Presentan 3 quejas contra amparo

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) interpuso dos recursos de queja para que se revoquen tanto la suspensión para exhibir el documental Presunto culpable, como la demanda de amparo que la motivó, por considerar que ésta es notoriamente improcedente y que la suspensión afecta la libertad de expresión.

En las quejas, el CIDE identifica varias causas de improcedencia de la demanda, así como fallas en el otorgamiento de la suspensión, como el hecho de que ésta se otorgó en perjuicio del interés social, impidiendo el ejercicio de la libertad de expresión y sin fijar al demandante la fianza prevista en el artículo 125 de la Ley de Amparo, para garantizar el pago de daños a terceros.

“Es claro que una suspensión que tenga como consecuencia perjudicar el interés social, no debe otorgarse. Al respecto, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el acceso a la información como un derecho colectivo o garantía social de carácter público; por lo tanto, negar el ejercicio del acceso a la información perjudica el interés social”.

El CIDE destaca que la juez Blanca Lobo no tomó en cuenta la afectación patrimonial que causaría el fallo a los exhibidores del documental —Cinépolis y Cinemark—, pues este “les impide seguir percibiendo el beneficio económico derivado de la transmisión de la película”.


El CIDE presentó las quejas como tercero perjudicado en la demanda de amparo que promovió Víctor Daniel Reyes en contra de la autorización para exhibir Presunto culpable, que otorgó la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC).


La juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa del DF, Blanca Lobo, concedió el miércoles una suspensión provisional al demandante, primo de la víctima de un homicidio cometido en 2005 y del que fue acusado José Antonio Zúñiga, protagonista del filme.


El escrito del CIDE afirma que el quejoso estuvo presente en las diligencias ante el juzgado y que, como él mismo narra, tuvo pleno conocimiento de la videograbación.


También la empresa Cinépolis y Layda Negrete, quien filmó y es parte de los abogados detrás del documental Presunto culpable, presentaron por separado un recurso de queja ante un Tribunal Colegiado de la ciudad de México, con el fin de impugnar la suspensión provisional del filme que ordenó la juez Blanca Lobo el pasado miércoles.

María de la Luz González, El Universal, 5 de marzo.