Lamentan “freno” a cambios laborales

Después de 41 años sin cambios sustantivos a la Ley Federal del Trabajo, con 410 iniciativas presentadas hasta el pasado 13 de abril y los últimos 16 años de una discusión más intensa sobre el tema, quedaron sin realizarse modificaciones, cuando se vivía el momento en que más parecía que el Congreso sacaría adelante una propuesta: la del PRI.

De las reformas presentadas, destacan la del PRD y de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) en 2002; la del PAN en marzo de 2010 y la enviada por el PRI en marzo pasado, que tenía varias similitudes con la panista, según expertos, como Carlos Rodríguez del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).

Rodríguez dijo que se han realizado 21 reformas del 123 constitucional desde 1929, las cuales han sido progresivas, incorporadas a su ley reglamentaria, como la supresión de las distinciones existentes entre las mujeres y menores con el hombre en relación con las condiciones de trabajo.

En 1974 se instauró la obligación del patrón de adoptar medidas para prevenir y garantizar la salud de las embarazadas y la del producto de la concepción y el derecho de escalafón en igualdad de condiciones, a quien sea la única fuente de ingresos de su familia.

Para 1972, recordó, se incluyó el establecimiento del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores del Estado y la prohibición de utilizar a menores de 14 años en el trabajo.

La garantía constitucional del derecho a un salario mínimo remunerador tanto para obreros como para los trabajadores del campo, fueron implementadas en 1962.

Estas, insistió el especialista, son garantías progresivas, como lo fue la que estableció la obligación de las empresas a proporcionar capacitación y adiestramiento, en 1978.

El sector patronal, el PAN y el gobierno federal, a través del secretario del Trabajo, Javier Lozano, acusaron a la dirigencia priísta y algunos de sus legisladores de haber “atorado” la reforma laboral, por intereses políticos electorales.

Los priístas rechazan las acusaciones y sostienen que cambios de tal envergadura merecen un mayor consenso entre todos los involucrados, así como con especialistas, para no afectar los derechos de los trabajadores.

Del otro lado, los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, así como organizaciones como las que integran la UNT, enarbolan como un logro el haber frenado la reforma laboral priísta que era la que se sacaría adelante, pues observaban diferencias en 30 de puntos que consideraban un retroceso para los derechos y conquistas de los asalariados.

Incluso, algunos priístas, como el diputado Amador Monroy Estrada, quien es vicepresidente del Congreso del Trabajo (CT), reconoció que se tienen que cambiar algunas cosas de la propuesta de su partido, pues expuso, por ejemplo, que en lugar de limitar el tiempo para pagar salarios caídos en caso de despido a un trabajador, se debe reducir a 18 meses máximo el tiempo del juicio respectivo, para que no digan las empresas que “se les está sangrando”.

“Ha faltado que haya un consenso mayoritario de más organizaciones, tanto sindicales, como industriales y de otro tipo interesados en la reforma”, dijo Ramón Humberto Ojeda Silva, también vicepresidente del Congreso del Trabajo.

Coparmex critica a priísta

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que los legisladores del PRI pusieron como pretexto la falta de consensos para generar un dictamen y llevar al pleno la reforma laboral; sin embargo, la última iniciativa presentada por la fracción de ese partido reunía varios de los acuerdos alcanzados a lo largo de más de 16 años de negociaciones entre los sectores de la producción y contenía coincidencias entre las posiciones de los partidos en el Congreso de la Unión.

“La iniciativa que se ha frenado buscaba impulsar la generación de los empleos que se necesitan en un país donde más de 52% de la población está en la informalidad.

“Con esta actitud poco responsable de los legisladores perdemos todos. Pierden los poco más de 7 millones de jóvenes que no estudian ni tienen posibilidad de obtener un empleo formal, por vivir en un país que tiene uno de los mayores costos del mundo en creación de nuevos empleos”, estableció la Coparmex.

El secretario del Trabajo, Javier Lozano, dijo que al no aprobarse la reforma se ve afectaciones como el de la generación de empleo para jóvenes, a quienes no se les da trabajo por falta de experiencia.

Destacó, la productividad que es casi nula, de 2.3% de incremento, mientras que en países como Islandia es de 65% y Korea de 85%. Además, repercute en los grupos vulnerables que padecen discriminación y no se fomenta su participación en el mundo laboral.

Indicó que por falta de certidumbre jurídica y de competitividad seguirá creciendo la informalidad, lo que se traduce en menos prestaciones e inseguridad social, entre otros inconvenientes, a lo que se suma el tema de la justicia laboral, en donde, dijo, contrariamente a esta actualmente hay juicios que en promedio duran 38 meses, lo cual se da por “la perversidad” de alargarlos para que se paguen los salarios caídos. La propuesta del PRI planteaba que a más tardar fuera un año.

Ante esto, representantes del sector obrero del Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados aseguraron: “Pese a presiones políticas, no se impulsará una iniciativa de reforma laboral sin el consenso de todos los sectores productivos incluyendo académicos y expertos en derecho laboral que solicitaron abrir nuevos espacios para el análisis y presentación de más propuestas”.

Julián Sánchez, El Universal, 25 de abril.