Jornaleros guatemaltecos carecen de servicio médico

TAPACHULA. Sólo 3 mil jornaleros agrícolas guatemaltecos de 120 mil que entran a Chiapas cada año de manera regular a laborar a unas 860 fincas de fruta y café están afiliados al IMSS, con lo que se violentan sus derechos humanos, además de que se ponen en riesgo los controles de salud de México y Guatemala con el tránsito de los trabajadores.

El sector Salud de la entidad detectó un gran número de trabajadores temporales, entre ellos adolescentes y niños, con padecimientos gastrointestinales, oculares, dentales, así como paludismo, dengue, tuberculosis, desnutrición y problemas cutáneos, hasta piojos, debido a la falta de higiene de las casas donde son alojados.

También se ha detectado que en algunas de las fincas los braceros guatemaltecos consumen agua contaminada, además de que los patrones no les otorgan alimentos balanceados.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), más de 120 mil jornaleros agrícolas provenientes de los departamentos indígenas de Huehuetenango, San Marcos, Cobán y Quiché ingresan a territorio documentados con la Forma Migratoria para Trabajadores Fronterizos (FMTF) a laborar a unas 860 fincas de café, caña, plátano, mango y cacao.

Atención a menos de 3%

Según el Seguro Social hasta el mes de marzo de este año, el número de trabajadores eventuales del campo afiliados a la delegación estatal de Chiapas es de sólo 3 mil 379 personas, con acceso a atención médica.

El consejero de atención a migrantes del Consejo Estatal de Derechos Humanos, Mauricio Mendoza Castañeda, solicitó al IMSS un informe sobre la estrategia adoptada para exigir a los patrones de la industria agrícola en Chiapas que cumplan con la obligación de afiliar temporalmente a los trabajadores agrícolas extranjeros.

De igual forma requirió al secretario de Salud de Chiapas, James Gómez Montes, información sobre el número de migrantes que se les haya brindado atención médica en las clínicas de salud o el hospital regional, así como el tipo de enfermedades para diseñar los programas adecuados para la defensa y protección de los derechos humanos de la población migrante en la región.


María de Jesús Peters corresponsal, El Universal, 26 de abril.