SAN JOSÉ.— En vísperas de la visita del papa Benedicto XVI a Cuba, del 26 al 28 de marzo de 2012, la jerarquía católica cubana se negó a denunciar la represión política en la isla, signada por la falta de pluralismo y multipartidismo y por el presidio político, en un país controlado por el régimen revolucionario comunista de los hermanos Fidel y Raúl Castro instalado en 1959.
En un hecho que molestó a la disidencia cubana, el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, declaró al periódico oficial del Vaticano, L’Osservatore Romano, poco antes de la llegada del Pontífice, que en Cuba no hay prisioneros políticos.
La disidencia fustigó a Ortega y le acusó de estar “de espaldas a la realidad” política interna, según dijo Berta Soler, líder de las Damas de Blanco.
Incómodo por reclamos de libertad, acusaciones de represión y ocupaciones de templos católicos, el Arzobispado de La Habana denunció días antes del arribo de Benedicto que existía una estrategia para provocar situaciones críticas en distintas zonas de la isla.
Las relaciones Iglesia-Estado comunista pasaron del enfrentamiento y el ataque mutuo de la década de 1960, a la cordialidad actual. El gobierno del presidente Raúl Castro devolvió este año a la jerarquía católica una serie de inmuebles que fueron decomisados en la época de los conflictos, marcadas por la expulsión de religiosos y las expropiaciones.
José Meléndez corresponsal, El Universal, 17 de marzo.
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