Perfilan primeras acciones

El contenido del Pacto por México establece una serie de acciones que, de ponerse en marcha, minarán a los poderes fácticos del País.

Algunos de los puntos más destacables de la oferta del Gobierno peñista, respaldada por dirigentes partidistas, legisladores y gobernadores, son las de alentar la competencia en radio y televisión, eliminar los privilegios fiscales y crear una instancia que supervise la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación.

El pacto propone la licitación de más cadenas nacionales de televisión abierta, así como la obligación de los sistemas de cable de incluir de manera gratuita las señales abiertas, algo que actualmente no ocurre.

Asimismo, la televisión abierta tendrá la obligación de ofrecer de manera no discriminatoria y a precios competitivos sus señales a operadores de televisiones de paga imponiendo límites a la concentración de mercados.

Además se buscará la reordenación de la legislación del sector telecomunicaciones en una sola ley que contemple la adopción de medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos.

También se licitará la construcción y operación de una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo con 90MHz en la banda de 700MHz para aprovechar el espectro liberado por la Televisión Digital Terrestre.

El Pacto por México plantea realizar una reforma hacendaria eficiente y equitativa que sea palanca de desarrollo, que mejore y simplifique el cobro de los impuestos e incremente la base de contribuyentes que combatirá la elusión y la evasión fiscal.

"Buscará que se eliminen los privilegios fiscales, en particular, el régimen de consolidación fiscal, además de reducir el sector informal de la economía. y revisar el diseño y la ejecución de los impuestos directos e indirectos", indica la propuesta.

Para transparentar y racionalizar los recursos que el estado invierte en publicidad en los medios de comunicación, se creará una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información.

Reforma, 3 de diciembre.

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