazo: “se desecha de plano la demanda de garantías. Notifíquese personalmente al promovente”.
Ante tal respuesta, los barones se inconforman y prosiguen con los recursos jurídicos a la mano y en ese sendero persistirán antes de usar otros mecanismos de mayor contundencia, entre ellos mover su dinero, frenar inversiones, impedir, tapar, bloquear y todo el catálogo de sus sabotajes subterráneos.
Rafael Cardona, “El cristalazo dominical”, Crónica, 9 de diciembre.

Adolfo Arrioja, abogado del CCE, sostiene que el amparo se basa en una serie de criterios, de los más prestigiados constitucionalistas que tiene México.
Según ellos, la Constitución se divide en dos partes: la parte orgánica o regulatoria; y, la parte dogmática, invariable en nuestra Constitución.
Hay un principio del derecho constitucional mexicano —subraya— que dice que el poder, por parte del legislador ordinario, de modificar la Constitución no es ilimitado.
El legislador ordinario no puede reformar la parte orgánica de la Constitución.
Por ejemplo, los legisladores ordinarios no pueden reformar la regulación de los procesos electorales afectando garantías individuales, como la libertad de expresión.
Para el CCE era previsible que el juez federal aplicara el criterio ortodoxo de nadie se puede amparar contra la Constitución, ni contra el Congreso, pero el caso lo tendrá que analizar y resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ahí, anticipa el abogado del CCE, se observará una opinión dividida.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 10 de diciembre.

Hay cuatro ministros que seguramente harán valer planteamientos novedosos.
Y es precisamente con ellos con quienes tratará de enfocarse la defensa del CCE.
Lo que busca el CCE es la aplicación de un nuevo principio de interpretación jurídica.
Conforme a ese nuevo principio debe abrirse la posibilidad de que cualquier ciudadano mexicano se ampare contra cualquier acto del Congreso de la Unión, así sea una enmienda Constitucional
El propósito final es evitar que se violen las garantías individuales y de manera fundamental que se evite la violación de la libertad de expresión.
Es una lucha de gigantes.
Es una lucha de poderes.
El poder empresarial está buscando impedir que el Poder Legislativo aplique una reforma constitucional revanchista que atente contra las garantías individuales.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 10 de diciembre.

La Constitución de 1917 estableció garantías individuales sumamente liberales, en las que otorgaba todo tipo de libertades al individuo. Esas libertades no se han restringido mayormente durante los 90 años de vigencia de la Constitución, sino hasta ahora. La libertad de expresión se encuentra seriamente conculcada con el pretexto de que no se influya a través de la compra de tiempos en radio o televisión en favor o en contra de un candidato.
Esto es contrario a la libertad de expresión y a las garantías que la Constitución ha establecido desde su origen e incluso contrario a tratados internacionales sobre derechos políticos que México ha suscrito y que, por tanto, le imponen obligaciones internacionales
Carlos Loperena Ruiz, El Universal, 13 de diciembre.

LA SOLICITUD DE AMPARO DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL. 6. LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

¿Las recientes reformas a la ley electoral vulneran la libertad de expresión? Al parecer los nueve comentarios que presentamos a continuación no logran ponerse de acuerdo; se trata del 11.11% de los 81 comentarios sistematizados para este tema.

Las declaraciones del presidente y del abogado del CCE expresan claramente una confusión entre la libertad de expresión –que, en efecto, es una garantía ciudadana irrenunciable– y la libertad de negocios; es pertinente recordarles a las cúpulas empresariales que, en el marco jurídico actual, la libertad de expresión está garantizada –con o sin reforma electoral– para todo ciudadano u organización que desee hacer uso de ella. En cambio, lo que resulta inadmisible y debe evitarse es que un grupo de particulares empeñen su poder económico a fin de distorsionar el sentir ciudadano e influir en las preferencias electorales, justamente lo que el CCE hizo durante la campaña presidencial de 2006, con la contratación millonaria de publicidad –inmoral e ilegítima– en favor del aspirante del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa.
De hecho, el apoyo que los dueños del dinero dieron a la candidatura del hoy titular del Ejecutivo federal es uno de los elementos que más abonó al áspero conflicto poselectoral del año pasado y al déficit de legitimidad que la presente administración carga desde su origen.
Editorial, La Jornada, 6 de diciembre.

A pesar de ello, el CCE está demostrando una gran valentía al enfrentarse a la fuerza del Estado con este juicio de amparo. Mal habría hecho una institución creada precisamente para defender las libertades individuales frente a los abusos de gobiernos autoritarios en no presentar una batalla legal ante una nueva ley electoral cuyo propósito fundamental es dejar toda la información política del país en manos del pequeño grupo que controla a los partidos de nuestro país. La contradicción de la nueva legislación con el artículo 6o., que garantiza la libertad de expresión es tan grande que vale la pena cuando menos presentar la batalla.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 6 de diciembre.

Para empezar, en ningún momento se restringe la libertad de expresión salvo para los partidos políticos, que no pueden incurrir en “expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas” (Art. 41 constitucional). Empresarios, periodistas, articulistas, comentaristas, taxistas y todos los demás ciudadanos podrán seguir diciendo lo que les venga en gana sin cortapisa alguna. La Constitución no limita, salvo a los propios partidos, lo que se pueda decir.
El derecho a la información se refuerza en tanto todo concesionario de un medio de comunicación electrónica habrá de difundir, en las mismas condiciones que los demás, los mensajes de los partidos políticos durante las campañas electorales. Es decir, la información que generan los partidos políticos, en tanto entidades de interés público, va a llegar a los electores sin que la misma sea cercenada por terceros. Eso sí, los concesionarios ya no van a cobrar por emitir esa información.
Ciro Murayama, Crónica, 7 de diciembre.

Qué bueno, pues, que los empresarios alzaron la voz para alertar que la reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre, es violatoria de las garantías individuales de libertad de expresión, derecho a la información y de asociación, así como al de tomar parte en la vida política del país. Qué bueno también que piensen que la libertad de expresión es un elemento fundamental para construir la opinión pública y, por ello, un componente necesario para una democracia participativa. Qué bueno que se hayan amparado contra la mencionada reforma, y que también estén convencidos de que "los intereses ciudadanos deben estar por encima de los de los partidos políticos, y que los cambios aprobados dan lugar a consecuencias negativas y graves para el progreso de una sociedad libre y participativa..."
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 7 de diciembre.

Poco hay que decir del derecho de asociación, que la reglamentación constitucional en materia de medios no afecta. Todo organismo ciudadano, sea empresarial, laboral, vecinal, etcétera, continuará teniendo libertad de expresar sus opiniones políticas, y podrá adherirse a la postulación de los candidatos que deseé y oponerse a las de los que le disgusten. Esas expresiones se podrán hacer en manifiestos, en reuniones, en mítines, en la prensa, en entrevistas, en el formato que se guste. Ah, eso sí, las organizaciones que quieran ejercer su libertad de expresión no podrá alterar la contienda entre los candidatos comprando tiempo en radio y televisión para favorecer a alguno(s) y perjudicar a otro(s). Van a poder hablar, pero no podrán comprar para ser oídas. En ese sentido, todas las organizaciones tendrán el mismo derecho de manifestarse y sus opiniones, buenas o malas, no tendrán mayor alcance ni influencia en función del dinero de que dispongan para contratar anuncios en los medios electrónicos. Insinuar que el ciudadano tendrá menos voz porque se prohíbe comprar anuncios en radio y televisión es un chiste de mal gusto: baste ver el ingreso promedio de una familia mexicana y el costo de las tarifas comerciales de la radio y la televisión.
Ciro Murayama, Crónica, 7 de diciembre.

El nuevo Cofipe aprobado por el Senado ha definido, por fin, los alcances de la reforma electoral constitucional. El tamaño de la polémica por la reforma va en proporción directa a los intereses afectados. Se han manifestado básicamente tres grandes grupos en contra. En primera instancia, los industriales de radio y TV que ven afectados no sólo los importantes ingresos que han representado las campañas electorales sino, se presume, variará sustancialmente el tipo de relación que se establece entre la representación formal de la sociedad y los llamados poderes fácticos. El segundo grupo es el representado por las cúpulas empresariales que han manifestado de diferentes maneras su rechazo a la reforma argumentando afectaciones a la libertad de expresión. En el fondo, lo que no se dice pero molesta, está relacionado con cerrar la puerta a la posibilidad de incidir, a través de desembolsos millonarios, en la promoción o denostación de un candidato como ocurrió en el proceso del año pasado. Las cúpulas empresariales han interpuesto un juicio de amparo contra la reforma que prohíbe la contratación de spots en materia electoral por parte de organismos privados. "Una vacilada", diría el senador Santiago Creel. El tercer grupo tiene que ver con los llamados partidos pequeños.
Carmen Aristegui, Reforma, 7 de diciembre.

La reforma constitucional y el nuevo Código Federal Electoral violentan la libertad de expresión y el derecho a la información. La prohibición de las campañas negativas transformará la contienda en un ritual cursi. Nadie podrá atacar al contendiente sin importar que los dichos sean verdaderos o falsos. Las campañas -se dice- ahora sí serán de altura. Nos veremos inundados de promesas imposibles de cumplir. No habrá espacio para el debate. Y mucho menos para examinar la materia elemental de la política: los hombres con sus defectos y errores, porque serán ellos y no las ideas quienes efectivamente ejerzan el poder. Se prohíbe, también, que las organizaciones sociales (civiles, profesionales, sindicales y empresariales) se manifiesten en tiempos de campaña. Los partidos nos expropian a los ciudadanos ese derecho. Pero nada de eso importa -dicen los defensores de la partidocracia. Y no importa porque el pueblo no tiene recursos para financiar desplegados o comprar spots. A la gente llana le interesa el pan y su salario. Nada más. Stop. Pausa. Flashback a todo color: el padre de todos los pueblos, Stalin, muy serio y circunspecto, le pregunta a su jardinero: Iván, ¿a ti te interesa la libertad de prensa o el destino de los kulaks que están reeducándose en los campos de trabajo? La respuesta es contundente: no, padrecito Stalin, yo sólo quiero que me aumente mi salario.
Jaime Sánchez Susarrey, Reforma, 8 de diciembre.

El sector opuesto a la reforma electoral ha encontrado su núcleo en los medios electrónicos y en los amplios sectores sobre los que ejercen influencia. El hambre de dinero y de reflectores, o una inaceptable ingenuidad, han llevado a analistas de renombre a sumarse al intento de una azonada mediática con proporciones de un golpe de mano contra el Estado.
De las páginas de los periódicos y las señales televisivas surgió el reclamo de sumar amparos en contra de la reforma electoral, dejando de lado el principio de que no hay amparo posible contra la Constitución.
La demanda jurídica que en este sentido presentó el Consejo Coordinador Empresarial no es, en absoluto, “una vacilada”, como expresó el coordinador senatorial del PAN, Santiago Creel. El poder del dinero ha logrado adeptos en la Corte para su postura, quienes buscarán llevar este tema ante el tribunal. La acción del CCE representa, además, un punto de quiebre entre un importante sector del empresariado y Acción Nacional, que históricamente se asumió como su representante.
Roberto Rock, “Expedientes Abiertos”, El Universal, 10 de diciembre.

De esta manera, se impide que los particulares, a su costa, opinen sobre los candidatos a puestos de elección popular o sobre los puntos de vista que éstos expongan. No se trata sólo de que ataquen o no a un candidato, sino de que influyan a favor de uno u otro. Si un candidato o un partido tiene ideas innovadoras, positivas, de progreso para la sociedad y el pueblo de México, no se le puede aplaudir a través de tiempos comprados en radio o televisión. Si —llevado al absurdo— un candidato o un partido propone establecer la pena de muerte en contra de una infracción de tránsito o suprimir garantías del gobernado, tampoco se puede opinar en contra de ello, en tiempos pagados en radio o televisión. Nadie podrá decir nada en estos espacios, ni siquiera con sus propios recursos.
Esto es una mordaza a la sociedad y a las organizaciones intermedias, sean de trabajadores, de patrones, de empresarios, de estudiantes, de académicos o de gremios profesionales. Nadie se salva.
No se puede opinar en contra ni en favor de las propuestas de un candidato, pues eso implicaría violar el nuevo texto del artículo de la Constitución que reduce de una manera drástica la libertad de expresión
Carlos Loperena Ruiz, El Universal, 13 de diciembre.

LA SOLICITUD DE AMPARO DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL. 7. LOS LEGISLADORES.

A continuación presentamos once comentarios, 13.58% de un total de 81, que dan cuenta sobre la posición de los legisladores con respecto al recurso de amparo interpuesto por el Consejo Coordinador Empresarial. Como se verá, una parte de los comentarios enfatiza en los argumentos de Santiago Creel, quien horas después de conocer la noticia señaló que se trataba de “una vacilada”.

Los partidos políticos han dicho que no se limita la libertad de expresión, pues sólo se está limitando la posibilidad de que diversos grupos compren espacio en medios de comunicación que influyan en las contiendas políticas. En el siglo XXI suena absurdo pensar que limitar el acceso a los medios no es coartar la libertad de expresión.
Tampoco se trata, como quieren ver otros, de defender los intereses de los “poderes fácticos” (cualquier cosa que eso sea) o los medios de comunicación. Aquí se trata del derecho de cualquier mexicano a expresar su opinión de la manera y por los medios que considere convenientes y que desde el 13 de noviembre fueron secuestrados por los partidos políticos.
El CCE recurrió a un proceso legal (al que esperan que se sumen individualmente las cámaras y confederaciones así como empresas y personas físicas), porque no encontró respuesta por parte de los partidos políticos. Mientras se negociaba la reforma hacendaria, los partidos políticos hicieron las modificaciones electorales. Ignoraron los desplegados que, ya con el palo dado, publicó el CCE y los congresos locales las cartas que enviaron pidiendo una mayor reflexión.
Paredes, como lo fuimos narrando en esta columna, tenía una gran presión por parte de algunos miembros del CCE para dar una respuesta; sin embargo, como fueron igual de sorprendidos que el resto de los mexicanos, tuvieron que analizar cuál sería la mejor respuesta y optaron por este proceso legal en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá determinar si el Poder Legislativo puede quitar garantías individuales sin que haya ningún medio de defensa.
En este espacio hemos sostenido que la manera en que se realizó la reforma electoral tiene mucho que ver con el capricho y la voluntad de agandalle que va en contra de los mexicanos.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 6 de diciembre.

Sin duda, el Consejo Coordinador Empresarial está en contra de la partidocracia y quiere una reforma electoral que le permita al empresariado dar su opinión, individual o como asociación, en discursos o en spots comerciales.
El juicio de amparo del CCE podría ser secundado por cada uno de sus organismos en lo particular, con distintos amparos. El objetivo: tener el derecho de opinar en las contiendas electorales y no ceder dicho derecho sólo a los partidos políticos.
José Yuste, “Activo empresarial”, Excélsior, 6 de diciembre.

Los políticos, deseosos de mantener el control absoluto de las campañas y los procesos políticos, afirman que no se está afectando la libertad de expresión sino simplemente la libertad de comercio. Para los ciudadanos que en un momento dado quieran tener una participación independiente de los partidos en la vida política del país, y que tradicionalmente han comprado tiempos de medios o desplegados en los periódicos para defender sus posiciones frente a los políticos, el golpe a la libertad de expresión es contundente. Su única opción será conseguir que los medios cubran sus protestas, pero esto puede ser contrario a los "lineamientos" que los políticos darán a los medios para su cobertura.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 6 de diciembre.

"Mi Truchimán favorito", sin embargo, pretende echarles a perder la "fiesta de la democracia" a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, con la siguiente declaración: en el Congreso está la representación del pueblo de México y la voluntad popular; ellos tomarán la decisión si se aprueba o no. No va a ser el sector empresarial quien dicte en la Cámara de Diputados hacia dónde vamos.
Luis Soto, “Agenda Confidencial”, El Financiero, 7 de diciembre.

Yeidckol Polenvksy, una de las pocas senadoras perredistas que votaron en contra del Código Federal de Procedimientos Electorales junto con Ricardo Monreal, María Rojo, Lázaro Mazón, Salomón Jara y Rosalinda López, recibió una llamada a su celular la noche del miércoles.
Se hizo a un lado del pequeño grupo en el que estaba platicando momentos antes en un hotel. Un grupo interesante en el que estaban, entre otros, el embajador de Venezuela en México, Roy Chaderton, quien insistía en que el “no” al referéndum era “una victoria disfrazada de derrota” que desactivó, entre otras cosas, un movimiento subversivo que ya preparaban los opositores, los “escuálidos”, como les dice su presidente Chávez. También estaba el de Rusia y el de Vietnam (a quien le pidió que por favor le consiguiera las obras selectas de Ho Chi Minh), además de Héctor Vasconcelos.
A Yeidckol le hablaban para comentarle lo que acababa de hacer el Consejo Coordinador Empresarial: buscan ampararse por la nueva ley electoral, que en pocas palabras, no les permitirá comprar espacios para decir lo que piensan con respecto a los candidatos. Se quejan de que se viola su derecho a la libertad de expresión, derecho de información y asociación.
La ex líder de Canacintra, con su celular en manos libres cual pequeño micrófono, se acercó de inmediato a Arturo Núñez para comentarle...
Núñez, como Creel ayer, casi calificó como una “vacilada” la actitud del CCE. Que no podrán ampararse. Aseguran. Claro que los empresarios opinan todo lo contrario… Interesante round. ¿Cómo terminará?
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 7 de diciembre.

También los que se mofaron del CCE por solicitar amparo de la justicia para defender la libertad de expresión. Se quedaron con una visión, no más lejana que su nariz, de que los empresarios querían preservar su derecho a pagar spots durante las campañas presidenciales sólo porque la IP presentó tres anuncios durante la elección de 2006 que eran a favor de lo que los mexicanos hemos logrado gracias a la estabilidad y el buen manejo de la economía. Las políticas económicas no son de izquierda o de derecha sino correctas e incorrectas.
Llama la atención que sean aquellos quienes viven de ejercer la libertad de expresión se hayan pasado al lado de quienes quieren callar las voces. Que sean los que se sumaron a considerar como una vacilada la valiente acción de Armando Paredes. Que sean los mismos que justificaron la actitud de los senadores cuando ignoraron las posiciones de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión ante las reformas a la ley de la mataria.
Si Ricardo Salinas defiende la libertad de expresión, se le acusa de estar defendiendo su interés económico. Para una empresa que hoy tiene 52,000 empleados y que en unos días más generará otros 4,000 directos, los ingresos de publicidad por partidos políticos realmente no pintan en su balance general. Se hacen juicios por la su imagen, no por los hechos y hasta les obligan a poner la otra mejilla.
Martín Moreno, “Archivos del poder”, Excélsior, 13 de diciembre.

Demostraron que es tal su sed de poder que ni siquiera pudieron cumplir con las reglas que ellos se habían impuesto y han sembrado una duda sobre cualquier acto de este consejo electoral. Los partidos políticos y los legisladores han resultado muy hábiles y rápidos para cuestionar a sectores de la iniciativa privada que quieren un diálogo con ideas y el derecho a expresar su voz. Después de ver los escándalos y la manera burda como buscan el poder para servirse de él y no a la sociedad, queda claro quiénes están a favor de México y quiénes no.
Voces, como la que ha levantado Armando Paredes, en nombre de todo el sector privado sí tienen un interés legítimo en el bienestar de la sociedad, no así los partidos políticos.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 17 de diciembre.

A todos los retos de naturaleza económica se les debe sumar los de carácter político. Hechos recientes, como el “agandaye” de los partidos políticos que pretende coartar garantías constitucionales, demuestran que las razones que dieron origen a la creación del CCE siguen vigentes y deben tomar una posición muchísimo más determinada.
Hay quienes quieren cobrarle elevadas facturas a la iniciativa privada debido a su activismo político, coartándole no sólo su derecho a representar a sus agremiados, sino a quienes generan la mayoría del empleo en el país. Curiosamente, las voces que buscan callar son las mismas a las que les parece adecuado que sindicatos como los que representan a trabajadores de Pemex, Luz y Fuerza, IMSS y maestros sí hablen. Vamos, Coparmex es un sindicato patronal y a ellos se les busca censurar.
El reto de defender la libertad de expresión es quizá la labor fundamental a la que deberán enfrentarse las empresas durante el año próximo.
David Páramo, “Personajes de renombre” Excélsior, 21 de diciembre.

SANTIAGO CREEL.
Para Santiago Creel el asunto es muy sencillo. El juicio de amparo promovido por el Consejo Coordinador Empresarial contra las restricciones a la libertad de expresión introducidas por la reforma electoral es una "vacilada". Así se burlan los políticos de las preocupaciones de los ciudadanos. De hecho, estos mismos políticos están orgullosos de su reforma electoral. Y es lógico. La reforma prohíbe a cualquier ciudadano o institución contratar tiempos en los medios de comunicación -electrónicos o impresos- para oponerse a las posiciones de los políticos en campaña. Qué cómoda posición. Pero, claro, ellos tienen el poder y no se les puede decir nada. También José López Portillo y su séquito lo tenían cuando estatizaron la banca en 1982. Y también se burlaron de los accionistas de la banca que trataron de ampararse contra esta acción.
Sergio Sarmiento, “Jaque Mate”, Reforma, 7 de diciembre.

Mientras que para el senador panista Santiago Creel el recurso de amparo que interpuso el Consejo Coordinador Empresarial en contra de la reforma electoral “es una vacilada”, para el organismo cúpula se trata de una lucha legal a favor de las garantías individuales.
De lo que no hay duda es de que se trata de una lucha legal entre dos poderes de ámbitos diversos: el poder económico, representado por los dirigentes empresariales; y el Poder Legislativo, dominado por los partidos políticos que enarbolan la bandera de la partidocracia.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Armando Paredes está dispuesto a enfrentar mil batallas en aras de la libertad de expresión.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 10 de diciembre.

Por más que un ensoberbecido Santiago Creel diga que es una vacilada el juicio de amparo que presentaron la CCE y, en lo particular, Coparmex, la realidad es que los organismos cúpula están haciendo algo que, como hemos reiterado, va muchísimo más allá de proteger su derecho a comprar tiempo en los medios electrónicos para fijar sus posiciones dentro de la campaña electoral.
Algunos han intentado reducir todo a este simple punto y hasta hay comunicadores que dicen que se trata de justicia, pues no todo el mundo tiene dinero para comprar spots y ejercer así su derecho a la libertad de prensa (son esos políticamente correctos que creen que generar empleos mediante el talento empresarial es malo y, por tanto, se debe denostar a ese sector “enemigo del pueblo”), cuando la realidad es que tiene relación con las garantías constitucionales y el derecho que se está otorgando el Congreso de la Unión para quitarle a los mexicanos sus derechos.
El que una primera instancia lo haya descartado no cambia nada, pues el sector empresarial no sólo va a mantener el procedimiento, sino que, como lo ha dicho Armando Paredes, estarían dispuestos a llegar a instancias internacionales.
David Páramo, “Personajes de renombre”, Excélsior, 10 de diciembre.

LA SOLICITUD DE AMPARO DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL. 8. SEMEJANZAS CON LA POSICIÓN DE LÓPEZ OBRADOR.

Aunque parezca increíble, la estrategia del Consejo Coordinador Empresarial tiene semejanzas con la posición de Andrés Manuel López Obrador. De ello se ocupan los siguientes cinco comentarios, 6.17% de los 81 sistematizados.

La bronca en el PRD, obligó a López Obrador a ir de la mano del empresariado al que aborrece.
El CCE y la Coparmex se ampararon contra la reforma electoral.
López y su gabinete irán a un juicio de inconstitucionalidad.
Trabajan en el texto, para sumarse a la IP.
Los frena el hecho de que no son un grupo legal para argumentar que la reforma los afecta.
Pepe Grillo, Crónica, 7 de diciembre.

Fueron enemigos en 2006. Uno atacó al otro con la campaña de “un peligro para México”. El entonces candidato presidencial se defendió con todo, y el pleito llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero hoy están a punto de tomarse de la mano para combatir la reforma constitucional en materia electoral, nos comentan.
El Consejo Coordinador Empresarial solicitó un amparo contra las modificaciones constitucionales, con el argumento de que afectan la libertad de expresión. Ahora, el equipo del autodenominado presidente legítimo analiza seguir la misma ruta con otro amparo contra la reforma electoral. Usted sabe que este tema trae de cabeza a Andrés Manuel López Obrador, principalmente por las coaliciones con los minipartidos. Líderes perredistas cuestionan el hecho de que el tabasqueño vaya a utilizar el mismo camino que sus otrora enemigos del CCE
“Bajo reserva”, El Universal, 7 de diciembre.

Paradójicamente, Andrés Manuel López Obrador y el Consejo Coordinador Empresarial coincidieron esta semana en su oposición a la reforma electoral que está por culminar en la Cámara de Diputados. La paradoja es mayor si se considera que la cúpula empresarial desearía mantener el privilegio que le permitió combatir a López Obrador el año pasado y que le fue amputado por las enmiendas y adiciones a la Constitución, aprobadas y aun impulsadas por los partidos que lo apoyaron en la contienda presidencial.
Ninguno de esos extrañamente unidos (o coincidentes al menos) opositores a la reforma podrán frenarla en su tramo final, que ocurrirá en San Lázaro en los próximos días. Sólo podría frustrar la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales alguna extrema y zorruna maniobra de los concesionarios de radio y televisión que no se avienen a la nueva regulación, la han combatido con mentiras y falacias y buscarán hasta el último momento su aprobación y entrada en vigor.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 9 de diciembre.

Muy lejos de cualquier ejercicio de prospección política, hubiera pensado en que una vez aprobadas las enmiendas y reglamentadas en el Cofipe se alzaría en contra bajo una descalificación absurda y llamándole “palero” a su propio partido. Trabajando desde su posición a favor de los intereses que realmente fueron afectados, inmejorable vocería se encontró el Consejo Coordinador Empresarial y el duopolio televisivo, para ahondar en la campaña de mentiras y falsificaciones con que han enfrentado las reformas.
En la escalada de su contradicción, el exceso se vuelve cotidiano y el rudo lenguaje de sus descripciones “que no insultos” se dirige ahora hacia los suyos. Ayer llamó vendidos a los representantes de casilla del PRD que no vieron en la jornada electoral lo que su imaginación recreó. Ahora dice que los legisladores del PRD son paleros de la derecha, concediendo a lo mucho dos posibles categorías: los que lo son por gusto y los que se prestan al juego sin saber qué realmente sucede
Javier Corral, El Universal, 11 de diciembre.

Ironías de la política o confirmación de las leyes de la física que afirman que los extremos finalmente se juntan. Si ya era curioso que Andrés Manuel López Obrador y el Consejo Coordinador Empresarial coincidieran en su rechazo y cuestionamiento público a la reforma electoral aprobada por el Congreso, mucho más extraño y paradójico es que el presidente Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador, los dos principales adversarios en la política nacional, defiendan una misma posición de rechazo a que se cambie el actual e inoperante régimen político de la República. Tal como lo oye, Calderón y AMLO se oponen, eso sí, por separado y con su abismal distancia entre la Presidencia “legal” y la “legítima”, a que se modifique un ápice del sistema presidencial imperante en el país. La sorprendente coincidencia se ha registrado en la mesa de negociación de la reforma del Estado.
Salvador García Soto, “Serpientes y Escaleras”, El Universal, 13 de diciembre.

LA SOLICITUD DE AMPARO DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL. 9. RECURSO RECHAZADO.

Al menos por el momento, la solicitud de amparo del Consejo Coordinador Empresarial en contra de la reforma electoral no ha prosperado. De este asunto se ocupan los últimos nueve comentarios, 11.11% de los 81 sistematizados para este tema.

No pasaron ni 48 horas para que un juez federal decidiera no admitir la demanda de amparo presentada por el Consejo Coordinador Empresarial en contra de la reforma electoral. Era previsible: no se puede otorgar un amparo constitucional en contra de la misma Constitución. Ahora el presidente del Senado, Santiago Creel, llama a los empresarios al diálogo para explicarles que la reforma no viola la libertad de expresión. Pero los empresarios no quitan el dedo del renglón y ya anunciaron que agotarán todas las instancias legales. Todavía faltan muchos capítulos por escribirse de la reforma electoral.
Pepe Grillo, Crónica, 8 de diciembre.

La negativa del XIV Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el DF, de otorgar un amparo al Consejo Coordinador Empresarial, en contra de las reformas a la ley electoral. Recuerde que ahora, grupos como el CCE no podrán comprar espacios publicitarios con propaganda negativa en contra de candidatos a cargos de elección popular
Katia D’Artigues, “Campos Elíseos”, El Universal, 9 de diciembre.

El viernes pasado, un juez federal rechazó una solicitud de amparo que presentó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) contra las reformas constitucionales en el tema que comentamos. Por sus características, podría ser que este caso llegue a la Suprema Corte.
Algunos especialistas en derecho sostienen que el amparo no tendrá éxito, pues el Poder Judicial no concede protección a quienes se dicen afectados en su derecho por la propia Constitución. Aun así, la reforma al artículo 41 es tan arbitraria que vale la pena recorrer cualquier camino legal para echarla abajo. Uno de ellos podría ser el sistema interamericano de derechos humanos.
Es importante decir que la coincidencia con el CCE en la defensa de la garantía individual de libre expresión no es pecaminosa, pues se trata de pelear por un derecho que debería ser válido para cualquier mexicano, al margen de su ocupación o nivel de ingreso.
Pascal Beltrán del Río, “Bitácora del director”, Excélsior, 9 de diciembre.

Pero el Consejo Coordinador Empresarial se erige defensor de la libertad de expresión y habla en nombre de la sociedad. No del corporativismo cuyo fantasma mussoliniano recorre México. Interpone demanda de amparo contra las reformas a la Constitución en materia electoral. Un juez de distrito desechó dar entrada a la demanda por “notoriamente improcedente.” Irán a la Suprema Corte los que hace seis años decidieron poner en la Presidencia de la República a un gerente propio. Y lo sentaron en la metafórica silla, con el voto útil y el aplauso generalizado de la gente del común harta del PRI y decidida a sacarlo de Los Pinos a cualquier costo. Caro les costó el gobierno que no era de empresarios, sino de gerentillos, según juicio implacable de uno de los ricos más ricos de la comarca y de la globalidad. Más caro le costó al país
León García Soler, “A la mitad del foro”, La Jornada, 9 de diciembre.

El CCE solicitó amparo contra la reforma constitucional alegando que la prohibición de comprar tiempo en radio y televisión es un ataque a las libertades de expresión y de información, que jamás habían estado en el horizonte de sus preocupaciones y que no resultan afectadas por la nueva legislación, cuyo propósito central es disminuir la influencia del dinero en los procesos electorales y no inhibir el debate público sobre partidos y candidatos pero evitando que sólo quienes puedan pagarlo participen en él.
De inmediato, el juez federal ante quien se presentó la demanda empresarial de garantías la desechó por notoriamente improcedente, pues el sentido común y la jurisprudencia de la Suprema Corte tienen establecido que las reformas a la Constitución no pueden ser recurridas por la vía del amparo. Los dirigentes privados acudirán a la revisión, la segunda instancia de ese juicio, pero pretenden que de ella no se ocupe un tribunal colegiado como corresponde, sino la propia Corte. Es de dudarse que el tribunal constitucional admita atraer el caso, salvo que sus ministros estén resueltos a minar aún más la confianza que deben inspirar a la sociedad. Sería, en efecto, un contraste muy agudo el que se establecería si admitieran el pedido de la cúpula empresarial después de que la primera sala de la Corte rechazó por mayoría de tres a dos la solicitud del Comité 68 de realizar la misma operación en el caso del ex presidente Luis Echeverría. Éste obtuvo en julio pasado un amparo contra la orden de aprehensión que lo involucra, como secretario de Gobernación que era, en la matanza del 2 de octubre de 1968. La revisión correspondiente está radicada en un tribunal de circuito y allí quedará, tras la decisión de los ministros a los que no pareció trascendente que en el caso se debata la responsabilidad por el asesinato de cientos de personas y esté involucrado un miembro del gabinete presidencial, que fue después jefe de Estado.
Miguel Ángel Granados Chapa, “Plaza Pública”, Reforma, 9 de diciembre.

Que para seguir en el tema, el descalabro judicial que sufrió el viernes el Consejo Coordinador Empresarial no desanimó a grupos y ciudadanos que, unidos o individualmente, interpondrán amparos contra las reformas al Cofipe por considerar que violan libertades básicas.
¿Cuántas demandas soportará el Cofipe?
“Trascendió”, Milenio, 10 de diciembre.

El viernes pasado, el juez décimo cuarto de distrito en materia administrativa, notificó que no admitiría la demanda de juicio de amparo interpuesta por el CCE, por considerarla improcedente.
Para el organismo tal escenario era previsible.
Y era previsible, dice, por la tendencia que existe por parte de los jueces federales de primera instancia, de abstenerse de conocer formalmente demandas de esta complejidad.
Los jueces federales han optado por dejar que sean instancias de mayor nivel las que se pronuncien al respecto.
Por eso el máximo organismo cúpula, anticipa que el amparo del CCE terminará por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El gremio del sector privado considera que se trata simplemente del primer capítulo de una larga batalla.
El CCE —advierte— continuará impulsando, a través de los cauces institucionales, su derecho a defender no sólo la libertad de expresión y el derecho a la información, sino el régimen de garantías individuales consagrado en la Constitución.
Marco Antonio Mares, “Ricos y poderosos”, Crónica, 10 de diciembre.

Firme el dedo en el renglón, el Consejo Coordinador Empresarial presentó ayer un recurso de inconformidad contra la resolución de un juez de Distrito que rechazó por “notoriamente improcedente” una solicitud de amparo contra las reformas a la Ley Electoral aprobadas por el Congreso.
El volado apunta a que un tribunal colegiado analice en segunda instancia el asunto o que, dada su trascendencia, lo atraiga de éste la Suprema Corte de Justicia.
De acuerdo a los abogados de la cúpula de cúpulas, el problema no es la constitucionalidad de la reforma constitucional, sino la violación de derechos políticos de los hombres del dinero.
Se trata, pues, de un juicio de garantías que, juran, nada tiene que ver con los intereses de las televisoras.
Alberto Barranco, “Empresa”, El Universal, 13 de diciembre.

La Coparmex obtuvo un triunfo pírrico e insiste en promover amparos en contra de la reforma constitucional en materia electoral, por lo que el Juzgado Primero de Distrito con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, concedió una suspensión provisional, pero no decretó el incidente de “suspensión”, toda vez que no se solicita. Dentro de unos días, nos dicen abogados cercanos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se va a dar el fallo y será negativo, al igual que lo harán con la promoción que hicieron un grupo de intelectuales en el mismo sentido, sólo que éstos actuaron, nos explican, con mucha ignorancia de las leyes, pues promovieron el amparo a destiempo. / Atrás están los dueños de los medios electrónicos, pues no hay ningún ataque a la libertad de expresión, como tampoco la defienden, ya que ninguno de ellos se ha visto impedido para ejercerla, nos comentan senadores que insisten en señalar que los intelectuales actuaron con mucha ingenuidad.
Ubaldo Díaz, “Escenario Político”, Crónica, 24 de diciembre.

Crecen los videojuegos 30%

Para el cierre del año, se espera que el mercado de los videojuegos alcance los 670 millones de dólares, 30 por ciento más que en 2006.

Además, de seguir la tendencia, empujada por la entrada de grandes jugadores, crédito al consumo y una oferta con mayor distribución geográfica, superará los mil millones de dólares para 2009, revela un estudio sobre la industria en México.

El documento creado por la consultora Américas News Intelligence, indica que en todo el País se vendieron un millón 95 mil unidades consolas y 4 millones 961 mil títulos de juegos, lo que significa un crecimiento en equipos del 11 por ciento.

Estas cifras desde el 2006 han atraído la atención de las grandes empresas del sector, que buscan iniciar operaciones en México y empujar el mercado legal, ya que se estima que la piratería tiene alrededor del 66 por ciento, aunque en el mercado de PC la cifra alcanza el 90 por ciento.

Las primeras firmas en México fueron Disney, Microsoft, Warner, porque ya tenían oficinas instaladas.

Este año se colocaron Electrónica Arts, principal proveedor nacional de títulos, con 17 por ciento del mercado, seguido por Ubisoft y THQ.

En tanto que Activision, que ocupa el cuarto lugar nacional y concentra el 9 por ciento de las ventas, tiene planeado llegar en 2008, explicó el director de la consultora en el reporte, Jeffrey Wright.

Los factores que han hecho de México un mercado atractivo a nivel mundial son la estabilidad macroeconómica, el crecimiento en las opciones de crédito al consumo y la población juvenil.

Pero también el crecimiento de la oferta se debe a la entrada de tiendas departamentales al negocio, lo que permite el acceso de la población de clase media baja a través de sus planes de financiamiento.
Nota de Lilia Chacón, Reforma, 28 de diciembre.

Rechaza Tribunal “censura previa”

Las empresas editoriales no pueden aplicar censura previa para abstenerse de publicar una obra que contenga expresiones posiblemente maliciosas o información falsa, resolvió un tribunal federal.

El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil estableció que los juicios sobre posibles excesos de una obra solo pueden ser realizados por el Poder Judicial, si es que el caso es puesto a su consideración por alguna persona afectada.

"Una restricción a las posibilidades de divulgación, como lo sería la censura previa del editor de publicar un libro o no, por considerar que su contenido tiene expresiones que a su juicio afectan a la persona en sus derechos subjetivos, representa directamente un límite al derecho de libertad de manifestación de ideas e imprenta", señaló.

Los jueces, aclaró, pueden ordenar que se deje de publicar un libro o que se hagan correcciones, pero sólo después de resolver que hay daño moral, de acuerdo a tesis que el tribunal publicó en el Semanario Judicial de la Federación.

"Cuando mediante determinación judicial se estableció que una obra contiene expresiones maliciosas y denostantes de los derechos subjetivos o de personalidad de un determinado individuo y, por lo mismo, constitutivas del daño moral reclamado, aún cuando se trate tal publicación de una garantía individual, se debe de impedir que se siga publicando el libro en los mismos términos", indica una de las tesis.

Los magistrados aprobaron las tesis a raíz de la demanda de Manuel Bribiesca Sahagún, hijo de la ex primera dama Marta Sahagún, contra la periodista argentina Olga Wornat, por sus afirmaciones en el libro Crónicas Malditas.

El tribunal confirmó, en marzo pasado, una condena por daño moral contra Wornat, pero también que la editorial sólo podía ser condenada a modificar un capítulo del libro.
Nota de Víctor Fuentes, Reforma, 28 de diciembre.

Desechan amparo de intelectuales

Una juez federal desechó ayer el amparo que un grupo de intelectuales y artistas promovió el viernes pasado para impugnar la reforma constitucional en materia electoral.

Rafaela Franco Flores, juez quinta de distrito en materia administrativa, se negó a admitir a trámite la demanda presentada por Héctor Aguilar Camín, Francisco Calderón, Jorge Castañeda, Luis de la Barreda, Gerardo Estrada, Jorge Fernández Menéndez, Luis González de Alba, Teodoro González de León y Miguel Limón Rojas, entre otros.

El acuerdo de la juez, notificado ayer, no detalla las razones del desechamiento.

Sin embargo, casi todos los juzgadores que han desechado amparos similares lo han hecho porque tienen que cumplir la jurisprudencia dictada en 2002 por la Suprema Corte de Justicia, que señala que los procedimientos de reforma a la Constitución no son susceptibles de control externo alguno, es decir, que el Poder Judicial no puede revisarlos.

Los quejosos tienen 10 días hábiles para interponer un recurso de revisión, que será enviado a un tribunal colegiado de circuito, y probablemente a la Corte.

Otros firmantes de la demanda fueron Federico Reyes Heroles, Ángeles Mastreta, José Roldán, Luis Rubio, Jaime Sánchez Susarrey, Sergio Sarmiento, Jesús Silva-Herzog Márquez, Leo Zuckerman, Isabel Turrent y Ramón Xirau.

Impugnaron el artículo 41 de la Constitución, que ahora prohíbe a particulares contratar propaganda en radio y televisión para influir en temas electorales, pues consideran que viola la garantía de libre expresión.

Hasta ahora, los jueces federales han desechado más de 80 amparos similares, promovidos en su mayoría por organismos empresariales. Hoy también fue rechazada la demanda de la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia.

La única excepción fue el juez primero de distrito en Tamaulipas, Gonzalo Carrillo de León, quien el 17 de diciembre admitió a trámite el amparo del Centro Empresarial de Ciudad Victoria y emplazó a juicio a todas las autoridades involucradas en la aprobación de la reforma constitucional.

También fueron presentados, entre lunes y miércoles de esta semana, los primeros recursos de revisión contra amparos desechados, en las demandas promovidas por el Consejo Coordinador Empresarial y la Concanaco-Servytur.

Los recursos fueron turnados a los tribunales colegiados en materia administrativa, que están de vacaciones. Los magistrados tendrán que decidir si se limitan a aplicar la jurisprudencia de la Corte, o si envían a ésta los expedientes para que revise su propio criterio.

De los ocho ministros que aprobaron la jurisprudencia en septiembre de 2002, solo cuatro siguen en la Corte.
Nota de Víctor Fuentes, Reforma, 28 de diciembre.

Arranca la portabilidad en 2008

Una de las medidas regulatorias de mayor trascendencia para el consumidor en 2008 será la implantación de la portabilidad numérica, es decir, la posibilidad de que los usuarios conserven su número siempre aunque se cambien de compañía telefónica.

Por fin, hacia el segundo semestre el próximo año, los usuarios mexicanos serán los dueños de sus números telefónicos y podrán elegir las veces que quieran al proveedor que le otorgue el servicio y precios que más le convengan y portar su número.

Los beneficios de este esquema se concentran en una mayor calidad de los servicios y una reducción en los precios, debido a que los operadores tratarán de retener a sus clientes ante la facilidad que tendrán éstos para cambiarse de operador.

Para la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), esta medida intensificará la competencia que se vive en el sector, y generará la introducción de novedosos productos y mejores precios.

Lejos de lo que pudiera pensarse, los expertos no esperan una oleada de cambios de operador. De acuerdo con la consultora Everis, se espera que a los dos años de la aplicación de la portabilidad numérica en México, 4.4% de los usuarios de telefonía decidirán portar su número.

En el segmento de telefonía móvil, se estima que sólo 5% de los clientes harán uso de la portabilidad numérica, y en el de telefonía fija será 3% hacia 2018, según el estudio.

Menores precios

Sin duda, uno de los beneficios de la portabilidad más valorados por el consumidor será la baja en los precios de los servicios telefónicos. En este sentido, Everis calculó que el precio por minuto en el servicio móvil bajará 30% entre 2008 y 2018. Esto significa que las tarifas pueden llegar a ser de poco más de un peso en 10 años. Y en el servicio de mensajes cortos (SMS) no se esperan cambios en los precios, por lo que se mantendrían en alrededor de un peso por envío.

Las tarifas de telefonía fija podrían reducirse 11% en el mismo periodo, pero el precio promedio por minuto para llamadas desde un teléfono fijo a un móvil se reducirá 34%, para pasar de 18 a 12 centavos de dólar, proyectó la firma, que estimó que como consecuencia de la portabilidad numérica, los usuarios tendrán beneficios netos acumulados de 662 millones dólares en un periodo de 10 años, de los cuales 76% serán para los clientes del servicio móvil y 24% para los del servicio fijo.

¿Cómo funciona?

Cuando un usuario quiera portar su número telefónico a otra empresa deberá acudir el operador para manifestarle su decisión y que éste realice el procedimiento de cambio. Los suscriptores de los servicios de telefonía fija y móvil de postpago tendrán que presentar el formato de la solicitud de portabilidad que contenga su firma autógrafa, copia de su identificación oficial y la factura a nombre del titular (aun no se define si se debe presentar pagada).

En el caso de los clientes de telefonía celular de prepago, sólo deberán presentar el formato de solicitud.

El operador receptor del usuario dará aviso a un tercero que será un administrador de la base de datos para que realice el cambio técnico.

Los usuarios no podrán quedarse sin servicio por más de 30 minutos en 95% de los casos, y ninguno deberá ser mayor a 120 minutos.

En el momento en que la portabilidad se haga efectiva, termina la relación contractual con el operador donador y comienza a facturar el servicio con el concesionario elegido por el consumidor.
Nota de Angelina Mejía, El Universal, 28 de diciembre.

Juez desecha amparo de intelectuales y artistas

La juez 5 de Distrito en Materia Administrativa, Rafaela Franco Flores, desechó por notoria improcedencia el amparo que promovió un grupo de intelectuales y artistas para impugnar la reforma constitucional en materia electoral.

Ahora los inconformes cuentan con 10 días hábiles para interponer un recurso de revisión, el cual será enviado a un tribunal colegiado de circuito y posiblemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La principal objeción de los quejosos se refiere al artículo 41 de la Constitución, que prohíbe a particulares la contratación de propaganda en radio y televisión para influir en temas electorales, al considerar que viola la garantía de libre expresión.

El trámite fue presentado por Luis de la Barreda, Luis González de Alba, Héctor Aguilar Camín, Ángeles Mastreta, Ramón Xirau, Isabel Turrent y Federico Reyes Heroles, entre otros.
También fue rechazada la demanda de la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia, con lo que hasta el momento los jueces federales han desechado más de 80 amparos promovidos por cámaras y organismos empresariales.

Los juzgadores han desechado esos amparos con base en la jurisprudencia dictada en 2002 por la SCJN, la cual establece que los procedimientos de reforma a la Constitución no son susceptibles de control externo alguno, lo que significa que el Poder Judicial no puede revisarlos.
Nota de Crónica, 28 de diciembre.