Los bienes de Gordillo podrían entregarse al SNTE o rematarse

Los jueces determinarán el destino de los bienes de Elba Esther Gordillo Morales, mientras tanto, se asegurarán y pondrán a disposición del juzgador a fin de que si se obtiene una sentencia condenatoria se determine si se entregan al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) o se rematan para que sean parte de la reparación del daño, informó el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), Alfredo Castillo Cervantes.
El funcionario reveló que dos personas –de las cuales no dio a conocer su identidad– han aceptado declarar ministerialmente lo que conocen sobre las transferencias ilícitas que se hacían de cuentas del SNTE, y ello permitió detectar otros movimientos por 170 millones de pesos, que se suman a los 2 mil 600 millones por los cuales se consignó a Gordillo Morales y tres personas más.
Primer cateo a una propiedad de la maestra en PolancoComo parte de las investigaciones que realiza la PGR, ayer se llevó a cabo el primer cateo a una propiedad de Gordillo. Peritos, agentes del Ministerio Público y de la Policía Federal Ministerial registraron el penthouse que posee la ex dirigente en el inmueble número 7 de la calle Galileo, en Polanco.
La revisión comenzó a las diez de la mañana y concluyó hasta pasadas las 22:30. Algunos de quienes participaron en el cateo abandonaron el inmueble con los rostros encapuchados, llevando en sus manos bolsas negras y algunas mochilas repletas, sin que se informara de su contenido.
Mientras se realizó esa diligencia, al menos 20 policías ministeriales custodiaron los alrededores sin cerrar calles o provocar molestias a los habitantes del edificio. La propiedad fue adquirida por la maestra en 1996, con un precio superior a los 4 millones de pesos.
Se desconoce si la PGR aseguró de modo permanente el penthouse o sólo practicó el cateo a la propiedad de Gordillo, quien tiene 68 años de edad, por lo cual de acuerdo con el Código Penal Federal podría tener derecho a enfrentar el proceso y hasta sentencia en prisión domiciliaria al cumplir los 70 años, siempre que así lo estime el juez de la causa por razones de salud, de edad avanzada y que la maestra no sea considerada persona peligrosa.
En la entrevista, el subprocurador indicó que durante la indagatoria se descubrió que una sola persona que participó en el desvío de recursos recibió ‘‘más de 2 mil 600 millones de pesos’’; otra más registró 152 millones en dos cuentas, y a una empresa se canalizaron 22 millones de pesos.
‘‘Todo ello se detectó inicialmente por transferencias internacionales en temas de aviación, de centros médicos, de galerías de arte y de compra de inmuebles (...) Ahora hay que ver de estas cuentas internacionales cuánto dinero se ha movido a través del sistema bancario, pero ya propiamente en México, y quiénes han sido sus beneficiarios’’.
La PGR investigó los movimientos que se tuvieron entre 2009 y 2012 dos de las 81 cuentas que posee el SNTE, y según el funcionario, se registraron depósitos reales por 8 mil 385 millones de pesos y retiros por esa misma cantidad.
Ninguna cuenta del organismo gremial está siendo auditadaExplicó que en esas dos cuentas ‘‘se mueve 77 por ciento del total de los recursos, 7.8 de cada 10 pesos del sindicato, y éstas tienen una dispersión en tres personas físicas y una moral, que en ningún momento fueron autorizadas por el SNTE para mover recursos, y esto es lo que da origen a esta investigación y en su momento consignación’’.
Asimismo, puntualizó que ‘‘a lo mejor el tipo penal (por el que se acusó a Gordillo Morales) no serían las operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino se hubiera tratado de ocultar el origen’’ del dinero.
Precisó que ninguna cuenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ‘‘está siendo auditada, lo que está siendo revisado son las transferencias en movimientos inusuales y de allí parte todo el tema de la triangulación’’.
Respecto de lo que sucederá con los bienes de Gordillo dijo: ‘‘En este caso se aseguran y se ponen a disposición del juez, y si hablamos de una sentencia condenatoria, se verá el destino de los mismos; sobre esa base podremos ver si se reintegran o son rematados para reparar el daño a los trabajadores’’.

Gustavo Castillo García, La Jornada, 1º de marzo.