La Secretaría de Hacienda descalificó la reforma fiscal propuesta por la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, al señalar que tendría un impacto negativo de 220 mil millones de pesos en los ingresos de los gobiernos federal, estatales y municipales, equivalente a 1.6 por ciento de la dimensión económica del país.
Las pérdidas recaudatorias del gobierno federal, apuntó, serían de 154 mil millones de pesos, y las correspondientes a estados y municipios, de 66 mil millones.
Aseguró que la propuesta de modificación al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) “tiene un costo estimado para el gobierno federal, las entidades federativas y municipios de 62 mil millones de pesos”.
Afirmó que “los actuales límites permiten a Pemex Exploración y Producción deducir la inversión considerando estándares internacionales de eficiencia, de forma que no se lleven a cabo gastos innecesarios que reduzcan el beneficio que perciben los hogares mexicanos a raíz de la renta petrolera”.
Sin mérito recaudatorio
En un comunicado de prensa, Hacienda repasó las propuestas planteadas por los senadores del PRI, no les reconoció ningún mérito recaudatorio y afirmó: “aunque se comparten los objetivos fijados por la iniciativa, una condición fundamental de cualquier propuesta fiscal debe ser la responsabilidad al fortalecer los ingresos, racionalizar el gasto y el mejor aprovechamiento de las facultades de los tres órdenes de gobierno”.
En la primera reacción oficial a la propuesta fiscal del PRI, actualmente analizada en la Cámara de Diputados, la dependencia estimó en 31 mil millones de pesos la pérdida recaudatoria por las modificaciones propuestas al impuesto al valor agregado (IVA); en 60 mil 900 millones la reducción, de 30 a 25 por ciento, en la tasa de aplicación del impuesto sobre la renta (ISR) y en 60 mil 600 millones de pesos lo que dejará de recaudarse por la eliminación del impuesto empresarial a tasa única (IETU).
En el primer caso, expuso: “la Secretaría de Hacienda celebra que los grupos parlamentarios estén dispuestos a discutir la conveniencia de ampliar la base del IVA, gravando algunos alimentos”.
Pero inmediatamente indicó que la propuesta de los senadores priístas tendría un impacto negativo de 31 mil millones de pesos en los ingresos de los gobiernos federal, estatales y municipales.
Según las cuentas de Hacienda, los ingresos adicionales obtenidos por elevar de 11 a 16 por ciento la tasa de aplicación del IVA en la frontera y por gravar los alimentos con 16 por ciento, excepto los de una canasta básica, serían de 45 mil 300 millones de pesos, más mil 900 millones por el cambio de exento a gravado –con 16 por ciento– del transporte foráneo terrestre de personas.
Sin embargo, apuntó, esos ingresos adicionales son insuficientes en 31 mil 500 millones de pesos para restituir las pérdidas que, por 78 mil 600 millones, ocasionará la devolución de tres puntos del IVA.
Contrasentidos
Puntualizó que el cambio en el esquema de la determinación de la base del ISR, de devengado a flujo, “tiene dos efectos que van en sentido contrario”.
Por un lado, “se sustituye la depreciación de activos por la deducción total de la inversión; se sustituyen las ventas facturadas por cobradas y se cambia el costo de ventas por compras”. Todo eso, afirmó, tiene un costo de 38 mil 500 millones de pesos.
Por otro lado, agregó, “se elimina la deducibilidad de los salarios, como se tiene en el ISR, y se otorga un crédito por los salarios gravados, como se otorga en el IETU, lo cual tiene un efecto positivo en la recaudación de 33 mil 900 millones de pesos”. Así, “el costo neto de pasar de un régimen devengado a flujo en ISR implica una pérdida de ingresos de 4 mil 600 millones de pesos”.
El efecto en la recaudación por los cambios propuestos por los senadores priístas al ISR y la eliminación del IETU es de 126 mil 100 millones de pesos, estimó la secretaría. Además, dijo, existiría un costo de transición hacia el nuevo impuesto de más de 100 mil millones, “por el acervo de inventarios que se deducirían en el corto plazo”.
En cuanto al “régimen simplificado opcional” contenido en la iniciativa priísta, Hacienda dijo que éste “es similar al actual régimen de pequeños contribuyentes”, pero “con dos diferencias notorias”.
La primera diferencia es sobre el límite de ventas de 20 millones de pesos, e implica que 75 por ciento de las personas morales y 99 por ciento de las físicas con actividad empresarial tienen ingresos por debajo de ese límite.
La otra diferencia radica en que la propuesta permite emitir facturas, “lo cual fomenta la evasión y elusión, ya que genera incentivos a la sobrefacturación, la venta de facturas reales y la simulación de compras inexistentes”.
Las pérdidas recaudatorias del gobierno federal, apuntó, serían de 154 mil millones de pesos, y las correspondientes a estados y municipios, de 66 mil millones.
Aseguró que la propuesta de modificación al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) “tiene un costo estimado para el gobierno federal, las entidades federativas y municipios de 62 mil millones de pesos”.
Afirmó que “los actuales límites permiten a Pemex Exploración y Producción deducir la inversión considerando estándares internacionales de eficiencia, de forma que no se lleven a cabo gastos innecesarios que reduzcan el beneficio que perciben los hogares mexicanos a raíz de la renta petrolera”.
Sin mérito recaudatorio
En un comunicado de prensa, Hacienda repasó las propuestas planteadas por los senadores del PRI, no les reconoció ningún mérito recaudatorio y afirmó: “aunque se comparten los objetivos fijados por la iniciativa, una condición fundamental de cualquier propuesta fiscal debe ser la responsabilidad al fortalecer los ingresos, racionalizar el gasto y el mejor aprovechamiento de las facultades de los tres órdenes de gobierno”.
En la primera reacción oficial a la propuesta fiscal del PRI, actualmente analizada en la Cámara de Diputados, la dependencia estimó en 31 mil millones de pesos la pérdida recaudatoria por las modificaciones propuestas al impuesto al valor agregado (IVA); en 60 mil 900 millones la reducción, de 30 a 25 por ciento, en la tasa de aplicación del impuesto sobre la renta (ISR) y en 60 mil 600 millones de pesos lo que dejará de recaudarse por la eliminación del impuesto empresarial a tasa única (IETU).
En el primer caso, expuso: “la Secretaría de Hacienda celebra que los grupos parlamentarios estén dispuestos a discutir la conveniencia de ampliar la base del IVA, gravando algunos alimentos”.
Pero inmediatamente indicó que la propuesta de los senadores priístas tendría un impacto negativo de 31 mil millones de pesos en los ingresos de los gobiernos federal, estatales y municipales.
Según las cuentas de Hacienda, los ingresos adicionales obtenidos por elevar de 11 a 16 por ciento la tasa de aplicación del IVA en la frontera y por gravar los alimentos con 16 por ciento, excepto los de una canasta básica, serían de 45 mil 300 millones de pesos, más mil 900 millones por el cambio de exento a gravado –con 16 por ciento– del transporte foráneo terrestre de personas.
Sin embargo, apuntó, esos ingresos adicionales son insuficientes en 31 mil 500 millones de pesos para restituir las pérdidas que, por 78 mil 600 millones, ocasionará la devolución de tres puntos del IVA.
Contrasentidos
Puntualizó que el cambio en el esquema de la determinación de la base del ISR, de devengado a flujo, “tiene dos efectos que van en sentido contrario”.
Por un lado, “se sustituye la depreciación de activos por la deducción total de la inversión; se sustituyen las ventas facturadas por cobradas y se cambia el costo de ventas por compras”. Todo eso, afirmó, tiene un costo de 38 mil 500 millones de pesos.
Por otro lado, agregó, “se elimina la deducibilidad de los salarios, como se tiene en el ISR, y se otorga un crédito por los salarios gravados, como se otorga en el IETU, lo cual tiene un efecto positivo en la recaudación de 33 mil 900 millones de pesos”. Así, “el costo neto de pasar de un régimen devengado a flujo en ISR implica una pérdida de ingresos de 4 mil 600 millones de pesos”.
El efecto en la recaudación por los cambios propuestos por los senadores priístas al ISR y la eliminación del IETU es de 126 mil 100 millones de pesos, estimó la secretaría. Además, dijo, existiría un costo de transición hacia el nuevo impuesto de más de 100 mil millones, “por el acervo de inventarios que se deducirían en el corto plazo”.
En cuanto al “régimen simplificado opcional” contenido en la iniciativa priísta, Hacienda dijo que éste “es similar al actual régimen de pequeños contribuyentes”, pero “con dos diferencias notorias”.
La primera diferencia es sobre el límite de ventas de 20 millones de pesos, e implica que 75 por ciento de las personas morales y 99 por ciento de las físicas con actividad empresarial tienen ingresos por debajo de ese límite.
La otra diferencia radica en que la propuesta permite emitir facturas, “lo cual fomenta la evasión y elusión, ya que genera incentivos a la sobrefacturación, la venta de facturas reales y la simulación de compras inexistentes”.
Juan Antonio Zúñiga, La Jornada, 17 de marzo.
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