Las juezas federales que llevan los casos relacionados con la impugnación de la exhibición del documental “Presunto culpable” negaron la suspensión definitiva correspondiente, por lo que continuará su exhibición en las salas cinematográficas.
Blanca Lobo Domínguez y Mónica Soto, juezas 12 y 10 de Distrito en materia Administrativa, respectivamente, notificaron a las partes la decisión de negar la suspensión definitiva en el juicio que promovieron el testigo de cargo, José Antonio Zúñiga y familiares de la víctima de asesinato.
Los inconformes todavía tienen posibilidad de impugnar esta resolución ante un tribunal colegiado, sin embargo con el criterio establecido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, es probable que se confirme esta decisión.
Este tribunal revocó en una primera instancia la suspensión provisional que había otorgado la jueza Blanca Lobo, a fin de que la Secretaría de Gobernación retirara el permiso para la exhibición del trabajo cinematográfico.
En este fallo, el tribunal consideró que se debían privilegiar el derecho a la información y el interés público, por lo que su salida de las salas de cine causa perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público.
La Crónica, 14 de marzo.
Blanca Lobo Domínguez y Mónica Soto, juezas 12 y 10 de Distrito en materia Administrativa, respectivamente, notificaron a las partes la decisión de negar la suspensión definitiva en el juicio que promovieron el testigo de cargo, José Antonio Zúñiga y familiares de la víctima de asesinato.
Los inconformes todavía tienen posibilidad de impugnar esta resolución ante un tribunal colegiado, sin embargo con el criterio establecido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, es probable que se confirme esta decisión.
Este tribunal revocó en una primera instancia la suspensión provisional que había otorgado la jueza Blanca Lobo, a fin de que la Secretaría de Gobernación retirara el permiso para la exhibición del trabajo cinematográfico.
En este fallo, el tribunal consideró que se debían privilegiar el derecho a la información y el interés público, por lo que su salida de las salas de cine causa perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público.
La Crónica, 14 de marzo.
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