La Organización de las Naciones Unidas consideró "impostergable" la aplicación de mecanismos para proteger a los defensores de derechos humanos, de lo contrario, México seguirá padeciendo una secuencia de asesinatos cada vez más escandalosos.
"(Lo que) vamos a tener lamentablemente es una secuencia de asesinatos unos cada vez más escandalosos que otros sin salir del pasmo. Es ya momento de que salgamos del pasmo, del horror e indignación y entremos a la tarea concreta de resolver esto. Los defensores no pueden seguir muriendo hasta que se nos ocurra una fórmula mágica", alertó Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el País.
El Gobierno mexicano lleva al menos seis meses discutiendo la implementación de un mecanismo de protección, que aún no existe.
De acuerdo con el diplomático, aún no se resuelve la coordinación entre los tres niveles de Gobierno, el gasto para implementarlos y el asumir la responsabilidad ante organismos internacionales.
"Aspiro a que encontremos un marco global de actuación de los tres niveles que distinga qué hace cada cual y si esa cooperación no es factible hoy en términos de urgencia, aspiraría a que haya un modus operandi de urgencia que permita al nivel máximo operar sin vulnerar normas legales (...)
"El problema parece estar en quién conduce, quién hace el gasto y quién toma la responsabilidad última frente a la comunidad internacional de la implementación", dijo en entrevista tras la presentación del Manual Políticas Públicas y Presupuestos con Perspectiva de Derechos Humanos.
Desde el año 2010 han muerto al menos 9 defensores de derechos humanos, sin contar a quienes han sufrido agresiones y han abandonado el País.
"Es momento de romper el cristal que dice 'rómpase en caso de urgencia'. Hay una voz de alarma, de pedido, de clamor público que debería llevarnos a entrar a la tarea a un mecanismo eficaz de protección", apuntó.
Para la ONU, el mecanismo tendría que extenderse a periodistas, personal médico de emergencia en los estados que concentran los mayores índices de violencia y también a los consejos municipales, un grupo vulnerable que comienza a emerger.
Emilio Álvarez Icaza calificó como "negligencia criminal" el retraso en la implementación del mecanismo para proteger a los defensores.
"En un contexto como el mexicano, con las agresiones que sufren los defensores, esto es negligencia criminal. Ese incumplimiento de la obligación del Estado de garantizar su seguridad, su vida", indicó.
"(Lo que) vamos a tener lamentablemente es una secuencia de asesinatos unos cada vez más escandalosos que otros sin salir del pasmo. Es ya momento de que salgamos del pasmo, del horror e indignación y entremos a la tarea concreta de resolver esto. Los defensores no pueden seguir muriendo hasta que se nos ocurra una fórmula mágica", alertó Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el País.
El Gobierno mexicano lleva al menos seis meses discutiendo la implementación de un mecanismo de protección, que aún no existe.
De acuerdo con el diplomático, aún no se resuelve la coordinación entre los tres niveles de Gobierno, el gasto para implementarlos y el asumir la responsabilidad ante organismos internacionales.
"Aspiro a que encontremos un marco global de actuación de los tres niveles que distinga qué hace cada cual y si esa cooperación no es factible hoy en términos de urgencia, aspiraría a que haya un modus operandi de urgencia que permita al nivel máximo operar sin vulnerar normas legales (...)
"El problema parece estar en quién conduce, quién hace el gasto y quién toma la responsabilidad última frente a la comunidad internacional de la implementación", dijo en entrevista tras la presentación del Manual Políticas Públicas y Presupuestos con Perspectiva de Derechos Humanos.
Desde el año 2010 han muerto al menos 9 defensores de derechos humanos, sin contar a quienes han sufrido agresiones y han abandonado el País.
"Es momento de romper el cristal que dice 'rómpase en caso de urgencia'. Hay una voz de alarma, de pedido, de clamor público que debería llevarnos a entrar a la tarea a un mecanismo eficaz de protección", apuntó.
Para la ONU, el mecanismo tendría que extenderse a periodistas, personal médico de emergencia en los estados que concentran los mayores índices de violencia y también a los consejos municipales, un grupo vulnerable que comienza a emerger.
Emilio Álvarez Icaza calificó como "negligencia criminal" el retraso en la implementación del mecanismo para proteger a los defensores.
"En un contexto como el mexicano, con las agresiones que sufren los defensores, esto es negligencia criminal. Ese incumplimiento de la obligación del Estado de garantizar su seguridad, su vida", indicó.
Daniela Rea, Reforma, 1º de marzo.
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