El dictamen, que modifica el artículo 231, incluye dentro de las conductas ilícitas en materia de comercio con fines de lucro, la "fijación" de las interpretaciones o ejecuciones de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre una base material.
La ley precisa que la "fijación" es la incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos en que se haya expresado la obra, o de las representaciones digitales de aquéllos, que en cualquier forma o soporte material permita su percepción, reproducción u otra forma de comunicación.
La legislación vigente sólo menciona la prohibición para "producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley".
Ahora se incluyen las "obras cinematográficas y demás obras audiovisuales" en la prohibición.
"Es de suma importancia instrumentar un marco jurídico que provea certidumbre y seguridad a los autores y castigue a quienes hacen de la piratería su modo de vida.
"La escalada en la comercialización y producción de dichos objetos ha sido impresionante, de igual forma es nuestra obligación legislativa apoyar las medidas para hacerle frente desde nuestro ámbito de competencia", señaló la Comisión de Cultura en las consideraciones.
La iniciativa fue presentada en enero de 2009 por el entonces diputado panista Fidel Antuña Batista.
Durante la sesión, la bancada del PT rechazó el dictamen por considerar que criminaliza a los pequeños vendedores sin afectar a los beneficiarios del negocio.
"No es para combatir a los grandes criminales, a los que diseñan y planean la piratería artística, sino se va a criminalizar a los pequeños, a los aislados, a las individuales personas que se dedican a esta piratería", dijo el diputado Jaime Cárdenas.
Indicó que en lugar de políticas represivas, se debería garantizar acceso gratuito a la cultura.
Mario di Costanzo, su compañero de fracción, cuestionó que se condene a los ambulantes y se soslayen los actos de corrupción que ha llevado a la quiebra a Mexicana de Aviación.
El priista Armando de Jesús Báez subrayó que en su partido siempre se han apoyado las iniciativas que benefician al sector cultural del país y que dan certidumbre jurídica a los creadores y miembros de esa comunidad.
"Los artistas se han visto afectados por el saqueo y crimen organizado, habitualmente nombrado piratería. En nuestras manos se encuentra la posibilidad de combatir la actividad de quienes se dedican a robar el talento ajeno por su afán de lucro", expuso el panista Víctor Balderas.
Avelino Méndez, del PRD, señaló que su bancada votó a favor del dictamen porque se ha retrasado la iniciativa para proteger a quienes crean arte y cultura.
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