Recibe la Jucopo el dictamen de la Ley de Seguridad Nacional

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados recibió ayer el dictamen de la Ley de Seguridad Nacional, en el cual fueron incluidas modificaciones sustanciales relativas a la no intervención del Ejército en asuntos vinculados con movimientos sociales, electorales, laborares y administrativos, y se reforzó la exigencia de apego irrestricto a la Constitución en materia de respeto a los derechos humanos.

El dictamen incluye "candados" para que el Presidente de la República pueda realizar "la declaratoria de afectación a la seguridad nacional", mediante la cual se posibilita la acción militar y de las Fuerzas de Seguridad Pública. Entre los candados destaca la revisión de constitucionalidad de esta declaratoria por parte de la Suprema Corte de Justicia.

Se asienta que "la suspensión de las garantías individuales en el país es el último recurso" al que puede recurrir el titular del Ejecutivo, y para ello deberá justificar plenamente la necesidad ineludible de una medida de esa naturaleza, además de que tendrá que notificar de ello al Congreso y a la Suprema Corte.

El diputado mexiquense del PRI, Alfonso Navarrete Prida, coordinador del grupo de trabajo, explicó lo anterior y dijo que con los ajustes en comisiones quedó allanado el camino para que el dictamen sea llevado al pleno de la Cámara en lo que resta del actual periodo ordinario de sesiones, es decir, que se discuta y vote a más tardar este sábado.

Aclaró que la decisión de llevar al pleno el dictamen será de la propia Junta de Coordinación Política y advirtió que de no votar el documento esta semana, se complicará el tema porque el siguiente periodo ordinario estará revestido de altos intereses políticos previos a las elecciones presidenciales de 2012.

Aseguró que dentro de las modificaciones aceptadas por su bancada al documento se encuentra el que las violaciones a los derechos ciudadanos por parte del Ejército sean procesadas por tribunales civiles.

Aclaró, sin embargo, que se mantiene el fuero militar que será aplicado a aquellas acciones derivadas del ejercicio constitucional del Ejército en las tareas designadas expresamente por mandos superiores de la institución castrense y desde luego del jefe supremo de las Fuerzas Armadas del país, es decir, el Presidente de la República.

En conferencia de prensa, Navarrete Prida, artífice de la ley en cuestión, rechazó las acusaciones de la oposición de izquierda relativas a que, de aprobarse el dictamen, se estará creando en México "un Estado político-militar".

"Estamos lejos en México de un Estado de sitio. Al contrario, lo que se busca es ordenar la terrible confusión que hay en el gobierno federal que ha usado a su más libre arbitrio al Ejército mexicano y las Fuerzas Armadas. Lanzó una declaratoria de guerra sin saber que tiene implicaciones jurídicas y esto se ha convertido en un absoluto desorden", señaló.

El dictamen es resultado de la iniciativa enviada en 2010 por el Presidente de la República al Senado como cámara de origen, misma que fue aprobada el 27 de abril de ese año con una serie de "candados" orientados a sujetarla a la Constitución.

Navarrete Prida dijo que el Senado entregó a la Cámara de Diputados "una extraordinaria minuta, pero había que mejorar diversos aspectos relativos a garantizar el respeto a los derechos humanos y sobre la diferenciación entre seguridad nacional y seguridad pública, y ese es el fin de este proyecto".

DOCUMENTO "CIEGO". Por separado, el presidente de la Comisión de Gobernación en San Lázaro, el panista Javier Corral, advirtió que no votará a favor ese dictamen porque es regresivo y nada tiene qué ver con la iniciativa del presidente Felipe Calderón ni con la minuta del Senado; se trata de un "proyecto PRI-Sedena", acusó.

Aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró el texto, en una pretensión de "enmendar la plana" al Ejecutivo federal, y se valió del PRI, que ahora niega la paternidad de ese "documento ciego que nadie asume como propio".

En tanto, el diputado petista Mario Di Costanzo dijo que si tiene que inmolarse en tribuna para detener el dictamen, lo hará sin duda.

Su colega Gerardo Fernández Noroña dijo que de aprobarse la ley, "el PAN se queda en la presidencia, por la buena o por la mala, por lo menos hasta el 2030, porque se le dan facultades al Presidente de la República para mandar el Ejército a contener y disolver cualquier protesta del carácter que sea.

"Se trata de un asunto de honor para la izquierda. Si dejamos pasar una ley como ésta, estaremos avalando el regreso de lo que ocurrió en la matanza estudiantil de 1968 o el halconazo y la guerra sucia de los años 70", subrayó.

Luciano Franco, La Crónica, 27 de abril.