El documental Presunto culpable podrá seguir en las carteleras, pero la Secretaría de Gobernación (Segob) deberá garantizar que se protejan la imagen y los datos personales de Víctor Daniel Reyes Bravo, el testigo que impugnó la difusión de la cinta.
Así lo estableció la juez Décimo Segundo de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez, al negar la suspensión definitiva para exhibir la película, que narra la historia de José Antonio Zúñiga, procesado por un homicidio que no cometió.
El subsecretario de Normatividad de Medios de la Segob, Héctor Villarreal, indicó que acatarán la resolución de la juez Lobo Domínguez para que en la exhibición del documental Presunto culpable se “difumine” el rostro de Reyes Bravo, el testigo que impugnó la difusión de la cinta.
Pero el funcionario detalló que en el gobierno federal están en completo “desacuerdo” con la resolución, por lo que en el plazo que establece la ley impugnarán la resolución e irán contra las medidas cautelares determinadas.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Villarreal reveló que la dependencia fue notificada al mediodía de ayer y ya iniciaron el procedimiento para avisar al distribuidor sobre el fallo.
El subsecretario detalló que desde la percepción del gobierno federal “nosotros vemos unas medidas cautelares que prácticamente corresponden a una suspensión, es un sí disfrazado de no”. Al respecto, los productores manifestaron no poder dar alguna declaración, ya que analizaban las implicaciones de lo acordado por la juez.
En la resolución, Lobo Domínguez aclaró que la disposición no constituye un acto de censura, sino una medida para equilibrar el derecho a la información de la sociedad y el del promovente del amparo a resguardar su identidad.
La disposición de la juez establece que la instancia encargada de tomar las medidas necesarias para resguardar la identidad y los datos del testigo será la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC).
“(La dependencia) deberá girar inmediatamente, y verificar que se cumplan, las órdenes que se estimen indispensables y suficientes a fin de que durante la exhibición comercial que autorizó del documental Presunto culpable, se resguarde y camuflaje la identidad del quejoso, así como también para que se protejan sus datos, toda vez que esos derechos también se encuentran protegidos por la Constitución”, resolvió.
En el otro amparo relacionado con el caso, la juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa, Mónica Alejandra Soto Bueno, también negó la suspensión definitiva para exhibir la cinta a los familiares de la víctima del homicidio que se relata en ducho documental.
Así lo estableció la juez Décimo Segundo de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez, al negar la suspensión definitiva para exhibir la película, que narra la historia de José Antonio Zúñiga, procesado por un homicidio que no cometió.
El subsecretario de Normatividad de Medios de la Segob, Héctor Villarreal, indicó que acatarán la resolución de la juez Lobo Domínguez para que en la exhibición del documental Presunto culpable se “difumine” el rostro de Reyes Bravo, el testigo que impugnó la difusión de la cinta.
Pero el funcionario detalló que en el gobierno federal están en completo “desacuerdo” con la resolución, por lo que en el plazo que establece la ley impugnarán la resolución e irán contra las medidas cautelares determinadas.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Villarreal reveló que la dependencia fue notificada al mediodía de ayer y ya iniciaron el procedimiento para avisar al distribuidor sobre el fallo.
El subsecretario detalló que desde la percepción del gobierno federal “nosotros vemos unas medidas cautelares que prácticamente corresponden a una suspensión, es un sí disfrazado de no”. Al respecto, los productores manifestaron no poder dar alguna declaración, ya que analizaban las implicaciones de lo acordado por la juez.
En la resolución, Lobo Domínguez aclaró que la disposición no constituye un acto de censura, sino una medida para equilibrar el derecho a la información de la sociedad y el del promovente del amparo a resguardar su identidad.
La disposición de la juez establece que la instancia encargada de tomar las medidas necesarias para resguardar la identidad y los datos del testigo será la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC).
“(La dependencia) deberá girar inmediatamente, y verificar que se cumplan, las órdenes que se estimen indispensables y suficientes a fin de que durante la exhibición comercial que autorizó del documental Presunto culpable, se resguarde y camuflaje la identidad del quejoso, así como también para que se protejan sus datos, toda vez que esos derechos también se encuentran protegidos por la Constitución”, resolvió.
En el otro amparo relacionado con el caso, la juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa, Mónica Alejandra Soto Bueno, también negó la suspensión definitiva para exhibir la cinta a los familiares de la víctima del homicidio que se relata en ducho documental.
María de la Luz GOnzález y Horacio Jiménez, El Universal, 15 de marzo.
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