El gobierno federal entregó al Senado la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, que plantea un “inevitable” ajuste a las tarifas energéticas, propone la revisión de los subsidios a los combustibles, promueve la participación del sector privado en el sector de los hidrocarburos y electricidad y busca rediseñar los actuales órganos reguladores.
En 73 páginas, el gobierno federal propone a los legisladores una ruta a 15 años que ayudará, desde su perspectiva, a “fortalecer al sector energético” y señala las áreas a las que urge impulsar para mejorar el sector.
El documento —el cual tendrá que ser ratificado o rechazado por el Congreso — expone que el sistema tarifario aplicable a los energéticos enfrenta un doble reto: el de la producción y el consumo, pero también el del impacto a la canasta básica.
Dice que es necesario que el sistema tarifario “dé las señales adecuadas respecto al costo real de los energéticos”, por lo que “es inevitable que el costo final de la energía pueda incrementarse al consumidor”.
En ese sentido, el gobierno propone aplicar de manera gradual esquemas tarifarios que reflejen las señales económicas para el desarrollo de infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución, evitando subsidios indiscriminados, por lo que se debe afinar el esquema de precios.
En esta lógica se deberán transparentar los componentes de los precios de los energéticos, diferenciando entre precios al productor, impuesto y subsidios, para que el consumidor conozca a detalle el precio real de los insumos.
La Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 también propone que en materia de hidrocarburos y electricidad participe el sector privado en todas las áreas que la ley lo permita, por lo que la estrategia "busca no sólo servirse de las empresas paraestatales, que si bien juegan un papel primordial, no son el único elemento con el que el país cuenta para el desarrollo del sector".
Respecto a la normatividad vigente, el documento señala que no ha sido aprovechada en eficiencia, por lo que se requerirá "replantear el alcance y funciones de los organismos de regulación", ya que si bien es un avance contar con distintas instancias en la materia éstas no han tenido la capacidad de anticipar y evitar situaciones de crisis o no tiene la facultad necesarias para actuar", lo que demuestra una debilidad institucional.
Luego de haber entregado el documento al Senado, el secretario de Energía, Joaquín Coldwell, acudió a la bancada del PRD en el Senado para explicar los alcances de esta propuesta, pero fue cuestionado y criticado porque "fue muy escueto" y general en sus ideas, especialmente cuando se tocó el tema de los contratos incentivados y de los gasoductos.
El senador del PRD, Luis Sánchez, comentó que sorprendieron al funcionario "con fallas", y adelantó que la ratificación del documento será complicada, "porque vemos una estrategia inacabada".
El coordinador del PRD, Miguel Barbosa, explicó que a pesar de que la entrega es una obligación "no tiene ningún sentido porque no hay responsabilidades por parte de nadie y no hay forma de darle seguimiento y evaluarla.
Al salir de la reunión, el funcionario federal dijo que el propósito del documento es lograr mayor eficiencia energética, de energía, tener menos pérdidas técnicas de electricidad y poder llegar a un escenario de mejores tarifas para los mexicanos.
El documento fue turnado a la Comisión de Energía del Senado para su discusión y, en su caso, aprobación.
Francisco Nieto y Horacio Jiménez, El Universal, 1º de marzo.
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