El Acuerdo Comercial Antipiratería (ACTA, por su siglas en inglés), que negocia México con 37 países, enfrentó a representantes de las industrias de música, cine, video y editorial contra los del sector de tecnologías de la información e internet.
Durante una reunión en el Senado de la República, para analizar el acuerdo, integrantes de las industrias más afectadas por la piratería, como la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas (Amprofon), la American Chambers y la Sociedad de Autores y Compositores, recomendaron su firma porque, dijeron, defiende los derechos de autor.
Fernando Hernández, presidente de Amprofon, señaló que sólo en 2010 se bajaron ilegalmente de la red 5 mil 800 millones de canciones.
"Señores, ¿quieren dar cultura al pueblo?, páguenla, ¿el Gobierno la quiere dar gratuita?, que la pague; no podemos permitir que se utilice nuestro trabajo indiscriminadamente y que los ISP ganen miles y miles de millones de dólares gracias a nuestro trabajo", declaró Roberto Cantoral, presidente ejecutivo de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura.
El Acuerdo Comercial Antipiratería compromete a los países firmantes a tomar medidas relacionadas con el funcionamiento de las aduanas y obliga a los proveedores de servicios de internet a desconectar a sus usuarios por hacer descargas ilegales, entre otras acciones.
Los representantes de industrias tecnológicas, entre los que se contó a los de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información (Canieti), aseguraron que el Acuerdo frenará el desarrollo del País y generará altos costos a los consumidores.
Jonathan Garzón, presidente de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), anticipó que las medidas que plantea el ACTA en cuanto al uso de la red generaría a los proveedores del servicio (ISP) un costo de 2.5 billones de dólares en todo el mundo, el cual sería trasladado a los usuarios.
Para que no se aplique, propuso que México se reserve las secciones relevantes a la parte digital.
Jacobo Esquenazi, de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI), dijo que el Acuerdo pone un grillete al País para seguir avanzando en la penetración digital, frente a otros más desarrollados que lo firmarán.
Mario Fromow, gerente de estudios regulatorios de Telmex, consideró el texto del ACTA bastante ambiguo, lo cual permite interpretaciones que en extremo pueden validar iniciativas regresivas, como el desconectar a los usuarios infractores.
Al fijar la postura del Senado, Federico Doring, del PAN, afirmó que el Acuerdo dependerá de legislaciones que ni siquiera han sido puestas sobre la mesa.
Durante una reunión en el Senado de la República, para analizar el acuerdo, integrantes de las industrias más afectadas por la piratería, como la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas (Amprofon), la American Chambers y la Sociedad de Autores y Compositores, recomendaron su firma porque, dijeron, defiende los derechos de autor.
Fernando Hernández, presidente de Amprofon, señaló que sólo en 2010 se bajaron ilegalmente de la red 5 mil 800 millones de canciones.
"Señores, ¿quieren dar cultura al pueblo?, páguenla, ¿el Gobierno la quiere dar gratuita?, que la pague; no podemos permitir que se utilice nuestro trabajo indiscriminadamente y que los ISP ganen miles y miles de millones de dólares gracias a nuestro trabajo", declaró Roberto Cantoral, presidente ejecutivo de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura.
El Acuerdo Comercial Antipiratería compromete a los países firmantes a tomar medidas relacionadas con el funcionamiento de las aduanas y obliga a los proveedores de servicios de internet a desconectar a sus usuarios por hacer descargas ilegales, entre otras acciones.
Los representantes de industrias tecnológicas, entre los que se contó a los de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información (Canieti), aseguraron que el Acuerdo frenará el desarrollo del País y generará altos costos a los consumidores.
Jonathan Garzón, presidente de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), anticipó que las medidas que plantea el ACTA en cuanto al uso de la red generaría a los proveedores del servicio (ISP) un costo de 2.5 billones de dólares en todo el mundo, el cual sería trasladado a los usuarios.
Para que no se aplique, propuso que México se reserve las secciones relevantes a la parte digital.
Jacobo Esquenazi, de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI), dijo que el Acuerdo pone un grillete al País para seguir avanzando en la penetración digital, frente a otros más desarrollados que lo firmarán.
Mario Fromow, gerente de estudios regulatorios de Telmex, consideró el texto del ACTA bastante ambiguo, lo cual permite interpretaciones que en extremo pueden validar iniciativas regresivas, como el desconectar a los usuarios infractores.
Al fijar la postura del Senado, Federico Doring, del PAN, afirmó que el Acuerdo dependerá de legislaciones que ni siquiera han sido puestas sobre la mesa.
Dayna Meré, Reforma, 3 de marzo.
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