El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) respaldó con toda su fuerza la decisión y autonomía de la juez 12 de Distrito en Materia Administrativa, Blanca Lobo Domínguez, en su decisión de retirar de las salas de cine el documental Presunto culpable.
El consejero Juan Carlos Cruz Razo aseguró que garantizar la independencia en la actuación de los administradores de justicia es parte de la misión primordial del organismo.
Rechazó que este caso haya provocado en la percepción social daños al Poder Judicial de la Federación. “Lo que nos puede dañar es hacer que este asunto rebase sus cauces legales, o permitir que haya juicios anticipados; eso perjudica a toda la sociedad, no sólo a los jueces”, afirmó.
Una orden dictada
En este contexto, Cruz Razo dijo que las autoridades de Gobernación están obligadas, bajo el principio de legalidad, a acatar la suspensión provisional del amparo que otorgó la juez, y cuyo efecto es la suspensión de la proyección de Presunto culpable.
“La orden ya está dictada, y esta decisión de la juez no es para que digan si quieren o no acatarla, ni está a su discreción si la cumplen o no, pues la ley les impone esa obligación”, aseguró Cruz Razo.
“La suspensión, dice nuestra ley, surte efectos desde que se pronuncia, pero es exigible a la autoridad una vez que es de su conocimiento”, dijo.
Comentó que “si quien debe cumplir con lo ordenado en la suspensión, no lo acata, pues vienen los requerimientos necesarios para hacer que cumpla con la medida ordenada”.
Explicó que “si alguien no está de acuerdo con la decisión de la administradora de justicia, pueden ir al recurso que marca la ley para inconformarse y que se determine si fue correcto o no el fallo, pero entre tanto tiene que acatarse la decisión de la juez Lobo Domínguez por parte de autoridades de la Secretaría de Gobernación”.
El consejero Juan Carlos Cruz Razo aseguró que garantizar la independencia en la actuación de los administradores de justicia es parte de la misión primordial del organismo.
Rechazó que este caso haya provocado en la percepción social daños al Poder Judicial de la Federación. “Lo que nos puede dañar es hacer que este asunto rebase sus cauces legales, o permitir que haya juicios anticipados; eso perjudica a toda la sociedad, no sólo a los jueces”, afirmó.
Una orden dictada
En este contexto, Cruz Razo dijo que las autoridades de Gobernación están obligadas, bajo el principio de legalidad, a acatar la suspensión provisional del amparo que otorgó la juez, y cuyo efecto es la suspensión de la proyección de Presunto culpable.
“La orden ya está dictada, y esta decisión de la juez no es para que digan si quieren o no acatarla, ni está a su discreción si la cumplen o no, pues la ley les impone esa obligación”, aseguró Cruz Razo.
“La suspensión, dice nuestra ley, surte efectos desde que se pronuncia, pero es exigible a la autoridad una vez que es de su conocimiento”, dijo.
Comentó que “si quien debe cumplir con lo ordenado en la suspensión, no lo acata, pues vienen los requerimientos necesarios para hacer que cumpla con la medida ordenada”.
Explicó que “si alguien no está de acuerdo con la decisión de la administradora de justicia, pueden ir al recurso que marca la ley para inconformarse y que se determine si fue correcto o no el fallo, pero entre tanto tiene que acatarse la decisión de la juez Lobo Domínguez por parte de autoridades de la Secretaría de Gobernación”.
Francisco Gómez, El Universal, 5 de marzo.
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