Acusan impunidad en agresión a migrantes

En México han aumentando las agresiones contra migrantes, y los grupos delictivos que las encabezan han crecido y hasta se han especializado bajo el cobijo del Estado mexicano, acusaron ayer defensores de migrantes.

Durante el II Encuentro "Ellos tienen la palabra. Un diálogo con los defensores de los derechos humanos de los migrantes", Fray Tomás González, coordinador de "La 72 Casa de Migrantes" en Tabasco, dijo que la presencia de grupos armados que extorsionan sin restricción a los indocumentados en la ruta hacia Estados Unidos, hace suponer que operan con el aval de las autoridades.

"Hay una estrategia perversa, diabólica por parte del Estado mexicano y del Estado estadounidense para frenar por todos los medios posibles la migración que viene del sur y Centroamérica, y por supuesto México. La estrategia del Estado mexicano ya no sólo es frenar esta migración, sino exterminar a los migrantes", acusó.

"Han lanzado a paramilitares, por lo menos en la ruta de Tenosique a Coatzacoalcos para frenar la migración. ¿Por qué digo que son paramilitares?, porque son gente armada arriba del tren cobrando cuotas, violando a las mujeres, haciendo víctimas de trata a los menores de edad", sostuvo.

El religioso afirmó que la impunidad alienta el dominio de los grupos delictivos, pues aunque se han reunido con autoridades locales y federales, las agresiones registran crecimiento.

Dijo que las mafias criminales están conformadas por mexicanos y extranjeros, y que los últimos son reclutados de manera forzada o llegan huyendo del daño que causaron en sus naciones.

Para González, el alto gasto que los migrantes erogan en territorio mexicano para el pago de extorsiones al crimen organizado, ha hecho que la travesía en ferrocarril sea equiparable a un traslado en avión. "De mi área hasta Lechería les salía hasta 850 dolares", señaló.

Según el religioso, el hostigamiento hacia los defensores de indocumentados es otra manera que el Estado ha encontrado para frenar el fenómeno.

Lo que está pasando en la Casa de Saltillo, una campaña mediática para frenar el equipo del trabajo; en Ixtepec, demandas contra los equipos de trabajo de las casas, suspender la ayuda humanitaria que daba el Grupo Beta a algunas casas. Lo que ha pasado en Lechería, que se han unido todas las fuerzas del sistema para cerrar esta casa que era un punto clave en el flujo centroamericano, es una estrategia", aseveró.

En el encuentro realizado en la Universidad Iberoamericana participaron además Gabriela Hernández, de Casa Tochán del Distrito Federal; Martín Martínez, de la Estancia del Migrante González y Martínez, en Querétaro; Juan Pablo Silva, del Albergue Guadalupano, y Norma Romero, de Las Patronas, estos últimos en Veracruz, además del sacerdote Alejandro Solalinde, de Oaxaca, entre otros.

Henia Prado, Reforma, 7 de marzo.

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