Aprueban diputados el presupuesto 2013 en los términos propuestos por Peña Nieto

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2013, con un monto de 3 billones 956 mil 361 millones 600 mil pesos.

Los legisladores determinaron sujetarse a la propuesta de déficit cero planteada por el Ejecutivo federal y aplicaron los cinco ejes de desarrollo que Enrique Peña Nieto ofreció impulsar durante el año próximo. Así, se destinarán 155 mil 209 millones de pesos para las funciones de justicia y seguridad nacional. A desarrollo social se aplicará un billón 158 mil 325 millones.

Para el ámbito educativo, el gasto programado será de 587 mil 370 millones de pesos, y a las funciones de desarrollo económico se destinarán 972 mil 155 millones. Las participaciones para los gobiernos locales sumarán un billón 290 mil 791 millones.

En total, la Comisión de Presupuesto de San Lázaro recibió 28 mil 74 peticiones de recursos federales para el ejercicio fiscal 2013, por un monto de 610 mil 443 millones de pesos.

También recibió 11 solicitudes de nueve entidades federativas que demandaban recursos por 92 mil 345 millones, mientras los municipios entregaron mil 888 proyectos mediante 164 solicitudes, por un monto de 41 mil 66 millones.

En el terreno de la política social, los diputados incluyeron un apartado de transparencia en la distribución de los apoyos dentro del programa de abasto de leche a cargo de Liconsa, con el propósito de establecer la obligación de hacer público el padrón respectivo de proveedores en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental.

En el cuerpo del dictamen también se contempla un programa de retiro voluntario entre los trabajadores del gobierno federal, y las plazas de los servidores públicos que se acojan a él se cancelarán.

En el artículo séptimo de dicho dictamen también se advierte que el presupuesto para el Instituto Mexicano del Seguro Social sumará 421 mil 565 millones de pesos. El gobierno federal aportará al instituto 64 mil 108 millones como aportaciones para los seguros; 127 mil 338 millones para cubrir las pensiones y 2 mil 891 millones para engrosar las reservas financieras del mismo.

También se incluye un monto por 4 mil 559 millones de pesos para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función de seguridad pública en sus demarcaciones territoriales o la ejerzan coordinadamente con los ayuntamientos, así como al Gobierno del Distrito Federal.

También se entregarán 2 mil 570 millones para subsidios a las entidades federativas que cuenten con programas en materias de equipamiento y reorganización de estructuras del mando policiaco, y para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.

En el terreno de la austeridad y de ajuste al gasto corriente se señala que las dependencias y entidades se sujetarán a las disposiciones de ahorro, ajuste del gasto, mejora y modernización de la gestión pública. Así, no se crearán plazas, salvo que los ramos y entidades cuenten expresamente con los recursos aprobados para tal fin en el presupuesto de egresos, y no se autorizará incremento salarial en términos reales para mandos medios y superiores ni para personal de enlace.

En el terreno de la comunicación social, la Secretaría de Gobernación supervisará la administración y distribución de los tiempos fiscales cubiertos por las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. La dependencia dará seguimiento al uso de dichos tiempos y estará facultada para reasignarlos cuando no hayan sido utilizados con oportunidad o se encuentren subutilizados.

También autorizará las estrategias y programas de comunicación social y registrará los gastos derivados de las partidas relativas a difusión de campañas de promoción y publicidad.

Así, el gasto de comunicación social aprobado en el presupuesto deberá destinarse en al menos 5 por ciento a la contratación de espacios en medios impresos conforme a las disposiciones aplicables.

Enrique Méndez y Roberto Garduño, La Jornada, 21 de diciembre.