Fuentes judiciales informaron que las autoridades de la Dirección de Radio Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación fueron notificadas ayer del plazo de 24 horas para que emitan informes sobre los motivos del presunto desacato judicial.
Se está a la espera de que se resuelva una queja presentada por Cinépolis contra la resolución de Lobo.
Postura de Cinépolis
La cadena argumentó que la juez “dictó la medida cautelar dirigida únicamente a RTC, la cual consiste en girar ciertas órdenes”. Agregó que la “ley prohíbe a distribuidores y exhibidores modificar, alterar, mutilar, censurar o cortar las películas, sin la autorización previa del titular de los derechos de autor”.
Tanto los productores del documental como las cadenas exhibidoras han señalado que no pueden acatar la medida cautelar consistente en difuminar la imagen de Reyes, quien fue el principal testigo en el juicio por homicidio contra José Antonio Zúñiga, al final absuelto por un tribunal.
El documental continúa exhibiéndose en las salas cinematográficas sin alteración alguna.
Roberto Hernández, productor de la cinta, ha dicho en entrevistas que “el material de 35 milímetros de celuloide no es tentativamente modificable, cual las palabras que se borran o rescriben a placer en un procesador de texto. Una vez ‘camuflado’ el testigo, ‘camuflado’ quedará por siempre. Tampoco puede alterarse el sonido de la película sin arruinarla”.
El delito de resistencia de particulares no contempla pena de cárcel, sólo jornadas de trabajo en favor de la comunidad y, de acuerdo con las leyes penales mexicanas, lo comete quien “sin causa legítima desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad”.
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