Aunque la propuesta de reforma a lastelecomunicaciones sí abre la competencia en este sector, integrantes del Consejo Rector del Pacto por México reconocieron que en el tema de must carry y must offer cedieron a las presiones de los concesionarios de latelevisión abierta, para que éstos pudieran cobrar a las cableras por retransmitir contenidos.
De acuerdo con integrantes del Pacto, en las últimas semanas la presión dentro y fuera de ese órgano creció al grado que los representantes de los concesionariosfinalmente lograron incluir una cláusula para que sólo las empresas con poder sustancial en telecomunicaciones y radiodifusión tengan que pagar una contraprestación económica.
Así, sólo las empresas “pequeñas” o “con limitantes económicas y técnicas” podrán transmitir de manera gratuita contenidos de canales abiertos.
“Los concesionarios de televisión restringida o de televisión abierta que hayan sido declarados con poder sustancial en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión, así como aquellos con participación nacional en la prestación de un servicio, directa o indirectamente, mayor a 50% (...) no se beneficiarán de las reglas de gratuidad de los contenidos de radiodifusión o de retransmisión”, especifica el proyecto que será presentado formalmente hoy y turnado mañana al Congreso.
El must offer y must carry son términos que la legislación internacional usa para identificar la relación comercial entre los concesionarios de televisión abierta y restringida. El primer concepto se refiere a la obligación de los operadores de televisión abierta de ofrecer sus contenidos a los operadores de paga para su transmisión de manera gratuita, mientras que la segunda figura obliga a los operadores de televisión restringida a transmitir señales abierta con publicidad incluida, pero en el país —de aprobarse esta propuesta— Televisa y Tv Aztecapodrían obtener un beneficio económico, aceptaron analistas.
Y es que los representantes de los concesionarios de la televisión abierta lograron que el concepto de gratuidad no aplique para aquellas cableras que en el mercado “tengan poder sustancial”, mismo que estaría fijado por los nuevos órganos reguladores, es decir instituto federal de las telecomunicaciones, que sustituiría a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).
Inequidad económica
El abogado en materia de derecho a la información, David Peña opina que de aprobarse esta nueva relación entre concesionarios habría una “inequidad económica”, que al final el perjudicado sería el televidente.
“No se puede fijar un criterio de apertura de mercado, a partir de quién tiene más o quién tiene menos poder adquisitivo. En este caso esta pretendida argumentación generará arbitrariedades y el agente predominante siempre saldrá beneficiado, sin importar la premisa que la gratuidad les dará más televidentes, porque se verán más sus contenidos y, en consecuencia, sus anuncios”, argumentó.
El especialista detalló que introducir fórmulas a la Constitución para que particulares obtengan ganancias propias por las señales públicas va contra toda lógica de ofrecer derechos plenos a los mexicanos.
“Este tipo de formulas son sólo para proteger al final a los grandes transmisores de las señales públicas, abiertas y no generará abiertamente la competencia que se está buscando. ¿Por qué en México, las figuras del must offer ymust carry tendrán otro significado? Alguien está presionando muy fuerte para que quede así la legislación”, dijo.
El proyecto de reforma al sector de las telecomunicación también obliga a las televisoras a regresar al Estado los canales que resulten de la transición digital, por lo que los canales donde hicieron su pruebas digitales no podrán quedárselos.
Francisco Nieto y Horacio Jiménez, El Universal, 11 de marzo.
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