Aprueban diputados reforma telecom; la envían al Senado

La Cámara de Diputados aprobó a las 04:10 horas de este viernes, en lo general y lo particular, el dictamen de reformas en materia de telecomunicaciones, tras un prolongado e infructuoso debate para la oposición, en el que se desahogo 93 reservas específicas que presentó una parte de la izquierda mexicana, Movimiento Ciudadano y PT, particularmente.

La actuación de estas bancadas opositoras, que reservaron para su discusión en lo particular los siete artículos constitucionales reformados, agotó y desesperó a cerca de 350 legisladores del PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva Alianza, presentes hasta el último aliento de la maratónica sesión.

Los diputados de estas cuatro bancadas, que contaron con el acompañamiento puntual de Nueva Alianza, de manera mecánica rechazaban una y otra vez las propuestas de Movimiento Ciudadano y del PT.

Tuvieron que transcurrir alrededor de 60 años para realizar desde el Congreso una reforma de telecomunicaciones de "gran calado" como esta, según definió la diputada Purificación Carpinteyro, del PRD, a quien esa bancada encargó buen parte de la negociación técnica correspondiente.

La suerte de la reforma había quedado sellada desde las 22:20 horas del jueves, cuando el presidente de la Cámara baja, Francisco Arroyo Vieyra, del PRI, "cantó" la aprobación del dictamen en lo general.

Con ello, 414 legisladores en favor,  50 en contra y ochos más que se abstuvieron, avalaban poner fin al monopolio en televisión, radio y telefonía, y quitar al Ejecutivo federal la facultad de conceder las licitaciones en la materia, asunto del que ahora se encargará el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que será completamente autónomo.

La sesión en términos globales tuvo una duración mayor a las 17 horas, ya que inició minutos después de las 11:00 horas del jueves, y sin decretarse un solo receso culminó después las 4 de la mañana de ayer.

Se convirtió así en la sesión más larga de lo que lleva la actual Legislatura, incluso muy por encima de las sesiones en las que el pleno aprobó las reformas en materia laboral y educativa, meses atrás, pese a que ambas habían sido también objeto de duros debates previos a su arribo al pleno en San Lázaro.

A lo largo de tantas horas de trabajo legislativo, casi la mitad de las cuales se destinaron a la discusión de esta reforma estructural gestada en el seno del Pacto por México, salió a relucir la amplia experiencia y magnifica mancuerna, el enorme y retorcido colmillo, vamos, que tienen tanto el priista Francisco Arroyo Vieyra, como su vicepresidente panista, José González Morfín, quienes alternaron la conducción de una asamblea difícil sin lugar a dudas.

Entre los asuntos más destacados de la reforma se encuentra que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.

La oposición empujó y consiguió que en el dictamen quede prohibida "la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa".

La reforma crea en una de sus partes esenciales dos nuevos organismos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, que serán las piezas clave en la operación, vigilancia y control de las telecomunicaciones en el país.

El PRI logró en las arduas negociaciones que el presidente de cada uno de esos organismos sea propuesto por el presidente de la República a la Cámara de Senadores, donde deberá alcanzar las dos terceras partes de los votos para recibir la designación oficial.

El dictamen aprobado garantiza el derecho constitucional de acceso a la banda ancha e internet, y pone a cargo del Ejecutivo la política de inclusión digital que prevé, entre otras metas, que al menos 70 por ciento de los hogares y 85 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas del país tengan acceso a la descarga de información con la velocidad promedio registrada entre las naciones integrantes de la OCDE.

Precisa la reforma admitir hasta 100 por ciento de inversión extranjera en el sector telecomunicaciones y de comunicación vía satélite, y un máximo de 49 por ciento en el área de radiodifusión, aunque en este último caso el porcentaje está condicionado a la reciprocidad del país de origen del inversionista.

En lo que se refiere al esquema de "must carry-must offer", el dictamen aprobado establece la obligación de los sistemas de televisión vía satelital de retransmitir las señales de televisión abierta que alcancen 50 por ciento de cobertura nacional o correspondan a instituciones públicas.

Lo anterior significa que aquellas deberán transmitir en sus canales las señales de Televisa, Televisión Azteca, Canal del Congreso y Canal Judicial, entre otras.

Indica finalmente, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sancionará con la revocación de concesiones a los agentes económicos preponderantes que se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad a través de otros concesionarios.

Luciano Franco, La Crónica, 23 de marzo.