PRI y PAN chocan con izquierdas por Ley de Seguridad Nacional

Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados chocaron posiciones al revisar ayer el predictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, elaborado por el PRI con respaldo del PAN, bancadas que aseguran 76% de los votos, pero por la relevancia del tema, buscan agregar el resto de los sufragios del pleno.

Sin embargo, la izquierda liderada por el PT (con diputados), más el vicecoordinador del PVEM, Pablo Escudero, presentaron una serie de críticas a los cambios a la minuta del Senado. La rapidez con la que se busca la aprobación de las reformas facilitó que se informara que se considerarán varias de sus propuestas.

Hoy al mediodía, el grupo de trabajo se reunirá para emitir un informe al término del encuentro dirigido a la Junta de Coordinación Política para que se reinicie el trámite legislativo.

El asunto debía ser dictaminado en la Comisión de Gobernación, además de que también deben estar involucradas Justicia, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Derechos Humanos. Se busca acortar la ruta, a fin de que en cinco días sea votada en comisiones, aprobada por el pleno, viaje al Senado y allá la aprueben con los múltiples cambios que se cocinan ahora en San Lázaro.

Ayer, en la mesa de revisión de cambios a la minuta del Senado se trabajó sin comunicación con la Cámara Alta, de manera que se tenga la anuencia de la Cámara de Senadores a las modificaciones en preparación.

El pronóstico de que sea aprobada esta ley que dio el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, fue cauteloso: “No tengo la certeza de que vaya a salir en este periodo de sesiones, está trabajándose a marchas forzadas y espero que tengamos resultados”.

Introducir en la ley contrapesos al uso de las Fuerzas Armadas por parte del Ejecutivo federal, así como garantizar la protección de los derechos humanos, forman parte de las objeciones del PVEM, PRD, Convergencia y PT. El Panal está ausente del debate.

La semana pasada revivió el tema de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, olvidadas en la congeladora del Senado desde el 28 de abril de 2010. Se puso a “deliberación” fuera de comisiones un predictamen presentado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, que antes lo fue de Derechos Humanos, Alfonso Navarrete Prida (PRI).

A los periodistas, el diputado Navarrete Prida les explicó que el predictamen que antes defendió ante la oposición de izquierda, tiene “un estricto respeto al marco constitucional”, a los derechos humanos y a las garantías individuales.

“La propuesta que se está haciendo es un enorme avance en Seguridad Nacional y para regular lo que hasta el momento ha sido caótico en el país, que es la confusión en la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y la consecuente violación posible de derechos humanos”.

Dijo que el predictamen agrega candados a la minuta del Senado, como precisar cuando actúa el Ejército y los casos en que le corresponde la responsabilidad de la seguridad pública.

Cuando el Ejecutivo pretenda hacer uso de la Fuerza Pública tendrá que publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, así como en por lo menos tres publicaciones locales y dar cuenta del tiempo de duración de dicha acción y los objetivos que persiga. Tendrá que notificar a la CNDH y a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

También hay candados a los operativos encubiertos del Ejército con fines de investigación y en las intervenciones de comunicaciones privadas que deben ser autorizados por el Ministerio Público. Los militares no tendrán facultades para interrogar a las personas.

Jaime Cárdenas (PT) y Escudero (PVEM) presentaron las objeciones, “muy valiosas”, dijo Navarrete, “sobre todo de contrapesos y control de la constitucionalidad de los actos”, de modo que no haya discrecionalidad en el uso de las facultades. “Nos preocupaban los temas de los derechos humanos y los controles que pensamos deben existir en la ley”, dijo Escudero.

El Congreso de la Unión y la Comisión Permanente deben tener el control de la declaratoria de afectación de la seguridad interior, comentó. Esa y otras propuestas fueron muy bien vistas.

Cárdenas reprobó que haya duplicidad de funciones de inteligencia, por parte de las secretarías de Gobernación, que controla el Cisen, y las de la Defensa y Marina.

Se opone, igual que Teresa Incháustegui (PRD) a que el Ejecutivo pueda movilizar tropas a discreción y acusa que retenes y cateos en la lucha contra el crimen adquieren carta legal en contra de la integridad de las personas.

La perredista Teresa Incháustegui reclamó que en este asunto, a pesar de las prisas con que se intenta legislar un asunto de gran relevancia, se respeten los trámites que marca el Reglamento de la Cámara de Diputados.



Juan Arvizu, EL Universal, 26 de abril.