Por primera vez, el Poder Judicial federal empleó en un juicio el concepto de derecho a la expresión cultural y artística, celebró la ministra de la Suprema Corte de Justicia Olga Sánchez Cordero.
Así calificó como “histórico” el dictamen del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el cual revocó la decisión de la juez federal Blanca Lobo de retirar de las salas cinematográficas a Presunto Culpable.
“El colegiado no sólo habló de libertad de expresión y acceso a la información, por primera vez en la historia constitucional del país introdujo un argumento novedoso, en el sentido de que la actividad cinematográfica tiene un interés social porque expresa la cultura mexicana”, dijo la ministra.
Opinó que el documental retrata una “realidad lacerante” del trabajo de jueces, de ministerios públicos, de defensores y de policías ministeriales, “que no tienen capacidad para ser investigadores”.
Alertó que la combinación de estas carencias obstaculiza ya la transición al sistema judicial oral: “Tenemos un largísimo camino de preparación de todos los actores, si no capacitamos en una argumentación sustentada, ¿cómo pensamos pasar a la oralidad de los juicios?”.
Sánchez Cordero se refirió a la reforma al párrafo 9 del artículo 4º constitucional, el cual habla de “derechos culturales” y de que el Estado está obligado a promover la difusión y el desarrollo de la cultura “atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa”.
Según la ministra, el Tribunal “engarzó el nuevo concepto de derechos fundamentales de la expresión cultural con el artículo 2 de la Carta Magna, que habla de que la nación mexicana tiene una composición pluricultural…, y suma la libertad de expresión y acceso a la información, en total son cuatro garantías muy importantes, el argumento representa un gran avance de las libertades en nuestro país”.
Afirmó que los juzgadores están acostumbrados a que sus resoluciones sean revisadas en instancias superiores, por medio de la queja, y valoró las distintas interpretaciones del derecho.
“Cada juzgador tiene su manera de observar la ley y aplicarla, somos interpretes de las leyes, pero también se deben analizar los argumentos de las partes, ahí radica la independencia y autonomía; nuestras decisiones deben tener argumentos sólidos para que las sentencias puedan ser revisadas con toda apertura al escrutinio publico”.
Confió en que mañana, la juez Lobo sepa “lo que debe hacer y la responsabilidad que tiene”.
Así calificó como “histórico” el dictamen del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el cual revocó la decisión de la juez federal Blanca Lobo de retirar de las salas cinematográficas a Presunto Culpable.
“El colegiado no sólo habló de libertad de expresión y acceso a la información, por primera vez en la historia constitucional del país introdujo un argumento novedoso, en el sentido de que la actividad cinematográfica tiene un interés social porque expresa la cultura mexicana”, dijo la ministra.
Opinó que el documental retrata una “realidad lacerante” del trabajo de jueces, de ministerios públicos, de defensores y de policías ministeriales, “que no tienen capacidad para ser investigadores”.
Alertó que la combinación de estas carencias obstaculiza ya la transición al sistema judicial oral: “Tenemos un largísimo camino de preparación de todos los actores, si no capacitamos en una argumentación sustentada, ¿cómo pensamos pasar a la oralidad de los juicios?”.
Sánchez Cordero se refirió a la reforma al párrafo 9 del artículo 4º constitucional, el cual habla de “derechos culturales” y de que el Estado está obligado a promover la difusión y el desarrollo de la cultura “atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa”.
Según la ministra, el Tribunal “engarzó el nuevo concepto de derechos fundamentales de la expresión cultural con el artículo 2 de la Carta Magna, que habla de que la nación mexicana tiene una composición pluricultural…, y suma la libertad de expresión y acceso a la información, en total son cuatro garantías muy importantes, el argumento representa un gran avance de las libertades en nuestro país”.
Afirmó que los juzgadores están acostumbrados a que sus resoluciones sean revisadas en instancias superiores, por medio de la queja, y valoró las distintas interpretaciones del derecho.
“Cada juzgador tiene su manera de observar la ley y aplicarla, somos interpretes de las leyes, pero también se deben analizar los argumentos de las partes, ahí radica la independencia y autonomía; nuestras decisiones deben tener argumentos sólidos para que las sentencias puedan ser revisadas con toda apertura al escrutinio publico”.
Confió en que mañana, la juez Lobo sepa “lo que debe hacer y la responsabilidad que tiene”.
Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 10 de marzo.
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